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Abogados en Madrid ✔ Barcelona ✔ Sevilla ✔ Valencia ✔ Murcia ✔ Canarias - Baleares ... QuieroAbogado - La Solución a cualquier problema legal. Abogados Expertos en Desahucios, Accidentes de Tráfico, Incapacidades, Divorcios, Herencias, Deudas, Despidos ... Despacho de Abogados

Abogado multidisciplinar en Bétera, municipio perteneciente al partido judicial de Llíria.

 

Nuestro Letrado colaborador en Bétera es especialista en las siguientes materias:

  

1 - DERECHO DE LA COMPETENCIA Y COMUNITARIO
2 - DERECHO LABORAL Y BENEFICIOS SOCIALES
3 - ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA
4 - MEDIO AMBIENTE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
5 - DERECHO FINANCIERO
6 - INDUSTRIAS
7 - SEGUROS
8 - PROPIEDAD INTELECTUAL
9 - LITIGIOS Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
10 - FUSIONES Y ADQUISICIONES, SOCIETARIO Y MERCANTIL
11 - DERECHO INMOBILIARIO
12 - REESTRUCTURACIÓN DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO E INSOLVENCIAS



Abogado Multidisciplinar de Abogados en Alcalá de Guadaira.

 

Nuestro despacho de Abogados colaborador en Alcalá de Guadaira está dirigido por D. Juan Ignacio Oñós Prados, Letrado ejerciente con más de 20 años de experiencia profesional en diversos campos jurídicos.

 

Las principales especializaciones del despacho son en materia Laboral, Mercantil, Civil y Penal.


Ofrecen un trato personalizado adaptándose a las necesidades de cada cliente.

 Sentencia estimatoria favorable a la demandante reconociendo prestaciones de incapacidad permanente en grado total para la profesión habitual. 

 Si no se visualiza el Documento pulsar aqui

 

 

Juan Bravo, subsecretario de Estado de Justicia, ha reconocido que hay un total de 393.108 expedientes de nacionalidad por residencia pendientes de resolución, indicando que espera que en el plazo de un año queden resueltos.


Las peticiones de nacionalidad llevan retrasos inasumibles que llegan a superar los tres años, situación que además de la connatural desesperación suponen innumerables perjuicios.

 

Para solucionar el problema se quiere implantar un sistema de digitalización de los expedientes que supondrá una agilización del proceso.

 

Al hilo de esta información os recordamos que es posible la consulta telemática del estado de tramitación de la solicitud presentada ante la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, a través del siguiente enlace.

 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326299080/Detalle.html

 

Para obtener información sobre los requisitos y trámites precisos para obtener la nacionalidad española, pulsar aquí.

Despacho de Abogados en Alcázar de San Juan, Tomelloso y comarca, perteneciente a los Partidos Judiciales de Alcázar de San Juan y Tomelloso (Ciudad Real).


Los abogados de Calcerrada Bufete Jurídico solucionan rápidamente los problemas tanto de particulares como de empresas con un asesoramiento jurídico personalizado en Alcázar de San Juan para toda la comarca: Herencia, Campo de Criptana, Tomelloso, Pedro Muñoz, etc.  

 

La asistencia jurídica de este despacho de abogados se centra en ayudar a cada cliente a buscar la mejor solución para sus problemas e intereses en todas las ramas del Derecho: Penal, Civil, Empresarial, Familiar, Extranjería, Mercantil, Laboral, etc.


Ismael Gómez-Calcerrada Moreno-Manzanaro ha sido letrado para Microsoft y SAGE durante dos años además de tener experiencia asesoría de empresas, formando parte del Turno de Oficio Penal, Civil, de Menores y Violencia de Género.


Especializado en las siguientes materias:  

- Derecho Laboral

  • Despidos
  • Reclamaciones de Derechos y Cantidad
  • Procesos de Incapacidad

- Asesoramiento a Empresas

- Derecho Mercantil

- Derecho de Extranjería


   
- Derecho Civil General
  • Desahucios
  • Contratos de Arrendamientos
  • Propiedad Horizontal
  • Derecho de Familia
- Derecho Penal
  • Acusaciones y Defensas Penales
  • Accidentes de Tráfico
  • Violencia de Género
  • Negligencias

Atención inmediata y personalizada pedir cita llamndo al 926.570.908 o en caso de Urgencia fuera de horario de oficina al 625.485.254


¿Quién es?

Ana Marco Urquijo es licenciada en derecho por la Universidad de Navarra

¿Qué Experiencia tiene?

Ejerce como procuradora desde el año 1995 en el partido judicial de Pamplona. 

¿Cómo contactar?

Teléfono Fijo 948244436

Teléfono móvil 607515158

Recientemente hemos añadido un artículo dentro de nuestras guías legales, en concreto en el epígrafe “Incapacidad por Fibromialgia y SFC” en el que recogemos unas nociones básicas sobre la enfermedad denominada SFC – Síndrome de Fatiga Crónica – Encefalomielitis Mialgica.


El conocimiento de las manifestaciones de la enfermedad es fundamental para poder defender con posibilidades de éxito los procesos de Incapacidad Permanente que se plantean ante los tribunales tras haberse obtenido una respuesta negativa a dicha solicitud por parte del INSS.


A continuación extractamos parte de lo contenido en dicho artículo

 

El SFC es una enfermedad grave y compleja muy debilitante caracterizada por fatiga intensa, física y mental. Uno de los síntomas mas significativos es que dicha fatiga no remite tras el reposo y empeora sustancialmente con actividad física o mental. Otro síntoma y en este caso demoledor para el paciente, es la reducción de la actividad cotidiana hasta, en determinados casos muy graves, del 90%.

 

El impacto en la vida del paciente es tremendo ya que el SFC acarrea un alto grado de aislamiento e incomprensión por parte del entorno social que le rodea, ya sea familiar, laboral e incluso sanitario.

 

El SFC se acompaña de una gran sintomatología que le convierten en una enfermedad multisistemica y discapacitante debido a los numerosos trastornos de carácter inmunológico, neurológico, neuromuscular y endocrino que conlleva.

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha codificado esta enfermedad en el “Manual de Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades” en su 10ª revisión, conocida como CIE 10. El SFC se encuentra clasificado en el capítulo de Enfermedades del Sistema Nervioso Central con el código G933, bajo el epígrafe Síndrome de Fatiga Crónica Post viral.

 

Todavía hoy se desconoce la causa del SFC. La mayoría de los estudiosos en esta materia creen que infecciones, sobre todo la producida por determinados virus, la respuesta autoinmune y los agentes tóxicos que nos rodean y que consumimos pueden ser desencadenantes de esta enfermedad, incluso en dosis consideradas “seguras” para la mayoría de la población.

 

Hipótesis recientes apuntan a una coexistencia de diversos factores como los predisponentes (genéticos, sedentarismo prolongado tras mononucleosis o durante la infancia), desencadenantes (estrés físico o psíquico, infecciones virales, exposición a sustancias químicas), y perpetuantes que contribuyen a que se cronifique.

 

Inicialmente se pensó que el virus EBV (Epstein Barr) era el causante del SFC pero después se ha demostrado que no tiene un mayor índice de participación que otras posibilidades. En la actualidad se cree que el papel que juega el virus de EBV es que puede favorecer la entrada de otros virus.

 

La investigación en el campo de SFC ha avanzado enormemente y ha permitido descubrir que hay alteraciones inmunológicas, neuroendocrinas, neurovegetativas y neurocognitivas producidas por falta de factores de activación en determinadas poblaciones linfocitarias que producen una actividad reducida, o incluso nula, frente a determinados agentes tóxicos o virus que acaban desencadenando dichas alteraciones.

  

SINTOMATOLOGIA

  

-          Fatiga extrema, tanto física como mental. Se presenta de forma novedosa en el organismo y persiste, lo cual hace que el enfermo tenga que reducir en un porcentaje muy elevado su nivel de actividad. Dicha fatiga repunta considerablemente después de un esfuerzo, tanto físico como cognitivo, pudiendo perdurar este malestar hasta 24 h. o más.

 

-          Alteraciones del sueño, que se reflejan en la dificultad de conciliarlo pero sobre todo en lo poco reparador que resulta. El enfermo puede despertarse mucho mas cansado de lo que se acuesta.

 

-          Dolor generalizado, que se hace especialmente intenso en músculos y articulaciones.

  

-          Alteraciones inmunológicas, como estados gripales recurrentes con malestar general, inflamación de ganglios con su considerable grado de dolor, faringitis. Suele presentarse también una febrícula persistente que no supera los 38,3º junto con alergias e intolerancias alimenticias e hipersensibilidad a medicamentos.

 

-          Alteraciones neurovegetativas, como colon irritable, aumento en la frecuencia urinaria y trastornos respiratorios.

 

-          Alteraciones neurocognitivas, como falta de concentración y de atención, fallos en la memoria a corto plazo así como dificultad en el procesamientos de la información o de recuperación de detalles, palabras (no encontrarlas) u objetos (no nombrarlos). En este mismo epígrafe incluimos trastornos como inestabilidad motora, desorientación o fenómenos como fotofobia, hipersensibilidad a ruidos e incluso emociones que pueden conducir al enfermo a periodos de ansiedad y de angustia.

 

-          Alteraciones neuroendocrinas, como falta o exceso de apetito con su consiguiente aumento o pérdida de peso, intolerancia al estrés que produce un significativo empeoramiento de los síntomas.

  

Además de toda esta sintomatología descrita, un enfermo de SFC puede presentar otras manifestaciones sintomáticas entre los que cabe resaltar:

 

-          Intolerancia a los olores, alcohol….

 

-          Sequedad en boca, ojos y en la mucosa en general

 

-          Rigidez corporal matutina

 

-          Sensibilidad dérmica, sensación de hormigueo y acorchamiento

 

-          Sudoraciones nocturnas que se alternan con escalofríos

 

-          Depresión, ansiedad e irritabilidad

 

Gracias a estudios e investigaciones realizadas en el campo del SFC cabe concluir que el origen de esta enfermedad es orgánico y no psiquiátrico.

  

FACTORES AGRAVANTES

  

El SFC llega a ser tan desconcertante que su sintomatología y su intensidad varían de forma considerable de un enfermo a otro. Dicha intensidad puede verse influenciada por diferentes factores:

 

-          Infecciones virales

 

-          Sobre esfuerzo físico y mental, de modo que el individuo deberá aprender a conocer sus límites para adaptarse a ellos y no sobrepasarlos

 

-          Actividad muscular o mental prolongada

 

-          Inactividad corporal, que contribuye a la atrofia muscular

 

-          Sobre exposición sensorial a olores, ruidos, imágenes, luz…

 

-          Sobrecarga de información

 

-          Cambio en la rutina del sueño

 

-          Exposición al frio o al calor intensos

 

-          Estrés, depresión y ansiedad

 

-          Conducir demasiado

 

-          Viajes en avión ( Jet lag, aire enrarecido cargado de virus, vibraciones, estimulación del nervio vestibular )

 

-          Sobre exposición a químicos o consumo de ciertas sustancias como glutamato, cafeína y aspartamo.

 Se adjunta una  comparativa de la reforma laboral del 2012 introducida por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Si no visualiza el documento pulse aqui.

  

 

 

 

Nuevo Letrado Colaborador desde Herencia (Alcázar de San Juan), Ismael Gómez-Calcerrada Moreno-Manzano. 


  • Nuestro compañero, tiene abierto Despacho en Herencia, en la Calle Caleros nº 15, sita en el Polígono Industrial.

 

  • Para contactar podéis llamar a los siguientes teléfonos 926.570.909 y 625.485.254 



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Cuestiones prácticas derivadas de la Aplicación del Derecho de Sucesiones. Especial referencia a la división de patrimonios y partición hereditaria.

 

En no pocas ocasiones nos volvemos locos buscando un determinado criterio interpretativo o aplicativo de una norma. Pasamos buceando horas entre diferentes pronunciamientos, a veces sin dar con la vía segura.

 

Doy por hecho que la mayoría sabéis que la Escuela Judicial, publica las conclusiones de los Seminarios organizados para analizar o debatir cuestiones jurídicas.

 

En esta ocasión os adjunto las conclusiones del celebrado en Madrid los días 2,3,y 4 de maro de 2011, relativo a la aplicación del Derecho Sucesorio, que al que suscribe la ha supuesto ahorrar ya un buen tiempo.

 

Los concretos puntos sobre los que giró el debate fueron:

 

INTRODUCCIÓN


I Jurisdicción y Competencia.


II ¿Quién puede instar la partición judicial?.


III Personas no legitimadas.


IV Personas silenciadas por L.E.Civil.


V Posición jurídica de los Acreedores.


VI Herencia Yacente y cierta doctrina Dirección General de Registros y Notariado.


VII De la acumulación de procesos singulares a procesos universales Art. 98.2 L.E.Civil.


VIII Incidencia de la liquidación del Régimen Económico-Matrimonial.


IX Acción de división de herencia y acción de división de cosa común.


X Partición de Herencia innecesaria.



PROCEDIMIENTO


I Admisión a trámite de la solicitud.


II ¿Formación de inventario o convocatoria de Junta para designar Contador-partidor?.


III Convocatoria a Junta para designar Contador-partidor y Peritos.


IV Avalúo.


V Aprobación/Impugnación operaciones divisorias.


VI Impugnación de la Partición Judicial.


VII Intervención Judicial del Caudal Hereditario. Formación de inventario. Nombramiento de Administrador.


VIII Cesación de la intervención judicial de la herencia.

 

Acceso al texto íntegro de la Conclusiones del Seminario sobre Derecho Sucesorio:

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Crónica de la Jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo correspondiente al año judicial 2010 - 2011.

 

Índice de los pronunciamientos de la SALA CUARTA


Introducción


I. DERECHO DEL TRABAJO.


1. ANTIGÜEDAD.

1.1. Antigüedad-Trienios. Relación laboral especial de residentes: RD 1146/06.
1.2. Acceso a Bolsa de Empleo tras despido indemnizado.

 

2. CESIÓN ILEGAL.


3. CONTRATOS TEMPORALES

3.1. Regla de conversión de contratos temporales en indefinidos
3.2. Contratos por obra o servicio determinado
3.3 Contrato de interinidad (por sustitución y por vacante)
3.4. Contrato por acumulación de tareas

 

4. CONVENIOS COLECTIVOS Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

4.1. Ámbito de aplicación.
4.2. Convenios Extraestatutarios.
4.3. Comisión negociadora: composición.
4.4. Extinción de acuerdo laboral “por mutuo disenso”.
4.5. Sucesión de convenios y sucesión de empresas. Convenio de aplicación.

 

5. DESPIDO.

5.1. Despido y lesión del derecho a la integridad física
5.2. Despido disciplinario. Uso incorrecto de ordenado
5.3. Despido objetivo
5.3.1. Requisitos formales
5.3.2. Causas técnicas, organizativas y de producción
5.3.3. Absentismo laboral

 

6. DIMISIÓN DEL TRABAJADOR.

 

7. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO.

 

8. ELECCIONES SINDICALES: PREAVISO ELECTORAL.

 

9. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.

9.1. Extinción del contrato de trabajadora embarazada durante el periodo de prueba
9.2. Extinción del contrato por voluntad del trabajador.

 

10. EXCEDENCIA VOLUNTARIA

 

11. HUELGA: PREAVISO.

 

12. IMPUGNACIÓN DE CONVENIO COLECTIVO.

12.1. Vulneración del derecho al trabajo, del derecho a la intimidad y de la concurrencia entre convenios.
12.2. Normas de derecho necesario relativo: Art 37.3 ET

 

13. JUBILACIÓN FORZOSA.

 

14. LIBERTAD SINDICAL.

14.1. Derecho a la negociación.
14.2. Contenido adicional: Derecho al nombramiento de delegado sindical.
14.2.1. Contenido del local a utilizar por los representantes de los trabajadores
14.2.2. Constitución de secciones sindicales en grupo de empresas.
14.2.3. Derecho a la información.
14.3. Derecho de reunión

 

15. MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO.

15.1. Variación de jornada y horario de trabajo.
15.2. Pagas extras de julio y navidad: Modificación unilateral por la empleadora de los periodos de devengo

 

16. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES PARA LA RECLAMACIÓN DE CANTIDADES.

16.1. Reclamación por cantidad no retenida por IRPF por indemnización.
16.2. Reclamación de daños y perjuicios por la empleadora.

 

17. RECLAMACIÓN AL FOGASA.

 

18. RELACIONES ESPECIALES: ACTORES DE DOBLAJE.

 

19. SALARIO.

19.1. Compensación y absorción
19.2. Días de descanso no disfrutados: Forma de retribución.
19.3. Paga de beneficios en el convenio colectivo de la banca privada.

 

20. SUBROGACIÓN EMPRESARIAL.

 

II .SEGURIDAD SOCIAL

 

1. JUBILACIÓN

1.1. Normativa aplicable
1.2. Cálculo de la pensión: determinación de la base reguladora
1.3. Mejoras convencionales
1.4. Responsabilidad de pago: defectuoso encuadramiento
1.5. Jubilación en el RETA
1.6. Jubilación anticipada
1.7. Jubilación parcial
1.7.1. Personal laboral al servicio de la Administración General del Estado
1.7.2. Personal estatutario
1.7.3. Responsabilidad empresarial de pago de la prestación
1.7.4. Cálculo de la base reguladora

 

2. INCAPACIDAD

2.1. Incapacidad temporal
2.1.1. Determinación de la contingencia
2.1.2. Pago de la prestación: responsabilidad
2.1.3. Mejora convencional
2.2. Incapacidad permanente
2.2.1. Compatibilidad de penesiones en RGSS y RETA
2.2.2. Cálculo de la prestación
2.2.3. Grado de incapacidad
2.2.4. Incapacidad permanente total: no percepción de salarios hasta recolocación
2.2.5. Mejora voluntaria: plazo de prescripción
2.2.6. Indemnización: deportistas profesionales
2.2.7. RETA

 

3. REINTEGRO

3.1. Prestaciones
3.2. Gastos médicos

 

4. DESEMPLEO

4.1. Fijos discontinuos
4.2. Trabajadores a tiempo parcial
4.3. Modalidad de “pago único”
4.4. Subsidio por desempleo
4.5. Devolución de la prestación indebidamente percibida
4.6. Incompatibilidad con prestación por IPT

 

5. MATERNIDAD

5.1. Revisión de la base reguladora
5.2. Adopción de hija biológica de pareja de hecho

 

6. RIESGO DURANTE LA LACTANCIA

 

7. VIUDEDAD

7.1. Parejas de hecho: acreditación
7.2. Separación o divorcio: reconocimiento del derecho

 

8. ACCIDENTE DE TRABAJO

8.1. Determinación de la contingencia
8.2. Indemnización: aplicación del Baremo para accidentes de circulación
8.3. Responsabilidad

 

9. RECARGO DE PRESTACIONES

 

10. PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS

10.1. Incompatibilidad entre pensión de invalidez y por hijo a cargo
10.2. Manutención de presos

 

11. PENSIÓN EXTRAORDINARIA A VÍCTIMAS DE TERRORISMO.

 

III. DERECHO PROCESAL LABORAL.

 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA:

1.1. Incompetencia en relación con materias que afectan al orden contenciosoadministrativo;
1.2. Excepcional competencia en materia de despido en el marco de un ERE;
1.3. Competencia en materia relacionada con cuestiones fiscales;
1.4. Recurribilidad en casación de un auto de la Audiencia Nacional;
1.5. Demanda presentada ante el orden social tras la declaración de incompetencia del contencioso Administrativo.

 

2. CUESTIONES COMUNES DEL PROCESO:

2.1. Comunicación de que se acude asistido de Letrado;
2.2. No procede la imposición de costas al sindicato que demanda en defensa de los intereses de los trabajadores;
2.3. Excepciones. Caducidad en sanción por falta muy grave;
2.4. Prescripción de acciones empresariales.

 

3. MODALIDADES PROCESALES:

3.1. Proceso ordinario vs proceso de despido;
3.2. Proceso de conflicto colectivo;
3.3. Impugnación de convenios;
3.4. Proceso especial en materia de conciliación de vida familiar. Citación de personas jurídicas.
3.5. Proceso de tutela de derechos fundamentales

 

4. EJECUCIÓN DE SENTENCIAS:

4.1. Litispendencia;
4.2. Interpretación de la exigencia de condena para la ejecución;
4.3. Intereses en ejecución de sentencia.

 

5. RECURSO DE SUPLICACIÓN:

5.1. Competencia funcional;
5.2. Afectación general;
5.3. Interposición del recurso de suplicación fuera de plazo;
5.4. Insubsanabilidad de la falta total de consignación de la condena;
5.5. Límites a la revisión del relato fáctico en suplicación.

 

6. RECURSO DE CASACIÓN PARA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA:

6.1. Personación fuera de plazo;
6.2. Falta de contenido casacional de ciertas pretensiones;
6.3. Contradicción;
6.4. Idoneidad de las sentencia a efectos de casación unificadora;
6.5. Transacción durante la tramitación del recurso.

 

7. RECURSO DE REVISIÓN:

7.1. Legitimación para la interposición de la demanda de revisión;
7.2. Maquinación fraudulenta;
7.3. Vinculación de sentencias penales.

 

Acceso al texto íntegro original de la Crónica de la Jurisprudencia de la Sala Cuarta:

 

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PROCEDIMIENTO REAL DE JUICIO RÁPIDO POR VIOLENCIA DE GÉNERO O DOMÉSTICA ANTE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE ALCALÁ DE HENARES.


Os acompañamos un Caso Real en el que se producen malos tratos físicos en el ámbito familiar, fomulando denuncia la víctima, solicitando Orden de Protección.


El denunciado es detenido por los agentes actuantes y pasado a disposición judicial como supuesto autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar contra la persona que  era su esposa, concurriendo la agravante de reincincia por haber sido condenado anteriormente por los mimos hechos.


Este asunto ha sido dirigido por el Letrado Don Vicente Javier Saiz Marco. 


1) Atestado Policial instruido por un supuesto Delito de malos tratos físicos en el ámbito familiar.

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2) Auto Orden de Protección.

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3) Acta guiada Juicio  Rápido.

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4) Escrito acusación fiscal.

 

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5) Sentencia con la Conformidad del Acusado, reducciendo en un tercio la pena solicitada por el Ministerio Fiscal. 

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Se muestra una reciente sentencia que estima la solicitud de prestaciones por incapacidad permanente absoluta de una trabajadora que prestaba sus servicios para una importante compañia de seguros al estar afectada por una sintomatologia que le impedia la realización de  cualquier actividad laboral por los constantes síncopes de caracter repetitivo que sufre. 

 

 

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Por Auto de 28 de marzo de 2012 el Tribunal Supremo otorga la competencia para proceder a la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil a los Juzgados de Instrucción del partido judicial en el que se sospeche se encuentran sus restos.

 

La Sala de lo penal del Tribunal Supremo, ha resuelto, a instancia del Juzgado Central de Instrucción nº 5, que sean los Juzgados de Instrucción los que se encarguen de localizar e identificar los restos mortales de personas desaparecidas surante la Guerra civil española y postguerra.

 

Se considera que aun siendo imposible enjuiciar los hechos “Resulta inobjetable que los restos de quienes han sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares propios de enterramiento”.

 

Los Juzgados de Instrucción deben continuar con la tramitación de los procedimientos abiertos para encortrár los restos, dando con ello respuesta a los familiares que denunciaron los hechos pues el artículo 14.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal faculta a la práctica de las diligencias precisas para datar aquellas acciones criminales y proceder a la identificación de los afectados para proceder consecuentemente en derecho.

 

Texto íntegro del auto de 28 de maro de 2012 dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo:

 

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Nuevo Letrado Colaborador Madrid Capital, Pedro Tabárez López. Abogado Multidisciplinar en Madrid.


  • Nuestro compañero, tiene abierto Despacho en Madrid, en la Calle Embajadores 206, Duplicado 1º B.

 

  • Para contactar podéis llamar a los siguientes teléfonos 91.530.96.98 y 670.266.023 



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La Sentencia nº 136/2012, de 6 de marzo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, considera que es aplicable la Circunstancia Agravante de Parentesco del artículo 23 del Código Penal tanto a parejas homosexuales como heterosexuales cuando se trate de relaciones estables.


La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia dispone la plena aplicabilidad de la agravante de parentesco regulada en el artículo 23 del Código Penal al condenado por el homicidio de su pareja del mismo sexo, elevando con ello la pena de 10 a 13 años de prisión.


Se alcanza esta conclusión al ser una relación estable sin que quepa por tanto hacer distinciones por la orientación sexual.


El tenor literal de esta circunstancia mixta, recogida en el Capítulo V, del Título I, del Libro I, del Código Penal es:

 

De la circunstancia mixta de parentesco


Artículo 23.

Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.

 

El Código Civil tras la Ley 13/2005, permite el matrimonio entre personas del mismo sexo por lo que el Alto Tribunal no entiende que pueda persistir un trato desigual cuando se cumplen los requisitos de estabilidad que reclama el citado precepto.


Con esta importante resolución se echa el cerrojo a posturas como la mantenida por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, órgano emiso de la sentencia casada. 


Texto íntegro de la Sentencia 136/2012, de 6 de marzo:  

 

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PROCEDIMIENTO REAL DE DESAHUCIO TRAMITANDO ANTE JUZGADO DE TORREJÓN DE ARDOZ TRAS LA REFORMA EFECTUADA POR LA LEY 37/2011.


Os acompañamos un Caso Real en el que la Inquilina no se opuso a la demanda en el plazo de 10 días que le fue concedido lo que ha supuesto que se finalice el proceso sin necesidad de celebrar juicio, símplemente con un Decreto de la Sra. Secretaria Judicial, cuya ejecución ya ha sido materializada con el oportuno lanzamiento.


La duración total del proceso de desahucio ha sido de 4 meses y 10 días.


Este asunto ha sido dirigido por el Letrado Experto en Desahucios José Valero Alarcón.


La documentación del desahucio por falta de pago es la siguiente:

 

1) Demanda de Desahucio presentada ante los Juzgados de Torrejón de Ardoz el 17 de Noviembre.

El modelo base es el formulario de demanda de desahucio actualizada existente en esta web.

 

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2) Decreto admitiendo a trámite la demanda de desahucio.

 

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3) Citación y Requerimiento a la Demandada. 

 

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4) Decreto de la Sra. Secretaria Judicial dando por finalizado el proceso de desahucio al no haber existido oposición por la inquilina en el plazo de 10 días concedido.

 

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5) Solicitud de ejecución del Decreto del Secretario Judicial para que se materialice el Lanzamiento:


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6) Decreto por el que se acuerda dar efectividad al Lanzamiento en la fecha acordada en la admisión de la demanda:

 

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7) Acta del Lanzamiento, la casa se encontraba desocupada:

 

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Más información sobre desahucios >>>

Ana María Gallego Puertas, Abogada Multidisciplinar en Granollers para a formar parte de QuieroAbogado.es. Gracias Ana.


  • Nuestra compañera, tiene abierto Despacho en Granollers, en la Calle Anselm Clavé, nº 38, 2º, Despacho 9.

 

  • Para contactar podéis llamar a los siguientes teléfonos 935.106.192.065 y 679.616.136. 



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Abogada Multidisciplinar en Granollers, ejercinte desde 2003. 

 

Su Despacho de Abogados en Granollers se caracteriza por el trato personalizado y directo con cliente, ofreciéndole asesoramiento integral, dando respuesta ágil especialmente en las siguientes materias: 

- Derecho de Familia

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La huelga general se ha convocado para la jornada del día 29 de marzo del 2012. ¿Cuáles son los derechos y deberes de los trabajadores y empresarios?


Como consecuencia de los posibles efectos que puede tener este día en trabajadores y empleadores, se dan unas breves nociones en este blog, con una finalidad meramente informativa:

 

¿Qué es la huelga laboral?

Es la suspensión temporal de la relación laboral como medida reivindicativa  con la finalidad de  conseguir algún  objetivo.


Históricamente ha sido considerada la huelga como un ilícito, como un hecho punible y como un derecho.


En la actualidad la huelga es un derecho fundamental que expresamente se recoge en la Constitución Española en su art, 28.2.:

Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.”


En el Estatuto de los trabajadores, se reconoce en su art. 4, relativo a los Derechos laborales:

1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de:

Trabajo y libre elección de profesión u oficio.

Libre sindicación.

Negociación colectiva.

Adopción de medidas de conflicto colectivo.

Huelga.

Reunión.

Información, consulta y participación en la empresa.

Al ser considerado un derecho fundamental, el legislador puede regular por ley el ejercicio del derecho de huelga. Parte de su regulación fundamental se realiza mediante el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo.

 

¿Que obligaciones y derechos tiene el trabajador?

Derecho a la huelga. 

Derecho a ser respetado si no desea secundar la huelga.

Derecho a ser reintegrado en su puesto de trabajo una vez concluido el paro convocado.

Posibilidad de informar libremente sobre los motivos y objetivos de la huelga, sin coaccionar a otros trabajadores.

Imposibilidad de acceder al centro de trabajo si se ejerce el derecho a huelga , salvo que  se pertenezca al comité de huelga en el ejercicio de sus derechos y funciones.

 

¿Que obligaciones y derechos tiene el empleador?

Obligación de respetar la libre voluntad de ejercicio del derecho de huelga por los trabajadores.


Imposibilidad de ejercitar su poder sancionador como consecuencia del ejercicio del derecho de huelga aunque si por incumplimientos laborales.


No se puede sustituir a los trabajadores que acudan a una huelga convocada legalmente en tiempo y forma por otros trabajadores no vinculados con la empresa salvo que existan incumplimientos en los servicios de seguridad y mantenimiento. Pudiendo llegar a ser sancionado por incumplimiento.


Posibilidad de designar trabajadores junto con el comité de huelga, que deben efectuar el cumplimiento de los servicios necesarios para la seguridad y mantenimiento de bienes y personas con la finalidad de poder reanudar la actividad laboral cuando se cumpla el paro convocado.


Potestad para no remunerar el salario en los términos legalmente establecidos, si se suspende la actividad laboral y respecto de las jornadas concretas de huelga.


Comunicación a la Tesorería general de la Seguridad Social.


Potestad para comunicar el cierre patronal.

 

¿Que efectos pueden derivarse de la huelga desde un punto de vista de la relación laboral?

El contrato se encuentra en suspensión durante el periodo que dure la huelga sin obligación de prestar servicios por parte del trabajador ni de remunerar los mismos por parte del empleador (aunque el empleador decide si realiza o no los descuentos salariales de las jornadas no trabajadas).


Si el empleador procede al descuento salarial, no podrá excederse de los días reales de huelga, , descontando la parte proporcional del salario  que corresponda, de las pagas extraordinarias y de los descansos semanales que procedan.


No se puede extinguir la relación laboral por este motivo.


No se puede sancionar al trabajador como consecuencia de la huelga, salvo que exista algún tipo de incumplimiento laboral que provoque la posible sanción laboral.


(pueden motivar una sanción, las acciones del trabajador huelguista que tiendan a no respetar el derecho de los trabajadores que quieran trabajar, la negativa a realizar los servicios mínimos encomendados o los servicios de mantenimiento...).


Respecto a las cotizaciones a la Seguridad Social, se produce una situación de alta especial, por la que se suspende la obligación de cotizar, tanto para el empresario como para el trabajador, debiendo  la empresa comunicar esta circunstancia a la Tesorería General de la Seguridad Social.


El derecho al subsidio por incapacidad temporal o el derecho  a la prestación por desempleo no nacen durante las situaciones de huelga o cierre patronal.


No existe una obligación legal de  preaviso al empleador sobre la intención de secundar o no el paro,  no obstante, en muchas empresas pueden existir consultas al respecto para  proceder a organizar mejor la actividad y servicios de la empresa.


Este comentario  únicamente pretende dar una visión general y básica de los derechos y obligaciones existentes con motivo de la huelga general convocada.

 

Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.

TÍTULO PRIMERO. El derecho de huelga

CAPÍTULO PRIMERO. La huelga

 

Artículo uno.

El derecho de huelga, en el ámbito de las relaciones laborales, podrá ejercerse en los términos previstos en este Real Decreto-ley.

 

Artículo dos.

Son nulos los pactos establecidos en contratos individuales de trabajo que contengan la renuncia o cualquier otra restricción al derecho de huelga.

 

Artículo tres.

Uno. La declaración de huelga, cualquiera que sea su ámbito, exige, en todo caso, la adopción de acuerdo expreso, en tal sentido, en cada centro de trabajo.

Dos. Están facultados para acordar la declaración de huelga:

a) Los trabajadores, a través de sus representantes. El acuerdo será adoptado, en reunión conjunta de dichos representantes, por decisión mayoritaria de los mismos. De la reunión, a la que habrán de asistir al menos el setenta y cinco por ciento de los representantes, se levantará acta, que deberán firmar los asistentes.

b) Directamente los propios trabajadores del centro de trabajo, afectados por el conflicto, cuando el veinticinco por ciento de la plantilla decida se someta a votación dicho acuerdo. La votación habrá de ser secreta y se decidirá por mayoría simple. El resultado de ésta se hará constar en acta.

Tres. El acuerdo de declaración de huelga habrá de ser comunicado al empresario o empresarios afectados y a la autoridad laboral por los representantes de los trabajadores.

La comunicación de huelga deberá hacerse por escrito y notificada con cinco días naturales de antelación, al menos, a su fecha de iniciación. Cuando el acuerdo de declaración de huelga lo adopten directamente los trabajadores mediante votación, el plazo de preaviso comenzará a contarse desde que los representantes de los trabajadores comuniquen al empresario la celebración de la misma. La comunicación de huelga habrá de contener los objetivos de ésta, gestiones realizadas para resolver las diferencias, fecha de su inicio y composición del comité de huelga.

 

Artículo cuatro.

Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de diez días naturales. Los representantes de los trabajadores deberán dar a la huelga, antes de su iniciación, la publicidad necesaria para que sea conocida por los usuarios del servicio.

 

Artículo cinco.

Sólo podrán ser elegidos miembros del comité de huelga trabajadores del propio centro de trabajo afectados por el conflicto.

La composición del comité de huelga no podrá exceder de doce personas.

Corresponde al comité de huelga participar en cuantas actuaciones sindicales, administrativas o judiciales se realicen para la solución del conflicto.

 

Artículo seis.

Uno. El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, ni puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral.

Dos. Durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario.

Tres. El trabajador en huelga permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador. El trabajador en huelga no tendrá derecho a la prestación por desempleo, ni a la económica por incapacidad laboral transitoria.

Cuatro. Se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quisieran sumarse a la huelga.

Cinco. En tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número siete de este artículo.

Seis. Los trabajadores en huelga podrán efectuar publicidad de la misma, en forma pacífica, y llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna.

Siete. El Comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios.

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado del apartado 7 por apartado 2.c) de la Sentencia del TC 11/1981, de 8 de abril.

 

Artículo siete.

Uno. El ejercicio del derecho de huelga habrá de realizarse, precisamente, mediante la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin ocupación por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias.

Dos. Las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que presten servicios en sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, las de celo o reglamento y, en general, cualquier forma de alteración colectiva en el régimen de trabajo distinta a la huelga, se considerarán actos ilícitos o abusivos.

 

Artículo ocho.

Uno. Los Convenios Colectivos podrán establecer normas complementarias relacionadas con los procedimientos de solución de los conflictos que den origen a la huelga, así como la renuncia, durante su vigencia, al ejercicio de tal derecho.

Dos. Desde el momento del preaviso y durante la huelga, el Comité de huelga y el empresario, y en su caso los representantes designados por los distintos Comités de huelga y por los empresarios afectados, deberán negociar para llegar a un acuerdo, sin perjuicio de que en cualquier momento los trabajadores puedan dar por terminada aquélla. El pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo.

 

Artículo nueve.

La Inspección de Trabajo podrá ejercer su función de mediación desde que se comunique la huelga hasta la solución del conflicto.

 

Artículo diez.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio. El incumplimiento de este acuerdo podrá dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 15 y 16.

Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas.

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo destacado por apartado 2.d) de la Sentencia del TC 11/1981, de 8 de abril.


Artículo once.

La huelga es ilegal:

a) Cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.

b) Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes la promuevan o sostengan.

c) Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo o lo establecido por laudo.

d) Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley, o lo expresamente pactado en Convenio Colectivo para la solución de conflictos.

Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado del apartado b) por apartado 2.f) de la Sentencia del TC 11/1981, de 8 de abril.

 

     CAPÍTULO II Cierre patronal

 

Artículo doce.

Uno. Los empresarios sólo podrán proceder al cierre del centro de trabajo en caso de huelga o cualesquiera otra modalidad de irregularidad colectiva en el régimen de trabajo, cuando concurra alguna de las circunstancias que siguen:

a) Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las cosas.

b) Ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o peligro cierto de que ésta se produzca.

c) Que el volumen de la inasistencia o irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso normal de producción.

Dos. El cierre patronal, efectuado dentro de los términos establecidos en el presente Real Decreto-ley, producirá respecto al personal afectado los efectos previstos en los párrafos uno, dos y tres del artículo seis del mismo.

 

Artículo trece.

Uno. El empresario que al amparo de lo prevenido en el artículo anterior procediera al cierre del centro de trabajo, deberá ponerlo en conocimiento de la Autoridad laboral en el término de doce horas.

Dos. El cierre de los centros de trabajo se limitará al tiempo indispensable para asegurar la reanudación de la actividad de la empresa, o para la remoción de las causas que lo motivaron.

 

Artículo catorce.

El empresario que hubiera acordado el cierre del centro de trabajo al amparo de lo prevenido en el artículo doce y que no lo hubiera reabierto a iniciativa propia o a instancia de los trabajadores, deberá hacerlo, dando opción a su personal a reintegrarse a la actividad laboral, cuando fuera requerido a tales fines por la Autoridad laboral, en el plazo que establezca el propio requerimiento, incurriendo en caso contrario en las sanciones previstas en el artículo quince.

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 Análisis por D. Bartolomé Vidal Pons - Abogado Penalista (Palma de Mallorca).

 

   Diríase que un Fallo siempre contiene algún fallo porque su contenido, al cabo su decisión, pudo ser otra. La sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, y conocida ayer, relativa a la Pieza Separada nº2 del asunto Palma Arena, era esperada con sumo interés en ámbitos periodísticos y jurídicos, por tratarse de un asunto de calado y trascendencia social, política y más. Y en esa espera residía el ánimo acerca de cúal iba a ser el Fallo de la misma, y su contenido respecto de todos los acusados.

 

 También radicaba alguna ansiedad en conocer no sólo el resultado sino el sentido íntegro del texto por que en relación a los asuntos de trascendencia jurídico-política era la primera manifestación de nuestra Audiencia resolviendo todas las cuestiones planteadas en un juicio, y por ende algunas dudas que la opinión había planteado sobre la fase de instrucción y sobre la forma en la que el Ministerio Fiscal discurrió en esa zona del procedimiento.

 

 En 172 folios el Tribunal analiza los hechos que han sido objeto de enjuiciamiento alcanzando una convicción a partir de todo el acervo probatorio (declaraciones de los acusados, testigos y perito, copiosísima prueba documental “material, todo él susceptible de valoración por haberse obtenido lícitamente, incorporado regularmente después a la causa”) y dividiéndolo en cuatro bloques fácticos que analiza y desgrana con meticulosidad alcanzando conclusiones que gozan de la lógica interna que el Tribunal les confiere y a cerca de las cuales a buen seguro que habremos de conocer en su día la opinión del Tribunal Supremo a través de los probables recursos de casación que frente a esta sentencia ya se han anunciado.

 

 Cabe pensar si esta resolución judicial implica un punto de inflexión en relación a otros asuntos. Todavía es pronto para resolver esta reflexión. Cada procedimiento judicial contiene sus propias razones y cada Tribunal acaba ordenándolas conforme a un criterio lógico, de ese Tribunal. No obstante sí parece destacable en el contenido de la sentencia el estudio pormenorizado de los grados y formas de participación, en especial la autoría por inducción.

 

 Bartolomé Vidal Pons. Abogado Penalista

 

Os acompañamos el texto íntegro de la Sentencia de la Sección 1ª de la A.P. de Mallorca, de 19 de marzo.


Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí.

 

Os adjuntamos recopilación de los Acuerdos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo emitidos desde el año 2000 al 2011.


Estos acuerdos son vinculantes.

 

Acuerdos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo - Años 2000 a 2011:  

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Sentencia Íntegra del Caso Palma Arena. El ex presidente balear Jaume Matas Palou el peor parado con una sentencia ejemplarizante, que en breve analizaremos en profundidad.


 El fallo respecto a Matas es: 

 

"6º/ Debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a D. Jaume Matas Palou en concepto de autor, por inducción, de un delito de un delito de fraude a la Administración, de un delito continuado de 169 falsedad en documento oficial, un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena única de 5 años, 3 meses y 1 día de prisión; multa de 19 meses y 15 días, a razón de una cuota diaria de 9 E; e inhabilitación especial por tiempo de 5 años y día, para cualquier cargo electivo, referido a la Administración Pública, autonómica, insular o municipal, así como la pérdida de los honores y atenciones protocolarias pertinentes establecidas en la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2001 de 14 de marzo del Gobierno de les Illes Balears, parcialmente modificada por la Disposición Final Tercera de la Ley 4/2011 de 31 de marzo.


Y en concepto de autor de un delito tráfico de influencias agravado, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena 9 meses y 1 días de prisión; multa en cuantía de 6.000 E y, en caso de impago, a una responsabilidad personal subsidiaria de 1 mes ; inhabilitación especial para cualquier cargo electivo por tiempo de 4 años, 6 meses y 1 día, referido a la Administración Pública autonómica, insular o municipal, así como la pérdida de los honores y atenciones protocolarias pertinentes establecidas en la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2001 de 14 de marzo del Gobierno de les Illes Balears, parcialmente modificada por la Disposición Final Tercera de la Ley 4/2011 de 31 de marzo."


Os acompañamos el texto íntegro de la Sentencia de la Sección 1ª de la A.P. de Mallorca, de 19 de marzo.


Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí.

 

En breve subiremos un análisis de la misma ...

Se une a nuestro portal Francisco José Ortega Moreno, Abogado Multidisciplinar en Motril. Gracias por el paso dado.


  • Nuestro compañero, tiene abierto Despacho en Motril, Calloe Vilchez, nº 6, 1º B.

 

  • Para contactar podéis llamar a los siguientes teléfonos 958.601.23 y 600.717.739 



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El Tribunal Supremo deberá decidir si la decisión absolutoria es o no correcta, pues doy por hecho que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia será recurrida por la defensa de Lluís Corominas. 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aceptado los recursos interpuestos por la Fiscalía y acusación Particular que insistían en la nulidad del juicio por el que Lluís Corominas fue declarado absuelto del delito de homicidio al concurrir la circunstancia eximente de Legítima Defensa Putativa, obligándole a abonar una indemnización de 310.000 euros por responsabilidad civil.

 

La absolución en su día dictada recordemos fue muy ajustada, pues 3 miembros del jurado consideraron que era culpable, frente a los 6 que proclamaron su inocencia.

 

Frente a la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia Catalán cabe recurso de Casación, por lo que el Tribunal Supremo tendrá la última palabra.

 

En breve os acompañaremos la resolución, por ahora adjuntamos la que le declara inocente.

 

Texto íntegro de la Sentencia Absolutoria de Lluís Corominas


Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí.

 

Os iremos informando ...

Hoy 19 de maro de 2012 es el Bicentenario de "La Pepa" o Constitución Española de 1812. 

 

Su denominación se debe a la coincidencia de su promulgación con el día de San José.

Fue la primera Carta Magna Liberal de Europa y supuso el establecimiento de los derecchos y libertades civiles en nuestro país.

 

Se tomó como referencia por otros países de nuestro entorno e inclusuve en el continente americano. Tal vez lo más relevante fue la concesión de la soberanía al pueblo, además de la instauración de la libertad de expresión y división de poderes.

 

La esencia renovadora que significó "La Pepa" radicó en los siguientes principios:

 

  • Soberanía Nacional
  • Separación de Poderes
  • Derecho de representación
  • Libertad de Expresión
  • Libertad de Prensa e imprenta
  • Derecho a integridad física
  • Libertad Personal
  • Inviolabilidad del domicilio
  • Garantías Procesales y Penales

 

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aqui.

Se incorpora a nuestro portal Rebeca Herrero Villavieja, Abogada Laboralista en Cornerrá de Llobregat. Muchas gracias.


  • Nuestra compañera, tiene abierto Despacho en Cornellá de Llobregat, Calle Frederic Soler, nº 94, Bajo 3.


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Consejos para enfrentarse a una Sanción de Empleo y Sueldo

 

El poder sancionador que las normas laborales y los convenios colectivos otorgan al empleador puede ser ejercido por éste de una forma racional y proporcional a los comportamientos desarrollados por el trabajador o por el contrario puede ser una vía utilizada como antesala a la comunicación del despido disciplinario que constituye la sanción mas grave contemplada en el vigente texto refundido del estatuto de los trabajadores y en los convenios colectivos.

 

No cabe ninguna duda que en aquellos casos en los que un trabajador es autor de alguna infracción grave o muy grave el empleador debe reaccionar a dicho comportamiento con firmeza y autoridad pero, fuera de estos supuestos, no son pocas las ocasiones que en el seno de una empresa se conocen casos de trabajadores sancionados con suma gravedad por la comisión de infracciones inexistentes o en las que la empresa busca sancionar con la finalidad de acumular un historial negativo en contra del trabajador que permita despedirle por reiteración y acumulación de sanciones menores.

 

En estos casos el trabajador debe recurrir SIEMPRE la sanción o lo que es lo mismo, impugnar la carta de sanción en el plazo de veinte días desde la notificación expresa (por escrito) de la misma ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de la capital de provincia en la que el trabajador tenga su domicilio, es decir, aunque la empresa tenga su sede social en Malaga, si el trabajador tiene su domicilio en Granada, podrá presentar su impugnación ante este servicio en Granada. Si no se alcanza ningún acuerdo en el acto de conciliación el trabajador debe presentar demanda judicial ante los juzgados de lo social del lugar en que tenga su domicilio.

 

La falta de impugnación de estas sanciones implica varios perjuicios al trabajador que se exponen a continuación:

 

  • La sanción adquirirá firmeza, por tanto el empleador podrá utilizarla como una especie de agravante si posteriormente el trabajador comete nuevas infracciones y la acumulación de varias infracciones en periodos de tiempo cercanos en el tiempo faculta al empleador a sancionar al trabajador de forma mas grave, incluso con la mayor sanción existente, el despido disciplinario, que, en caso de ser procedente impide al trabajador la obtención de cualquier indemnización.

 

  • Si al trabajador se le ha suspendido de empleo y sueldo la empresa deja de abonarle su salario durante ese periodo, por tanto la impugnación de la sanción proporciona al trabajador la posibilidad de recuperar el dinero no peribido.

 

  • La falta de impugnación genera en la empresa una sensación de poder sobre el trabajador que se torna en contrario cuando el trabajador impugna y consigue la revocación de la sanción. En estos casos la empresa habrá aprendido la lección y se abstendrá de volver a sancionar al mismo trabajador si la infracción denunciada carece de fundamento.

 

En todos estos casos es recomendable consultar con un profesional para evitar que los defectos en la tramitación del proceso de impugnación condenen al trabajador a no poder discutir sobre el fondo del asunto.

 

Ver modelo de Papeleta de Coniliación frente a Sanción >>>

En esta ocasión damos la bienvenida a nuestro portal a Eva Cabello Cabello, Abogada Matrimonialista en Toledo.

 

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En caso de Sentencia Absolutoria por delito de malos tratos sin que la misma contenga pronunciamiento expreso manteniendo durante el tiempo de sustanciacion de los recursos contra tal sentencia la vigencia de la orden de alejamiento dictada anteriormente, dicha medida ya no regiría, y en consecuencia cualquier comunicación posterior entre las partes es atípica.

 

El Tribunal Constitucional en Sentencia 16/2.012, de la Sala Primera, de 13 de febrero de 2.012, otorga el amparo solicitado por el recurrente y le reconoce el derecho a la presunción de inocencia (art 24.2 CE), en el siguiente supuesto

 

En un tema de violencia de género, un Juzgado de Instrucción dicta Auto imponiendo al imputado la prohibición de aproximarse y comunicarse con su pareja. Después de dictarse tal alejamiento, la denunciante acude al domicilio del acusado y consiente en estar en compañía del mismo. Celebrado juicio oral, el Juzgado de lo Penal dicta Sentencia absolutoria en tal procedimiento seguido por quebrantamiento de la medida cautelar, al entender que tales encuentros fueron consentidos, sin contener tal Sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal, pronunciamiento de tipo alguno sobre si permanece vigente o no la prohibición de aproximación y comunicación dictada anteriormente por el Juzgado de Instrucción

 

Dictada tal Sentencia absolutoria por parte del Juzgado de lo Penal, el acusado, sin esperar a la firmeza de la misma, se presenta en el lugar de trabajo de su excompañera, por lo que la misma presenta nueva denuncia por presunto delito de quebrantamiento de la medida cautelar.

 

La Sentencia que absolvía al acusado fue recurrida en apelación por la acusación particular

 

Como consecuencia de esta segunda denuncia, el Juzgado de lo Penal condena al recurrente como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar del artículo 468.2 del CP a la pena de 6 meses de prisión, accesorias y costas, y todo ello sobre la base de entender que el acusado tenía que ser consciente, cuando se presentó en el lugar de trabajo de su excompañera, que la orden de alejamiento podía estar vigente. Interpuesto recurso de Apelación, la Audiencia Provincial lo desestima sobre la base de que la medida cautelar no había sido dejada sin efecto en tanto en cuanto la Sentencia absolutoria original no era firme

 

El condenado, y posterior recurrente en amparo, mantiene que las resoluciones impugnadas infringen lo previsto en el artículo 69 de la LO 1/ 2.004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género en cuanto determina que la Sentencia que se dicte habrá de hacer constar el mantenimiento o no de las medidas adoptadas durante el procedimiento. Se mantiene en consecuencia que la ausencia de todo pronunciamiento expreso en la Sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal, determina, por aplicación del tal artículo, el decaimiento de dicha medida y por tanto su pérdida total de eficacia, aunque la sentencia no fuera firme, o estuviera pendiente un recurso de apelación. El aunar la falta de firmeza de la sentencia absolutoria, con la vigencia o prórroga tácita de la medida cautelar, contradice abiertamente el contenido del artículo 69 de la LO 1 / 2.004

 

Sobre la base de lo expuesto, el Tribunal Constitucional concluye:

 

Las Sentencias impugnadas han considerado hecho probado que se encontraba todavía vigente la orden de alejamiento

 

No resulta razonable el “iter discursivo” que conduce a tal conclusión ya que el delito de quebrantamiento de medida cautelar se consuma cuando se realiza la actividad prohibida por la resolución judicial (en este caso acercamiento del imputado a su ex compañera), pero para ello es inexcusable que la orden que contiene tal prohibición se encuentre vigente

 

En esta línea, el artículo 69 de la LO 1/ 2.004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, determina que “las medidas de este capítulo pondrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen. En este caso, deberán hacerse constar en la sentencia el mantenimiento de tales medidas”

 

La ausencia de mención expresa sobre el mantenimiento de la medida cautelar en la Sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal, conlleva la finalización de la vigencia de dicha medida en el momento en que tal sentencia fue dictada

 

En consecuencia, la falta de este pronunciamiento por parte del Juzgado determina el decaimiento de la referida medida de protección y por ello, su pérdida de eficacia, aunque la Sentencia dictada no fuera firme y estuviera pendiente de recurso o no hubiera transcurrido el plazo previsto para su interposición

 

El mantenimiento de la orden de protección en este supuesto de sentencia absolutoria se supedita por el legislador (art. 69), a que se haga constar expresamente en dicha resolución, lo que requerirá un plus de motivación al órgano judicial, desde el canon de la proporcionalidad, para justificar las razones por las que se acuerda en tales circunstancias, la prórroga de la medida

 

Se concluye que la condena al recurrente ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia (art 24.2 CE), pues el razonamiento que se ha formulado para entender probada la concurrencia de uno de los elementos del tipo penal ha sido irrazonable, contrario al tenor de las normas aplicadas y discrepante respecto a las pautas interpretativas al uso en la comunidad jurídica, por lo que se decreta la nulidad de las sentencias impugnadas sin retroacción de actuaciones

 

Texto íntegro de la Sentencia del Tribunal Constitucional, nº 16/2012, del 13 de febrero:

 

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Parece que al fín tendremos, tras varios intentos frustrados, nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.


Ha quedado constituida la Comisión que se va a encargar de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que deberá ser una nueva Ley más que añadir parches a la presente.


El director de grupo de trabajo es Don Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo. 


Entiendo que se dará el paso, como se ha venido anunciando desde diversas instancias, de atribuir la instrucción del proceso penal al Ministerio Fiscal, a semejanza de lo que ya acontece en los procesos penales dirigidos frente a menores de edad, siendo el Juez garante del acomodo de la investigación al cauce que legalmente sea dispuesto y quedarán bajo su decisión aquéllas resoluciones que restrinjan derechos fundamentales de los inculpados o imputados.


Se limitará la posibilidad de sustentar la acusación popular, segúramente atendiendo a los pronunciamientos que han le puesto freno.


Sin duda se deberá racionalizar el uso de la justicia y no estaría de más que se abriesen salidas consensuadas al proceso penal a través de la mediación y, además, potenciando la conformidad beneficiada que se impliantó con lo denominados "Juicios Rápidos" que tan buenos resultados ha proporcionado, consiguiendo además que el atasco en los Juzgados y Tribunales del orden penal no se acrecentase.


Le queda todo el camino por andar a esta iniciativa, pero parece que en esta ocasión, va a ser frutífera, al iniciarse prácticamente al comienzo de la nueva legislatura.


Se prevee que el anteproyecto vea la luz pasado el verano, por lo que seguramente para el primer trimestre del 2013, tal vez antes, contemos con una reluciente ley de ritos penal.


Os iremos informando de los avances ...

 

Nota de Prensa del Ministerio de Justicia, con los miembros que conforman la Comisión:  

 

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Abogada de Familia ejerciente en Toledo Capital

 

Especializada en las siguientes materias: 

 

- Derecho de Familia

  • Divorios
  • Separaciones
  • Liquidaciones de Gananciales
  • Modificación de Medidas
  • Guardas y Custodias
  • Nulidades Eclesiásticas
  • Adopciones
  • Violencia de Género
   
- Derecho Civil General
  • Desahucios
  • Contratos de Arrendamientos 

 

Atención directa y personalizada, sin sujección a límetes horarios 

 

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Abogado ejerciente en Madrid.


Abogado de Familia, Civilista y Penalista


Especialista en Liquidación de Regímenes Económico Matrimoniales, siendo a su vez Coordinador de la sección de liquidación de gananciales de este portal, está realizando estudios de Doctorado en Materia Civil, siendo su especialidad Familia. 


Dentro del ámbito Civil, también tiene experiencia contrastada en materia de Sucesiones (Herencias), Reclamaciones de Cantidad, Matrimonial, Obligaciones y Contratos, etc..


Dentro del ámbito Penal, tiene contrastada experiencia, estando de alta en el Turno de Oficio del Ilmo. Colegio de Abogados de Madrid, asumiendo procedimientos penales de Delitos contra la Seguridad del Tráfico (Alcoholemias principalmente), Robos, Hurtos, Apropiación Indebida, etc.., con dilatada experiencia en Procedimientos Abreviados, Rápidos,  Juicios de Faltas, etc..

 

 

Para formular una consulta gratuitamente  en la web acceda a este enlace



Para ayudar al entendimiento de esta materia ponemos a su disposición información que puede clarificar alguna de sus dudas:


Introducción


Capitulaciones Matrimoniales


Disolución de la Sociedad de Gananciales


Liquidación I - Formación de Inventario


Liquidación II - Reparto


¿Cómo contactar?


Puedes llamar al Teléfono 902 55 96 22 o 670 26 60 23.

 

 

 

 

Abogado en Motril, Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada desde el año 2.000, con el número 4.922.

 

Master en Asesoramiento Fiscal de Empresas por el Centro de Estudios Fiscales.

 

Master en Urbanismo por la Escuela de Negocios de Andalucía (ESNA).

 

Dirige su Despacho Multidisciplinar de Abogados en Motril donde puede encontrar respuesta a todos sus problemas.


Especialistas en NO RESIDENTES de habla INGLESA, con amplia experiencia en las áreas jurídicas siguientes:

 

  • No residentes (fiscalidad, compras, ventas, arrendamientos, etc,…)
  • Derecho Administrativo (todo tipo alegaciones y recursos en derecho administrativo local, autonómico y estatal).
  • Derecho de Familia (Divorios, Liquidaciones de Gananciales, Modificación de Medidas, Guardas y Custodias).
  • Derecho de Sucesiones (Testamentos, Herencias, Declaraciones de Herederos).
  • Derecho Civil General (Desahucios, Arrendamientos, Contratos de todo tipo, Reclamaciones de Deudas).
  • Derecho Penal (Asistencia a Detenidos, Juicios Rápidos, Defensas Penales,Acusaciones, Accidentes de Tráfico, Alcoholemias ...).

 

INTRODUCCIÓN

 

Si bien hemos indicado que, a priori, el régimen de separación de bienes suele ser menos conflictivo al no existir confusión patrimonial como en el caso del régimen de gananciales, debemos decir que la figura de la compensación por razón de trabajo en el hogar que figura en el artículo 1438 ha conllevado innumerables conflictos doctrinales y judiciales, siendo la Sentencia del 534/2011 de 14 de julio del Tribunal Supremo, el último capítulo de un debate bastante complejo, ya que esta misma compensación en el derecho catalán, por ejemplo, tiene distinta aplicación que en el derecho común.

 

Existen argumentos jurisprudenciales y doctrinales para reclamar una compensación por razón de trabajo en el hogar durante el matrimonio (siempre que el régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes) y, también, para desvirtuar esa reclamación. Por tanto, debemos primero destacar que un correcto asesoramiento y una fundamentada argumentación en un sentido o en otro, es trascendental a la hora de conseguir nuestras pretensiones en el procedimiento.

 

El debate surge por muchos aspectos, desgranaremos en varios apartados cuales son esos puntos conflictivos, si bien podemos expresar que es normal que surjan dudas respecto a una compensación por un trabajo que, en el mismo artículo, se destaca que es una forma más de contribución a las cargas del matrimonio y que, al mismo tiempo, es posible su reclamación como indemnización.

 

COMPATIBILIDAD CON LA PENSIÓN COMPENSATORIA

 

Una de las primeras dudas que surgen a la hora de determinar la compensación por razón de trabajo en el hogar es conocer su compatibilidad con la pensión compensatoria. En la mayoría de los casos cuando se reclame, en la liquidación del régimen, la solicitud de la compensación por razón de trabajo en el hogar, previamente se puede haber otorgado la pensión compensatoria como una de las consecuencias judiciales la disolución del matrimonio.

 

Pues bien, la jurisprudencia parece ser unánime al entender que existe compatibilidad, ya que aprecia que la pensión compensatoria intenta paliar el desequilibrio que se produce para uno de los cónyuges una vez que no existe convivencia por la ruptura; en cambio la compensación por razón de trabajo en el hogar actúa como indemnización-balance del matrimonio, intenta paliar el desequilibrio patrimonial que se puede genera para uno de los cónyuges que no ha tenido ingresos debido a su contribución a las cargas mediante su trabajo en el hogar.

 

En todo caso, hay argumentos, si no para  declarar la incompatibilidad, para que se tenga en cuenta el valor de la pensión compensatoria a la hora de cuantificar la compensación por razón de trabajo en el hogar, ya que hay parte de la jurisprudencia que  entiende que la cuantía del compensación por razón de trabajo en el hogar debe determinarse teniendo en cuenta el valor de la pensión compensatoria.

 

Debemos concluir que, a priori, la compensación por razón de trabajo en el hogar es compatible con la pensión compensatoria, si bien hay muchos matices que pueden establecer una relación más compleja entre estas dos figuras jurídicas. Entendemos que habría argumentos suficientes para la petición o la desvirtuación de la compensación por razón de trabajo en un contexto en el que existe ya una pensión compensatoria.

 

 

 

Caso real en el que se conceden prestaciones por incapacidad permanente en grado de Total  para  la profesión habitual  de mozo especialista en carga-descarga por contingencia de enfermedad comun, obteniendose sentencia estimatoria en la instancia.

 

Se adjunta la documentación del caso.

 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social tras haberse iniciado el  procedimiento  de prestaciones por incapacidad permanente emite una resolución, por la que se deniegan las prestaciones solicitadas a la persona afectada. Se adjunta documento de la resolución emitida, adjuntandose el dictamen propuesta en el que se establece el cuadro clínico residual de la persona afectada  y las limitaciones orgánicas y funcionales que considera el equipo de valoración de incapacidades para desestimar la prestación:

 

                                              <<Caso Real nº 6                      Caso Real nº 8>>

 

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Frente a esta resolución se presenta una reclamación previa frente a la resolución denegatoria emitida por el Instituo Nacional de Seguridad Social.

 

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La reclamación previa resulta desestimada por el  Instituto Nacional de Seguridad Social, siendo posible la presentación de la demanda  ante el juzgado de lo social iniciandose la vía judicial. 

Se adjunta el documento de presentación de la demanda.

 

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En este proceso de reconocimiento de la prestación por incapacidad permanente es conveniente obtener algún dictamen pericial que acredite las limitaciones que se tienen para la actividad laboral.

Se muestra un modelo de dictamen pericial.  

 

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La sentencia emitida por el juzgado reconoce la prestación por incapacidad permanente total a favor del actor.

Se acompaña sentencia estimatoria de reconocimiento de prestaciones.

 

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Abogada Laboralista en Cornellá de Llobregat. Licenciada en Derecho por la Universidad de Barelona, Colegiada como Abogada ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona en el 2006.

 

Ha cursado el Posgrado en Derecho Laboral y Seguridad Social y el Posgrado en Derecho Tributario en el Centro de Estudios Financieros. Ha realizado diferentes cursos (Procedimiento Laboral y Seguridad Social en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona).

 

Es experta en Derecho Laboral y Seguridad Social, siendo las areas de actuación:

  • Despidos individuales y colectivos.
  • Sanciones
  • Modificaciones de las condiciones del Contrato.
  • Negociación colectiva
  • Expedientes de Regulación de empleo (ERES).
  • Accidentes de Trabajo
  • Reclamaciones de indemnizaciones y de cantidad.
  • Incapacidades Laborales.
  • Tramitación de pensiones.
  • Acoso Laboral (Mobbing).
  • Inspecciones de Trabajo

 

Presta asesoramiento jurídico a particulares y a empresas. Atención personalizada.

 

Idiomas: castellano, catalán e inglés

 

Caso real en el que se solicitan prestaciones por incapacidad permanente en grado de Absoluta  para  toda profesión por contingencia de enfermedad comun, obteniendose sentencia estimatoria en la instancia.

 

Se adjunta la documentación del caso:

 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social tras haberse iniciado el  procedimiento  de prestaciones por incapacidad permanente emite una resolución, por la que deniega las prestaciones a la persona afectada. Se adjunta documento de la resolución emitida:

 

                  

                                             <<Caso Real nº 7                         Caso Real nº 9>>

 

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 A la resolución denegatoria se acompaña el dictamen propuesta que realiza el equipo de valoración de incapacidades  en el que se determina el cuadro clínico residual.

 

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Frente a la resolucion desestimatoria de la prestacion de Incapacidad Permanente por contingencia de enfermedad comun se presenta reclamacion previa ante el Instituto Nacional de Seguridad Social. 

Se adjunta el documento de reclamación previa.

 

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El Instituto Nacional de la Seguridad Social, resuelve denegango la reclamación previa interpuesta.

Se adjunta la desestimación de la reclamación previa adminsitrativa.

 

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Al haberse desestimado la reclamación previa, se puede plantear demanda judicial. Se adjunta el modelo de demanda judicial planteada por el actor.

 

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El proceso judicial concluye con la sentencia  favorable estimando la prestación de incapacidad permanente absoluta al actor.

Se muestra la sentencia estimatoria.

 

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Caso real de estimación de prestaciones por Incapacidad Permanente total a trabajadora con actividad laboral de limpiadora afectada de fibromialgia y otras patologías asociadas.

Tras concluir un proceso de incapacidad temporal , la trabajadora pasa a control del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Se aporta parte médico de alta :

 

 

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El Instituto Nacional de Seguridad Social emite una resolución por la que se inicia el expediente de incapacidad permanente.

Se adjunta resolución :

 

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Despues de denegarse la prestación de incapacidad permanente por el INSS, la trabajadora plantea reclamación previa frente a dicha resolución. 

Se adjunta modelo de reclamación previa presentada.

 

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Frente a la reclamación previa planteada se emite resolución denegatoria, por lo que se puede acudir a la vía judicial para que se dicte sentencia sobre el caso.

Se plantea demanda judicial que se adjunta a continuación:

 

 

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La sentencia que resuelve el caso es estimatoria, concediendo una prestación de incapacidad permanente total para su profesión habitual

Se muestra la sentencia estimatoria:

 

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El Tribunal Constitucional, en su Sentencia nº 20/2012, de 16 de Febrero de 2012, entiende que es Constitucionalmente aceptable, condicionar la sustanciación del porceso civil instado por personas jurídicas que cumplan los requisitos dispuestos en la Ley 53/2002, al pago de las Tasas establecidas.


Las tasas judiciales establecidas por la Ley 53/2002 por ahora únicamente afectan a empresas con ánimo de lucro cuya cifra de negocio supere los diez millones de euros, pero entendemos que esta Sentencia puede ser un importante precedente en un futuro próximo, pues desde el Gobierno se está apuntando al copago, como medio para financiar la justicia e inclusive para atender al abono de las retribuciones de los abogados de oficio.

 

Se deduce por tanto que, de utilizarse una redacción sustancialmente igual, podrá ser denegada la tramitación de un proceso instado por los que queden sujetos a dicho copago mientas no se acredite la efectividad del ingreso en favor de las arcas públicas, circunstancia que deberemos tener en cuenta para evitar posibles frustraciones de acciones.

 

Recordemos que el art. 35 de la Ley 53/2002 establece un sistema de acceso a la jurisdicción mediante el pago de una tasa en determinados supuestos, constituyendo el hecho imponible de la misma el ejercicio de la potestad jurisdiccional a instancia de parte en los órdenes civil y contencioso-administrativo, precisando el apartado 7. 2 de dicho precepto que el justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo, sin el cual el Secretario Judicial no dará curso al mismo, salvo que la omisión fuere subsanada en un plazo de diez días.


Para alcanzar el criterio anunciado el Tribunal en el tercero de sus fundamentos jurídicos expresa:

"(...)
La tasa se devenga en el momento de interponer la demanda o el recurso y su sujeto pasivo son quienes promueven el ejercicio de la potestad jurisdiccional (apartados 4 y 2 del art. 35). La cuantía de la tasa se fija, tal y como disponen los apartados 5 y 6 del artículo 35 (modificado por la disposición final segunda de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal), por la adición de dos factores: a) una cantidad variable, cifrada en función de la cuantía del procedimiento judicial, con un tipo de gravamen de 0,5 por 100 hasta el primer millón, y de 0,25 por 100 sobre el resto; b) una cantidad fija en función del tipo de proceso, que en el orden civil se gradúa desde los 50 euros (que corresponde al juicio monitorio en cuantía que exceda de 3.000 euros), 90 euros (juicios verbal y cambiario), 150 euros (juicio ordinario, ejecución extrajudicial y procedimiento concursal) y 300 euros (recurso de apelación) hasta los 600 euros (recursos de casación y de infracción procesal).

El apartado 7, cuyo segundo párrafo es sometido al control de constitucionalidad, dispone en el primero que los sujetos pasivos deben autoliquidar la tasa en el modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda e ingresarla en el Tesoro público con arreglo a la legislación tributaria. La gestión de la tasa corresponde a dicho Ministerio (apartado 8). Finalmente, los apartados 3 y 9 establecen una serie de exenciones y bonificaciones, en cuyo detalle no interesa entrar ahora.

(...)"


La resolución concluye diceindo que:

 

Útimo párrafo del Findamento 11º.

"(...)

Una vez obtenida la conclusión, en los fundamentos jurídicos anteriores, de que es constitucional subordinar la prestación de la actividad jurisdiccional en el orden civil al abono de unas tasas judiciales por la interposición de la demanda, tal y como establece el art. 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, carece de lógica reprochar que el legislador haya decidido que la contribución de los justiciables a la financiación de la justicia se produzca mediante tasas, cuyo previo pago es requerido como regla general para obtener el beneficio ínsito en la prestación pública, y sostener que debería ser liquidado y ejecutado de un modo más adecuado a la estructura típica de los impuestos, que es lo que en definitiva afirma el Auto de planteamiento de la cuestión. Lo que el legislador ha decidido, en términos que son constitucionalmente irreprochables, es que las sociedades de grandes dimensiones, según la legislación tributaria, sólo puedan obtener la prestación de la actividad jurisdiccional cuando presenten demandas civiles si liquidan y abonan una tasa que permite sufragar parcialmente el coste que implica para la justicia atender y resolver su demanda. La previsión legal de que, si la tasa judicial no es liquidada y abonada, la potestad jurisdiccional civil no debe ser ejercida en beneficio del sujeto pasivo, es una consecuencia ineludible de la regulación legal, que no suscita reparo de constitucionalidad. Es lícito que el legislador adopte medidas para lograr un alto grado espontáneo de la obligación de pagar un tributo legítimo, aun cuando esas medidas incidan en el ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción, como dijimos en la Sentencia 133/2004, de 22 de julio (FJ 4), al enjuiciar una previsión legal distinta a la cuestionada en este proceso, que disponía que el defecto de timbre de las letras de cambio les privaba de su fuerza ejecutiva. Y ya en la Sentencia 233/1999, de 16 de diciembre (FJ 14), rechazamos un argumento similar, dirigido entonces contra la previsión de que las entidades locales exigiesen anticipadamente el pago de determinados tributos (art. 33.2 de la Ley de haciendas locales): pues esa norma no carece de una justificación razonable y no es contraria al principio de capacidad económica, tal y como hemos visto que ocurre en relación con las tasas judiciales por la presentación de demandas civiles establecidas por la Ley 53/2002.


Ultimo Párrafo del Fundamento 12º

 

(...)

Es evidente que las tasas judiciales establecidas por la Ley 53/2002 como condición para que los Tribunales del orden jurisdiccional civil den curso a las demandas presentadas por los justiciables, en los términos que han sido examinados por esta Sentencia, son tributos cuyo hecho imponible no es ajeno a la función jurisdiccional y que imponen una carga económica que persigue un fin vinculado al proceso mismo. Por consiguiente, la doctrina de la Sentencia 141/1988 nos lleva a concluir que es constitucionalmente válida la limitación impuesta por la norma legal enjuiciada, que consiste en condicionar la sustanciación del proceso instado en la demanda civil que presentan las personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual elevada, a que acrediten que han satisfecho el deber de contribuir al sostenimiento del gasto público que conlleva el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que les beneficia de modo particular en la medida en que juzga las pretensiones deducidas en defensa de sus derechos e interés legítimos en el orden civil."


Se adjunta texto íntegro de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 20/2012, de 16 de febrero:  

 

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Esta es una de las preguntas que con bastante frecuencia nos plantean nuestros usuarios tras verse sorprendidos por las minutas que presentan los abogados que les asistieron de oficio, cuando se les deniega el beneficio de la justicia gratuita.

 

Muchos al recibir la factura toman conciencia de que abogado de oficio no es igual, en todos los casos, a abogado gratuito.

 

Al no ser reconocido el beneficio, los letrados pueden y deben reclamar sus honorarios, siendo para ello, ante la falta expresa de pacto con el cliente, referencia los establecidos en los baremos que con carácter orientativo aprueban los Colegios de Abogados.

 

Hoy día muchos procesos se ventilan por el llamado juicio rápido. La mayoría suelen derivarse de delitos contra la seguridad vial (alcoholemias, conducir sin permiso ...), violencia de género o pequeños hurtos en establecimientos comerciales.

 

La tipología de los autores es variada, pero no entrar en el perfil normal de un delincuente habitual, pues en su mayoría se trata de personas con trabajo estable, familia y una forma de vida normalizada.

 

Al superar el umbral dispuesto por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su Reglamente, comprueban que ha de atender los gastos que ha implicado la asistencia y defensa encomendada al Abogado de Oficio, que como profesional liberal cobra por sus servicios.

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Los referidos criterios de honorarios son diferentes de unos Colegios de Abogados a otros, por lo que nos referiremos al dispuesto por el Colegio de Abogados de Madrid, que entiende como importe recomendable la cantidad de 650 euros más IVA), si el proceso termina ante el Juzgado de Guardia tanto con la conformidad del acusado como con el sobreseimiento de las actuaciones.

 

Aparte hay que considerar la asistencia en Comisaría si se hubiese efectuado que implica un importe adicional de 210 euros (más actualizaciones por IPC e IVA).

 

Por ello en los supuestos más sencillo no deberá extrañar que la minuta ronde e inclusive supere los 1.000 euros, cantidad que se incrementará al menos en 500 euros si no fuere alcanado el acuerdo y se tuviera que celebrar el jucio ante el Juzgado de los Penal, ello sin contar la suma correspondiente en caso de existir responsabilidades civiles.

 

Para evitar estas situaciones, se debería informar cláramente de los costes que podría implicar la denegación de la Justicia gratuita, para que el Justiciable tenga la opción de elegir.

Reciente Sentencia Estimatoria donde se reconocen prestaciones de Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual de limpiadora por patologías crónicas y secuelas invalidantes por Fibromialgia, Sindrome de Fatiga Crónica ( Encefalomielitis Miálgica ) y otras enfermedaddes asociadas. Esperamos que sea de su interés

 

Se adjunta sentencia:

 

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Para más información sobre procesos de incapacidad por fibromialgia, pulsar aquí.

 

Una vez establecido la disolución de la sociedad de gananciales y la formación de inventario debemos centrarnos en la liquidación de la masa ganancial resultante.

 

Siguiendo el esquema de anteriores apartados debemos primero expresar que la liquidación, en caso de no ser contenciosa, se rige por lo establecido en los artículos 1399 y siguientes. Como la liquidación contenciosa nos permite abarcar todas las posibilidades nos centraremos en ella; teniendo en cuenta que en el momento de analizar los requisitos establecidos en el Código civil sobre la liquidación, éstos son idénticos para la liquidación de mutuo acuerdo.

 

El siguiente paso en la liquidación contenciosa, una vez esclarecido el inventario, es solicitar la liquidación del régimen económico matrimonial. Como establece el apartado segundo del artículo 810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la solicitud de liquidación deberá acompañarse de una propuesta de liquidación que incluya el pago de las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge y la división del remanente en la proporción que corresponda, teniendo en cuenta, en la formación de los lotes, las preferencias que establezcan las normas civiles aplicables.

 

Llegados a este punto, tenemos que volver al Código civil y clarificar qué preferencias se establecen en las normas civiles aplicables, empezando con el artículo 1399, del que destacamos que terminado el inventario, se pagarán en primer lugar las deudas de la sociedad, comenzando por las alimenticias que, en cualquier caso, tendrán preferencia. Siguiendo con la liquidación de las deudas de la sociedad, debemos tener en cuenta otra regla que establece el artículo 1400: cuando no hubiera metálico suficiente para el pago de las deudas podrán ofrecerse con tal fin adjudicaciones de bienes gananciales, pero si cualquier partícipe o acreedor lo pide se procederá a enajenarlos y pagar con su importe.

 

Otro aspecto a resaltar de la liquidación, antes de centrarnos de nuevo en la materia procesal, es lo reflejado en los artículos 1406 y 1407 en los que se incluyen preferencias a la hora de componer el haber de los cónyuges, siendo preferente que, en cada caso, el cónyuge tenga derecho a que se incluya en su haber los bienes de uso personal, la explotación económica que gestione, el local donde hubiese venido ejerciendo su profesión y, en caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tuviese residencia habitual (Art. 1406 del Cc.).

 

Desde un punto de vista procesal dejamos el procedimiento de liquidación en la propuesta de liquidación. Una vez presentada la propuesta de liquidación, teniendo en cuenta el reseñado apartado segundo del artículo 810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las normas civiles que hemos resumido en los anteriores párrafos, el Secretario judicial señalará, dentro del plazo máximo de diez días, el día y hora en que los cónyuges deberán comparecer ante el mismo al objeto de alcanzar un acuerdo y, en su defecto, designar contador y, en su caso, peritos, para la práctica de las operaciones divisoras (Art. 810.3 de la LEC.). Como ocurre con la formación de inventario, cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día señalado, se le tendrá por conforme co la propuesta de liquidación que efectúe el cónyuge que haya comparecido. En este caso, así como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges, lleguen a un acuerdo se consignará éste en el acta y se dará por concluido el acto (Art. 810.4 de la LEC.). En este caso, y siguiendo con lo establecido por el apartado cuarto del artículo 810, se llevará a efecto lo acordado conforme a los previsto en los dos primeros apartados del artículo 788 de la LEC., es decir, la entrega de los bienes adjudicados.

 

En caso de no llegar acuerdo sobre la liquidación de la sociedad de gananciales, se procederá, mediante diligencia, al nombramiento de contador y, en su caso, peritos, conforme a lo establecido en el articulo 784 de esta ley, continuando la tramitación con arreglo a los dispuesto en los artículos 785 y siguientes (Art. 810.5 de la LEC.). Es decir, el legislador nos remite a lo regulado en e procedimiento para la división de la herencia. Pues bien, los mencionados artículos dicen lo siguiente:

 

Artículo 784. Designación del contador y de los peritos.
1. La Junta se celebrará, con los que concurran, en el día y hora señalado y será presidida por el Secretario Judicial.
2. Los interesados deberán ponerse de acuerdo sobre el nombramiento de un contador que practique las operaciones divisorias del caudal, así como sobre el nombramiento del perito o peritos que hayan de intervenir en el avalúo de los bienes. No podrá designanse más de un perito para cada clase de bienes que hayan de ser justipreciados.
3. Si de la Junta resultare falta de acuerdo para el nombramiento de contador, se designará uno por sorteo, conforme a lo dispuesto en el artículo 341, de entre los abogados ejercientes con especiales conocimientos en la materia y con despacho profesional en el lugar del juicio. Si no hubiera acuerdo sobre los peritos, se designarán por igual procedimiento los que el contador o contadores estimen necesarios para practican los avalúos, pero nunca más de uno por cada clase de bienes que deban ser tasados.
4. Será aplicable al contador designado por sorteo lo dispuesto para la recusación y provisión de fondos de los peritos.

 

Artículo 785. Entrega de la documentación al contador. Obligación de cumplir el encargo aceptado y plazo para hacerlo.
1. Elegidos el contador y los peritos, en su caso, previa aceptación, el Secretario judicial entregará los autos al primero y pondrá a disposición de éste y de los peritos cuantos objetos, documentos y papeles necesiten para practicar el inventario, cuando éste no hubiere sido hecho, y el avalúo, la liquidación y la división del caudal hereditario.
2. La aceptación del contador dará derecho a cada uno de los interesados para obligarle a que cumpla su encargo.
3. A instancia de parte, podrá el Secretario judicial mediante diligencia fijar al contador un plazo para que presente las operaciones divisorias, y si no lo verificare, será responsable de los daños y perjuicios.

 

Artículo 786. Práctica de las operaciones divisorias.
1. El contador realizará las operaciones divisorias con arreglo a lo dispuesto en la ley aplicable a la sucesión del causante; pero si el testador hubiere establecido reglas distintas para el inventario, avalúo, liquidación y división de sus bienes, se atendrá a lo que resulte de ellas, siempre que no perjudiquen las legítimas de los herederos forzosos. Procurará, en todo caso, evitar la indivisión, así como la excesiva división de las fincas.
2. Las operaciones divisorias deberán presentarse en el plazo máximo de dos meses desde que fueron iniciadas, y se contendrán en un escrito firmado por el contador, en el que se expresará:
1. La relación de los bienes que formen el caudal partible.
2. El avalúo de los comprendidos en esa relación.
3. La liquidación del caudal, su división y adjudicación a cada uno de los partícipes.

 

Artículo 787. Aprobación de las operaciones divisorias. Oposición a ellas.
1. El Secretario judicial dará traslado a las partes de las operaciones divisorias, emplazándolas por diez días para que formulen oposición. Durante este plazo, podrán las partes examinar en la Oficina judicial los autos y las operaciones divisorias y obtener, a su costa, las copias que soliciten.
La oposición habrá de formularse por escrito, expresando los puntos de las operaciones divisorias a que se refiere y las razones en que se funda.
2. Pasado dicho término sin hacerse oposición o luego que los interesados hayan manifestado su conformidad, el Secretario judicial dictará decreto aprobando las operaciones divisorias, mandando protocolizarlas.
3. Cuando en tiempo hábil se hubiere formalizado la oposición a las operaciones divisorias, el Secretario judicial convocará al contador y a las partes a una comparecencia ante el Tribunal, que se celebrará dentro de los diez días siguientes.
4. Si en la comparecencia se alcanzara la conformidad de todos los interesados respecto a las cuestiones promovidas, se ejecutará lo acordado y el contador hará en las operaciones divisorias las reformas convenidas, que serán aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.
5. Si no hubiere conformidad, el tribunal oirá a las partes y admitirá las pruebas que propongan y que no sean impertinentes o inútiles, continuando la sustanciación del procedimiento con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal.
La sentencia que recaiga se llevará a efecto con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente, pero no tendrá eficacia de cosa juzgada, pudiendo los interesados hacer valer los derechos que crean corresponderles sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que corresponda.
6. Cuando, conforme a lo establecido en el artículo 40 de esta Ley, se hubieran suspendido las actuaciones por estar pendiente causa penal en que se investigue un delito de cohecho cometido en el avalúo de los bienes de la herencia, la suspensión se alzará por el Secretario judicial, sin esperar a que la causa finalice por resolución firme, en cuanto los interesados, prescindiendo del avalúo impugnado, presentaren otro hecho de común acuerdo, en cuyo caso se dictará sentencia con arreglo a lo que resulte de éste.

 

Resumiendo el articulado, debemos decir que una vez acordado el contador (ya sea nombrado por las partes o por sorteo), éste realizará las operaciones divisorias y, si alguna de las partes formula oposición a las mismas, el Secretario convocará al contador y las partes a una comparecencia ante el Tribunal. En este último caso, y siempre que no se consiga llegar a una acuerdo en la misma, se sustanciará el procedimiento con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal.

 

Conclusiones:

A modo de conclusión debemos decir que lo aquí desarrollado nos permite afrontar, de forma resumida, el entendimiento de un procedimiento que en la práctica puede llegar a ser bastante complejo y conflictivo, dependiendo en muchos casos del, recomendable, ánimo de acuerdo entre las partes. La liquidación puede ser, y no es inhabitual, el primer capítulo antes de la adjudicación de herencia; por lo que una correcta liquidación puede llegar a ser trascendental. Por eso aconsejamos que el procedimiento sea asumido por un especialista en la materia y, en todo caso, debemos estar correctamente asesorados en cada paso que se de.

 

Quieroabogado le otorga esta posibilidad, por lo que si necesita cualquier tipo de consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.

 

Bibliografía interesante para consultar:

 

El régimen económico del matrimonio; RAMS ALBESA – MORENO MARTÍNEZ (Coordinadores), Dykinson, 2006.

 

Autonomía de la voluntad y negocios jurídicos de familia; AMUNATEGUI, RAMS ALBESA, ANGUITA VILLANUEVA, SERRANO GÓMEZ, Dykinson, 2010.

 

El derecho de familia ante la crisis económica: la liquidación de la sociedad legal de gananciales; REBOLLEDO VARELA, SEOANE SPIGELBERG, Dykinson, 2010.

 

Una vez aclarado en qué momento se produce la disolución de la sociedad de gananciales, debemos centrarnos en la liquidación del régimen económico matrimonial y, en este apartado, la formación de inventario.

 

Debemos indicar, como cuestión previa, que si la liquidación no es contenciosa el inventario, como fase separada, no es necesaria, siendo suficiente que en la liquidación queden reflejadas las exigencias con el pasivo de la sociedad de gananciales.

 

Por otro lado, si la liquidación es contenciosa se deberá solicitar al Juzgado de Primera Instancia, que siguiendo lo establecido por el artículo 807 de la Ley de Enjuiciamiento Civil conocerá del procedimiento, la formación de inventario. Según establece el artículo 808 de la Ley de Enjuiciamiento Civil admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el proceso en que haya demandado la disolución del régimen económico matrimonial, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la formación de inventario. Dicha solicitud, como establece el segundo apartado del artículo 808, deberá ir acompañada de una propuesta de inventario en la que se hará constar las diferentes partidas que deberán incluirse en el inventario (todo ello acompañado de la documentación que justifique dicha propuesta).

 

Analizado el primer trámite procesal en toda liquidación, debemos concretar el contenido de la propuesta de inventario; para ello necesariamente debemos remitirnos a los artículos 1397 y siguientes del Código civil:

 

Artículo 1397

Habrán de comprenderse en el activo:

1. º Los bienes gananciales existentes en el momento de la disolución.
2. º El importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser enajenados por negocio ilegal o fraudulento si no hubieran sido recuperados.
3. º El importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que fueran de cargo sólo de un cónyuge y en general que constituyen créditos de la sociedad contra éste

 

Por tanto, debemos por un lado, dentro de la propuesta de inventario, esclarecer que bienes e importes componen el activo de la sociedad que se va a liquidar. Frente al activo se debe indicar, si es que lo hay, el pasivo de la sociedad en base al artículo 1398 del Código civil:

 

El pasivo de la sociedad estará integrado por las siguientes partidas:

1.ª Las deudas pendientes a cargo de la sociedad.
2.ª El importe actualizado del valor de los bienes privativos cuando su restitución deba hacerse en metálico por haber sido gastados en interés de la sociedad.
Igual regla se aplicará a los deterioros producidos en dichos bienes por su uso en beneficio de la sociedad.
3.ª El importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido pagadas por uno solo de los cónyuges, fueran de cargo de la sociedad y, en general, las que constituyan créditos de los cónyuges contra la sociedad.

 

Por supuesto, aunque no estén incluidas en este artículo 1398, debemos tener en cuenta las partidas que se originan por las deudas de la comunidad de bienes posterior a la sociedad, gastos de inventario, etc…

 

Mencionadas las partidas que determinan tanto el activo como el pasivo del inventario, debemos proceder a desglosar las mismas; es por ello que debemos tener muy claro, de ahí la necesidad de estar asesorado por un especialista en la materia, qué representa el activo de la sociedad y qué el pasivo. Por ejemplo, los gastos realizados por uno de los cónyuges en un bien privativo con dinero ganancial, ¿forma parte del activo o del pasivo? Y en caso contrario, los bienes privativos gastados en las mejoras de un bien ganancial, ¿dónde debemos incorporar esos gastos, al activo o al pasivo? Son conceptos que en muchos casos llevan a confusión y que se deben tener muy claros para entender qué representa el activo y el pasivo, ya que no sería la primera vez que un mismo importe se solicite su incorporación al activo y que, dentro de la misma propuesta, se determine como pasivo.

 

Una vez elaborada la propuesta de inventario debemos volver a la legislación procesal y atender al artículo 809 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este artículo se establece que el Secretario señalará día y hora para que, en el plazo máximo de diez días, se proceda a la formación de inventario, mandando citar a los cónyuges. Cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día señalado, se le tendrá por conforme co la propuesta de inventario que efectúe el cónyuge que haya comparecido. En este caso, así como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges, lleguen a un acuerdo se consignará éste en el acta y se dará por concluido el acto. Por tanto, si esto último ocurre se podría dar por concluido el inventario.

 

En caso de no haber acuerdo, el apartado 2 del artículo 809 expresa que el Secretario judicial citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal. Debemos tener en cuenta que en dicha vista se dilucidarán los puntos conflictivos, ya que los concordantes de ambas propuestas de inventario, en principio, se entenderán como acordados.

 

Resumiendo todo lo anterior, el primer paso de toda liquidación de la sociedad de gananciales, que representa la formación de inventario, es bastante trascendental ya que es en este proceso en el que se va a fijar la masa que va a ser objeto de liquidación, por lo que una incorrecta o vaga fijación de la misma es irreversible, no pudiendo en la liquidación nada más que determinar la valoración y repartición de lo establecido en el inventario.

 

La sociedad de gananciales es el régimen económico matrimonial más utilizado, no en vano es el régimen que rige, en los matrimonios regulados por el derecho común, en defecto de capitulaciones.

 

Por todo lo anterior la regulación de dicho régimen es bastante más exhaustiva que en lo referido a los otros dos regímenes regulados por el Código civil; si bien debemos decir que no es éste el único motivo; las características de la sociedad de gananciales dificultan su liquidación.

 

Prueba de ello está en la tremenda importancia que tiene la determinación de la disolución de la sociedad de gananciales a la hora de delimitar la posterior liquidación del régimen económico matrimonial. Desde que se produce la disolución de la sociedad de gananciales ya no se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos (Art. 1344 Cc.). De ahí la relevancia de determinar el momento que se produce la disolución frente a lo que puede ocurrir en un régimen basado en la independencia patrimonial, como es el de separación de bienes, en el que a priori la fecha de disolución del régimen tiene menos trascendencia.

 

Centrándonos en la disolución de la sociedad de gananciales, debemos remitirnos a lo establecido en los artículos 1392 y siguientes para esclarecer en qué momento se produce la disolución del matrimonio:

 

Artículo 1392.
La sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho:
1. Cuando se disuelva el matrimonio.
2. Cuando sea declarado nulo.
3. Cuando judicialmente se decrete la separación de los cónyuges.
4. Cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto en la forma prevenida en este Código.

 

Artículo 1393.
También concluirá por decisión judicial la sociedad de gananciales, a petición de uno de los cónyuges, en alguno de los casos siguientes:
1. Haber sido el otro cónyuge judicialmente incapacitado, declarado pródigo, ausente o en quiebra o concurso de acreedores, o condenado por abandono de familia.
Para que el Juez acuerde la disolución bastará que el cónyuge que la pidiere presente la correspondiente resolución judicial.
2. Venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad.
3. Llevar separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono del hogar.
4. Incumplir grave y reiteradamente el deber de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas.
En cuanto a la disolución de la sociedad por el embargo de la parte de uno de los cónyuges por deudas propias, se estará a lo especialmente dispuesto en este Código.

 

El articulado en ese sentido parece claro, entre las partes y frente a terceros, la sociedad de gananciales sigue vigente hasta que no se producen alguno de los requisitos desglosados en los artículos 1392 y 1393.
Otra cosa es, y debemos tenerlo en cuenta a la hora de afrontar la liquidación de la sociedad de gananciales, la mayoritaria línea jurisprudencial que entiende que, desde el momento en el que se produce la separación de hecho y, por tanto, los cónyuges ya no viven juntos, se produce la disolución de la sociedad de gananciales Inter partes. Esto quiere decir que, a modo de ejemplo, si uno de los cónyuges quiere reclamar que se incorpore al inventario unos gastos realizados por el otro cónyuge para un bien privativo de éste, se entienda que no procede si en el momento de realizar dicha operación existía una separación de hecho. Encontramos sentencias en ese sentido como la Sentencia núm. 165/2008 de 21 febrero del Tribunal Supremo o la Sentencia núm. 238/2007 de 23 febrero del Tribunal Supremo; resumiendo esta línea jurisprudencial, en esta última sentencia se expresa que “es la separación de hecho la que determina, por exclusión de la convivencia conyugal, que los cónyuges pierdan sus derechos a reclamarse como gananciales bienes adquiridos por éstos después del cese efectivo de la convivencia, siempre que ello obedezca a una separación fáctica (…) Entenderlo de otro modo significaría, en efecto, un acto contrario a la buena fe, con manifiesto abuso de derecho, al ejercitar un aparente derecho más allá de sus límites éticos.”

 

En este apartado hemos intentado aclarar en qué momento deja de estar vigente la sociedad de gananciales; una vez definido este paso, imprescindible para hacer el balance a liquidar, debemos centrarnos en la liquidación del régimen.

En vigor el desde el día 7 de Marzo de 2012 el Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.


Como se define en su artículo 1 por mediación hay que entender un medio de solución de controversias, en el que varias partes, intentar voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.

 

 

La mediación se organizará del modo que las partes tengan por conveniente, que deberán actuar conforme a los principios de buena fe y respeto mutuo.

 

Esta norma abre una vía extrajudicial para solventar las contreversias privadas, de aplucación a asuntos civiles y mercantiles, incluidos los asuntos transforterizos. Sólo serán válidos y por lo tanto homologables los acuerdos que no afecten a derechos legalmente indisponibles.

 

Quedarán fuera de la posibilidad de esta mediación:

 

 

  • La mediación penal.
  • La mediación con las Administraciones Públicas.
  • La mediación laboral.
  • La mediación en materia de consumo.

 

El comienzo de la mediación suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones.

 

Podrán ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión.

 

El mediador deberá contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas. Esta formación específica proporcionará a los mediadores los necesarios conocimientos jurídicos, psicológicos, de técnicas de comunicación, de resolución de conflictos y negociación, así como de ética de la mediación, a nivel tanto teórico como práctico.

 

El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga.

 

La labor del mediador:

  

  • Facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan de la información y el asesoramiento suficientes.
  • Desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes, con respeto a los principios recogidos en este real decreto-ley.
  • Podrá renunciar a desarrollar la mediación, con obligación de entregar un acta a las partes en la que conste aquélla.
  • No podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad.
  • Deberá revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses. 

  

El proceso de mediación puede terminar con o sin acuerdo.


El acuerdo puede ser total o parcial y puede ser elevado a Escritura Pública ante Notario.


En caso de incumplimiento podrá ser instada su ejecución directa ante el Juzgado de Primera Instancia competente.

 

1) Os acompañamos el texto íntegro del Decreto-ley 5/2012, de 7 de marzo.


Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí.

 

Os iremos informando ...

 Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

 

TEXTO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


I

Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta función implica el reto de la implantación de una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja.

En este contexto, desde la década de los años setenta del pasado siglo, se ha venido recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, entre los que destaca la mediación, que ha ido cobrando una importancia creciente como instrumento complementario de la Administración de Justicia.

Entre las ventajas de la mediación es de destacar su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes y ello la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad. La mediación está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto.

 

II

A pesar del impulso que en los últimos años ha experimentado en España, en el ámbito de las Comunidades Autónomas, hasta la presente norma se carecía de una ordenación general de la mediación aplicable a los diversos asuntos civiles y mercantiles, al tiempo que asegurara su conexión con la jurisdicción ordinaria, haciendo así efectivo el primero de los ejes de la mediación, que es la desjudicialización de determinados asuntos.

La mediación, como fórmula de autocomposición, es un instrumento eficaz para la resolución de controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible. Como institución ordenada a la paz jurídica, contribuye concebir a los tribunales de justicia en este sector del ordenamiento jurídico como un último remedio, en caso de que no sea posible componer la situación por la mera voluntad de las partes y puede ser un hábil coadyuvante para la reducción de la carga de trabajo de aquéllos, reduciendo su intervención a aquellos casos en que las partes enfrentadas no hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, a la situación de controversia.

Asimismo, este real decreto-ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Sin embargo, su regulación va más allá del contenido de esta norma de la Unión Europea, en línea con la previsión de la disposición adicional tercera de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, en la que se encomendaba al Gobierno la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley sobre mediación.

La Directiva 2008/52/CE se limita a establecer unas normas mínimas para fomentar la mediación en los litigios transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles. Por su lado, la regulación de esta norma conforma un régimen general aplicable a toda mediación que tenga lugar en España, y pretenda tener un efecto jurídico vinculante, si bien circunscrita al ámbito de de los asuntos civiles y mercantiles y dentro de un modelo que ha tenido en cuenta las previsiones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional del año 2002.

Precisamente, el transcurso del plazo de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2008/52/CE, que finalizó el 21 de mayo de 2011, justifica el recurso al real decreto-ley, como norma adecuada para efectuar esa necesaria adaptación de nuestro Derecho, con lo que se pone fin al retraso en el cumplimiento de esta obligación, con las consecuencias negativas que comporta para los ciudadanos y para el Estado por el riesgo de ser sancionado por las instituciones de la Unión Europea.

 

III

El modelo de mediación se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes y en la intervención de un mediador, del que se pretende una intervención activa orientada a la solución de la controversia por las propias partes. El régimen que contiene el real decreto-ley se basa en la flexibilidad y en el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, cuya voluntad, expresada en el acuerdo que la pone fin, podrá tener la consideración de título ejecutivo, si las partes lo desean, mediante su elevación a escritura pública. En ningún caso pretende esta norma encerrar toda la variedad y riqueza de la mediación, sino tan sólo sentar sus bases y favorecer esta alternativa frente a la solución judicial del conflicto. Es aquí donde se encuentra, precisamente, el segundo eje de la mediación, que es la deslegalización o pérdida del papel central de la ley en beneficio de un principio dispositivo que rige también en las relaciones que son objeto del conflicto.

La figura del mediador es, de acuerdo con su conformación natural, la pieza esencial del modelo, puesto que es quien ayuda a encontrar una solución dialogada y voluntariamente querida por las partes. La actividad de mediación se despliega en múltiples ámbitos profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos casos dependen de la propia naturaleza del conflicto. El mediador ha de tener, pues, una formación general que le permita desempeñar esa tarea y sobre todo ofrecer garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir.

Igualmente, el real decreto-ley utiliza el término mediador de manera genérica sin prejuzgar que sea uno o varios.

Se tiene presente el papel muy relevante en este contexto de los servicios e instituciones de mediación, que desempeñan una tarea fundamental a la hora de ordenar y fomentar los procedimientos de mediación.

Corolario de esta regulación es el reconocimiento del acuerdo de mediación como título ejecutivo, lo que se producirá con su ulterior elevación a escritura pública, cuya ejecución podrá instarse directamente ante los tribunales. En la regulación del acuerdo de mediación radica el tercer eje de la mediación, que es la desjuridificación, consistente en no determinar de forma necesaria el contenido del acuerdo restaurativo o reparatorio.

El marco flexible que procura el real decreto-ley pretende ser un aliciente más para favorecer el recurso a la mediación, de tal forma que no tenga repercusión en costes procesales posteriores ni se permita su planteamiento como una estrategia dilatoria del cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes. Así se manifiesta en la opción de la suspensión de la prescripción cuando tenga lugar el inicio del procedimiento frente a la regla general de su interrupción, con el propósito de eliminar posibles desincentivos y evitar que la mediación pueda producir efectos jurídicos no deseados.

El presente real decreto-ley se circunscribe estrictamente al ámbito de competencias del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, que permiten articular un marco para el ejercicio de la mediación, sin perjuicio de las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias.

Con el fin de facilitar el recurso a la mediación, se articula un procedimiento de fácil tramitación, poco costoso y de corta duración en el tiempo.

 

IV

El articulado de este real decreto-ley se estructura en cinco títulos.

En el título I, bajo la rúbrica de «las disposiciones generales», se regula el ámbito material y espacial de la norma, su aplicación a los conflictos transfronterizos, los efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad, así como las instituciones de mediación.

El título II enumera los principios informadores de la mediación, a saber: el principio de voluntariedad y libre disposición, el de imparcialidad, el de neutralidad y el de confidencialidad. A estos principios se añaden las reglas o directrices que han de guiar la actuación de las partes en la mediación, como son la buena fe y el respeto mutuo, así como su deber de colaboración y apoyo al mediador.

El título III contiene el estatuto mínimo del mediador, con la determinación de los requisitos que deben cumplir y de los principios de su actuación. Para garantizar su imparcialidad se explicitan las circunstancias que el mediador ha de comunicar a las partes, siguiéndose en esto el modelo del Código de conducta europeo para mediadores.

El título IV regula el procedimiento de mediación. Es un procedimiento sencillo y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la mediación los que determinen libremente sus fases fundamentales. La norma se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que las partes puedan alcanzar, siempre bajo la premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio, pues, a veces, como enseña la experiencia aplicativa de esta institución, no es extraño que la mediación persiga simplemente mejorar relaciones, sin intención de alcanzar un acuerdo de contenido concreto.

Finalmente, el título V establece el procedimiento de ejecución de los acuerdos, ajustándose a las previsiones que ya existen en el Derecho español y sin establecer diferencias con el régimen de ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos cuyo cumplimiento se haya de producirse en otro Estado, para ello se requerirá su elevación a escritura pública como condición necesaria para su consideración como título ejecutivo.

 

V

Las disposiciones finales cohonestan la regulación el encaje de la mediación con los procedimientos judiciales.

Se reforma, así, la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, para incluir entre sus funciones, junto al arbitraje, la mediación, permitiendo así su actuación como instituciones de mediación.

Se operan también una serie de modificaciones de carácter procesal que facilitan la aplicación de la mediación dentro del proceso civil. Se regula así la facultad de las partes para disponer del objeto del juicio y someterse a mediación, así como la posibilidad de que sea el Juez el que invite a las partes a llegar a un acuerdo y, a tal fin, se informen de la posibilidad de recurrir a la mediación. Se trata de una novedad que, dentro del respeto a la voluntad de las partes, trata de promover la mediación y las soluciones amistosas de los litigios. Por otro lado, se prevé la declinatoria como remedio frente al incumplimiento de los pactos de sometimiento a mediación o frente a la presentación una demanda estando en curso la misma.

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil comprende, por último, la de los preceptos necesarios para la inclusión del acuerdo de mediación dentro de los títulos que dan derecho al despacho de la ejecución.

Con estas modificaciones se articula la adecuada interrelación entre la mediación y el proceso civil, reforzando la eficacia de esta institución.

 

VI

Por último, este real decreto-ley reforma la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, con el objetivo de dar satisfacción a las legítimas expectativas de los estudiantes de Derecho que, en el momento de la publicación de aquella ley, se encontraban matriculados en sus estudios universitarios y, como consecuencia de la publicación de la misma, ven completamente alteradas las condiciones de acceso a las profesiones de abogado y procurador.

Con arreglo a la Ley 34/2006, para obtener el título profesional de abogado o procurador de los tribunales es necesario, además de estar en posesión del título universitario de licenciado en Derecho o del correspondiente título de grado, probar su capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y de carácter oficial que se adquiere a través de cursos de formación acreditados por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, así como superar una posterior evaluación.

La modificación que se aprueba es congruente con la exposición de motivos de la propia Ley 34/2006, que declara como objetivo no quebrar «las expectativas actuales de los estudiantes de la licenciatura o grado en Derecho». Sin embargo, la vacatio legis de 5 años que fijó inicialmente la Ley se ha revelado insuficiente para dar satisfacción a un colectivo de estudiantes que no han podido completar sus estudios en dicho periodo de 5 años. Se trataría de resolver problemas de los estudiantes que se matricularon en Licenciaturas de Derecho con anterioridad al 31 de octubre de 2006, momento en el que no se exigían los títulos profesionales para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador y que no han podido finalizar sus estudios en el citado plazo. Por una omisión no querida del legislador, dichos estudiantes sufren una discriminación, puesto que se quiebran las expectativas legítimas que tenían en el momento en el que comenzaron a cursar sus estudios en Derecho. Pero, además, se aprovecha la ocasión para reconocer un régimen especial de acceso al ejercicio profesional para los licenciados en Derecho, cualquiera que sea el momento en que inicien o finalicen sus estudios, atendiendo de este modo a diversas iniciativas planteadas en sede parlamentaria.

Por otra parte, se contempla la situación de los poseedores de títulos extranjeros susceptibles de homologación al título español de Licenciado en derecho, mediante la introducción de una nueva disposición adicional que permite acceder a las profesiones jurídicas a quienes hubiesen iniciado el procedimiento de homologación antes de la entrada en vigor de la Ley.

La futura modificación contemplará la expedición de los títulos profesionales por parte del Ministerio de Justicia.

Además, para acabar con la incertidumbre generada por el apartado 3 de la disposición transitoria tercera de la ley se introduce una mejora técnica en la redacción aclarando que no es necesario estar en posesión del título de licenciado o grado en Derecho, sino que basta estar en condiciones de obtenerlo, es decir, no es necesario estar en la posesión material del título, sino haber concluido los estudios cuando entra en vigor la ley. Con ello se salvaguardan los derechos de los licenciados que habiendo finalizando sus estudios, por el retraso o descuido en la solicitud de los títulos a las universidades queden excluidos del ámbito de la disposición transitoria de la ley.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de marzo de 2012,

 

DISPONGO:

 

TÍTULO I.- Disposiciones generales

 

Artículo 1. Concepto.

Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Este real decreto-ley es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable.

En defecto de sometimiento expreso o tácito a este real decreto-ley, la misma será aplicable cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación se realice en territorio español.

 

2. Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de este real decreto-ley:

a) La mediación penal.

b) La mediación con las Administraciones Públicas.

c) La mediación laboral.

d) La mediación en materia de consumo.

 

Artículo 3. Mediación en conflictos transfronterizos.

1. Un conflicto es transfronterizo cuando al menos una las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto a aquél en que cualquiera de las otras partes a las que afecta estén domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediación o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable.

 

2. En los litigios transfronterizos entre partes que residan en distintos Estados miembros de la Unión Europea, el domicilio se determinará de conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

 

Artículo 4. Efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad.

El comienzo de la mediación suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones. A estos efectos se considerará iniciada la mediación con la presentación de la solicitud por una de las partes o desde su depósito, en su caso, ante la institución de mediación.

La suspensión se prolongará durante el tiempo que medie hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación o, en su defecto, del acta final o se produzca la terminación de la mediación por alguna de las causas previstas en este real decreto-ley.

Si no se firmara el acta de la sesión constitutiva en el plazo de quince días naturales a contar desde el día en que se entiende comenzada la mediación, se reanudará el cómputo de los plazos.

 

Artículo 5. Las instituciones de mediación.

1. Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o privadas y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores. Deberán garantizar la transparencia en la designación de mediadores y asumirán subsidiariamente la responsabilidad derivada de su actuación. Si entre sus fines figurase también el arbitraje adoptarán las medidas para asegurar la separación entre ambas actividades.

Las instituciones de mediación darán publicidad de los mediadores que actúen en su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia.

 

2. Estas instituciones implantarán sistemas de mediación por medios electrónicos, en especial para aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias.

 

3. Los poderes públicos velarán porque las instituciones de mediación respeten en el ámbito de sus competencias los principios de la mediación establecidos en este real decreto-ley, así como por la buena actuación de los mediadores, en la forma que establezcan sus normas reguladoras.

 

TÍTULO II.- Principios informadores de la mediación

 

Artículo 6. Voluntariedad y libre disposición.

1. La mediación es voluntaria.

 

2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste.

 

3. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo.

 

Artículo 7. Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores.

En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas.

 

Artículo 8. Neutralidad.

Las actuaciones de mediación se desarrollarán de forma que permitan a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación, actuando el mediador de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.

 

Artículo 9. Confidencialidad.

1. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador y a las partes intervinientes de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento.

 

2. La confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que los mediadores o las personas que participen en el procedimiento de mediación estén obligados a declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la información derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con el mismo, excepto:

a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito dispensen de esta obligación.

b) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal.

 

3. La infracción del deber de confidencialidad generará responsabilidad en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.

 

Artículo 10. Las partes en la mediación.

1. Sin perjuicio del respeto a los principios establecidos en este real decreto-ley, la mediación se organizará del modo que las partes tengan por conveniente.

 

2. Las partes en conflicto actuarán conforme a los principios de buena fe y respeto mutuo.

Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación las partes no podrán interponer entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto.

El compromiso de sometimiento a mediación y la iniciación de ésta impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a mediación durante el tiempo en que se desarrolle ésta, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria.

La declinatoria no impedirá la iniciación o prosecución de las actuaciones de mediación.

 

3. Las partes deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación del mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad.

 

TÍTULO III.- Estatuto del mediador

 

Artículo 11. Condiciones para ejercer de mediador.

1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión.

 

2. El mediador deberá contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas. Esta formación específica proporcionará a los mediadores los necesarios conocimientos jurídicos, psicológicos, de técnicas de comunicación, de resolución de conflictos y negociación, así como de ética de la mediación, a nivel tanto teórico como práctico.

 

3. El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga.

 

Artículo 12. Calidad y autorregulación de la mediación.

El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes, en colaboración con las instituciones de mediación, fomentarán la adecuada formación inicial y continua de los mediadores, la elaboración de códigos de conducta voluntarios, así como la adhesión de aquéllos y de las instituciones de mediación a tales códigos.

 

Artículo 13. Actuación del mediador.

1. El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan de la información y el asesoramiento suficientes.

 

2. El mediador desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes, con respeto a los principios recogidos en este real decreto-ley.

 

3. El mediador podrá renunciar a desarrollar la mediación, con obligación de entregar un acta a las partes en la que conste aquélla.

 

4. El mediador no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad.

 

5. Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses. Tales circunstancias incluirán, en todo caso:

a) Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes.

b) Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación.

c) Que el mediador, o un miembro de su empresa u organización, hayan actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepción de la mediación.

 

En tales casos el mediador sólo podrá aceptar o continuar la mediación cuando asegure poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo hagan constar expresamente.

El deber de revelar esta información permanece a lo largo de todo el procedimiento de mediación.

 

Artículo 14. Responsabilidad de los mediadores y de las instituciones de mediación.

La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su caso, la institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asistan a ésta contra los mediadores.

 

Artículo 15. Coste de la mediación.

1. El coste de la mediación, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo, se dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario.

 

2. Tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la mediación.

Si las partes o alguna de ellas no realizaran en plazo la provisión de fondos solicitada, el mediador o la institución podrán dar por concluida la mediación. No obstante, si alguna de las partes no hubiere realizado su provisión, el mediador o la institución antes de acordar la conclusión, lo comunicará a las demás partes, por si tuvieren interés en suplirla dentro del plazo que hubiera sido fijado.

 

TÍTULO IV.- Procedimiento de mediación

 

Artículo 16. Solicitud de inicio.

1. El procedimiento de mediación podrá iniciarse:

a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá la designación del mediador o la institución de mediación en la que llevarán a cabo la mediación, así como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de las actuaciones.

b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación existente entre aquéllas.

 

2. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de las partes a las demás o ya designado por ellas.

 

3. Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un proceso judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar su suspensión de conformidad con lo dispuesto en la legislación procesal.

 

Artículo 17. Información y sesiones informativas.

1. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la institución de mediación citará a las partes para la celebración de la sesión informativa. En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa se entenderá que desisten de la mediación solicitada. La información de qué parte o partes no asistieron a la sesión no será confidencial.

En esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia; así como de las características de la mediación, su coste, la organización del procedimiento, las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, así como del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva.

 

2. Las instituciones de mediación podrán organizar sesiones informativas abiertas para aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a este sistema de resolución de controversias, que en ningún caso sustituirán a la información prevista en el apartado primero.

 

Artículo 18. Pluralidad de mediadores.

1. La mediación será llevada a cabo por uno o varios mediadores.

 

2. Si por la complejidad de la materia o por la conveniencia de las partes se produjera la actuación de varios mediadores en un mismo procedimiento, éstos actuarán de forma coordinada.

 

Artículo 19. Sesión constitutiva.

1. El procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva en la que las partes expresarán su deseo de desarrollar la mediación y dejarán constancia de los siguientes aspectos:

a) La identificación de las partes.

b) La designación del mediador y, en su caso, de la institución de mediación o la aceptación del designado por una de las partes.

c) El objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediación.

d) El programa de actuaciones y duración máxima prevista para el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de su posible modificación.

e) La información del coste de la mediación o las bases para su determinación, con indicación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos.

f) La declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de que asumen las obligaciones de ella derivadas.

g) El lugar de celebración y la lengua del procedimiento.

 

2. De la sesión constitutiva se levantará un acta en la que consten estos aspectos, que será firmada tanto por las partes como por el mediador o mediadores. En otro caso, dicha acta declarará que la mediación se ha intentado sin efecto.

 

Artículo 20. Duración del procedimiento.

La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones.

 

Artículo 21. Desarrollo de las actuaciones de mediación.

1. El mediador convocará a las partes para cada sesión con la antelación necesaria, dirigirá las sesiones y facilitará la exposición de sus posiciones y su comunicación de modo igual y equilibrado.

 

2. Las comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto podrán ser o no simultáneas.

 

3. El mediador comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que tengan lugar por separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo tratado. El mediador no podrá ni comunicar ni distribuir la información o documentación que la parte le hubiera aportado, salvo autorización expresa de ésta.

 

Artículo 22. Terminación del procedimiento.

1. El procedimiento de mediación puede concluir en acuerdo o finalizar sin alcanzar dicho acuerdo, bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan su derecho a dar por terminadas las actuaciones, comunicándoselo al mediador, bien porque haya transcurrido el plazo máximo acordado por las partes para la duración del procedimiento, así como cuando el mediador aprecie de manera justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables o concurra otra causa que determine su conclusión.

Con la terminación del procedimiento se devolverán a cada parte los documentos que hubiere aportado. Con los documentos que no hubieren de devolverse a las partes, se formará un expediente que deberá conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la institución de mediación, una vez terminado el procedimiento, por un plazo de seis meses.

 

2. La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las partes a su mediador sólo producirá la terminación del procedimiento cuando no se llegue a nombrar un nuevo mediador.

 

3. El acta final determinará la conclusión del procedimiento y, en su caso, reflejará los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, o su finalización por cualquier otra causa.

El acta deberá ir firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores y se entregará un ejemplar original a cada una de ellas.

 

Artículo 23. El acuerdo de mediación.

1. El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas a la mediación.

En el acuerdo de mediación deberá constar la identidad y el domicilio de las partes, el lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que cada parte asume y que se ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a las previsiones de este real decreto-ley, con indicación del mediador o mediadores que han intervenido y, en su caso, de la institución de mediación en la cual se ha desarrollado el procedimiento.

 

2. El acuerdo de mediación deberá firmarse por las partes o sus representantes y presentarse al mediador, en el plazo máximo de diez días desde el acta final, para su firma.

 

3. Del acuerdo de mediación se entregará un ejemplar a cada una de las partes, reservándose otro el mediador para su conservación.

 

El mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y de que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de configurar su acuerdo como un título ejecutivo.

 

Artículo 24. Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos.

1. Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación se lleve a cabo por medios electrónicos, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación previstos en este real decreto-ley.

 

2. La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros se desarrollará por medios electrónicos, salvo que el empleo de estos no sea posible para alguna de las partes.

 

TÍTULO V.- Ejecución de los acuerdos

 

Artículo 25. Formalización del título ejecutivo.

1. Las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación.

El acuerdo de mediación se presentará ante un notario acompañado de copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento.

 

2. Para llevar a cabo la elevación a escritura pública del acuerdo de mediación el notario verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en este real decreto-ley y que su contenido no es contrario a Derecho.

 

3. Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, además de la elevación a escritura pública, será necesario el cumplimiento los requisitos que, en su caso, puedan exigir los Convenios internacionales en que España sea parte y las normas de la Unión Europea.

 

4. Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada después de iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal su homologación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Artículo 26. Tribunal competente para la ejecución de los acuerdos de mediación.

La ejecución de los acuerdos resultado de una mediación iniciada estando en curso un proceso se instará ante el tribunal que homologó el acuerdo.

Si se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediación será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Artículo 27. Ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos.

1. Sin perjuicio de lo que dispongan la normativa de la Unión Europea y los convenios internacionales vigentes en España, un acuerdo de mediación que ya hubiera adquirido fuerza ejecutiva en otro Estado sólo podrá ser ejecutado en España cuando tal fuerza ejecutiva derive de la intervención de una autoridad competente que desarrolle funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas.

 

2. Un acuerdo de mediación que no haya sido declarado ejecutable por una autoridad extranjera sólo podrá ser ejecutado en España previa elevación a escritura pública por notario español a solicitud de las partes, o de una de ellas con el consentimiento expreso de las demás.

 

3. El documento extranjero no podrá ser ejecutado cuando resulte manifiestamente contrario al orden público español.

 

Artículo 28. Denegación de ejecución de los acuerdos de mediación.

No podrán ejecutarse los acuerdos cuyo contenido sea contrario a Derecho.

 

Disposición adicional primera. Reconocimiento de instituciones o servicios de mediación.

Las instituciones o servicios de mediación establecidos o reconocidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en las leyes podrán asumir las funciones de mediación previstas en este real decreto-ley.

 

Disposición adicional segunda. Impulso a la mediación.

1. Las Administraciones Públicas competentes para la provisión de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia proveerán la puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales y del público de información sobre la mediación como alternativa al proceso judicial.

 

2. Las Administraciones Públicas competentes procurarán incluir la mediación dentro del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, previsto en el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en la medida que permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes.

 

Disposición adicional tercera. Escrituras públicas de formalización de acuerdos de mediación.

Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos de mediación se aplicarán los aranceles correspondientes a los «Documentos sin cuantía» previstos en el número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los notarios.

 

Disposición final primera. Modificación de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

La letra i del apartado 1 del artículo 2 pasa a tener la siguiente redacción:

«i) Desempeñar funciones de mediación y arbitraje mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.»

 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

 

1. El apartado 1 del artículo 19 queda redactado en los siguientes términos:

«1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.»

 

2. Se modifica el artículo 39, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 39. Apreciación de la falta de competencia internacional o de jurisdicción a instancia de parte.

El demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje o mediación la controversia.»

 

3. El párrafo primero del apartado 1 del artículo 63 queda redactado del siguiente modo:

«1. Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en el juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores.»

 

4. Se da nueva redacción al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 65:

«Del mismo modo procederá el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediación.»

 

5. El artículo 66 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 66. Recursos en materia de competencia internacional, jurisdicción, sumisión a arbitraje o mediación y competencia objetiva.

1. Contra el auto absteniéndose de conocer por falta de competencia internacional, por pertenecer el asunto a tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediación o por falta de competencia objetiva, cabrá recurso de apelación.

 

2. Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional, de jurisdicción o de competencia objetiva, sólo cabrá recurso de reposición, sin perjuicio de alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia definitiva.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación cuando el auto rechace la sumisión del asunto a arbitraje o a mediación.»

 

6. Se modifica la regla 2.ª del apartado 2 del artículo 206, que pasa a tener la siguiente redacción:

«2.ª Se dictarán autos cuando se decidan recursos contra providencias o decretos, cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda, reconvención, acumulación de acciones, admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones, acuerdos de mediación y convenios, medidas cautelares y nulidad o validez de las actuaciones.

También revestirán la forma de auto las resoluciones que versen sobre presupuestos procesales, anotaciones e inscripciones registrales y cuestiones incidentales, tengan o no señalada en esta ley tramitación especial, siempre que en tales casos la ley exigiera decisión del Tribunal, así como las que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria, salvo que, respecto de éstas últimas, la ley hubiera dispuesto que deban finalizar por decreto.»

 

7. Se añade un apartado 3 nuevo al artículo 335, con la siguiente redacción:

«3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen a un perito que hubiera intervenido en una mediación o arbitraje relacionados con el mismo asunto.»

 

8. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 347 queda redactado de la forma siguiente:

«El tribunal sólo denegará las solicitudes de intervención que, por su finalidad y contenido, hayan de estimarse impertinentes o inútiles, o cuando existiera un deber de confidencialidad derivado de la intervención del perito en un procedimiento de mediación anterior entre las partes.»

 

9. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 395 pasa a tener la siguiente redacción:

«Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él demanda de conciliación.»

 

10. Se sustituye el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 414 por los siguientes:

«En esta convocatoria, si no se hubiera realizado antes, se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma.

La audiencia se llevará a cabo, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba.

En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.»

 

11. Los apartados 1 y 3 del artículo 415 pasan a tener la siguiente redacción:

«1. Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio entre ellas.

Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado.

Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a mediación o arbitraje.

En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto.»

 

«3. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, la audiencia continuará según lo previsto en los artículos siguientes.

Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación, terminada la misma, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha para la continuación de la audiencia.»

 

12. El número 2.º del apartado 2 del artículo 517 pasa a tener la siguiente redacción:

«2.º Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles.»

 

13. El artículo 518 pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 518. Caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial, o resolución arbitral o acuerdo de mediación.

La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del Tribunal o del Secretario judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución.»

 

14. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 539, con la siguiente redacción:

«Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.»

 

15. El apartado 2 del artículo 545 queda redactado en los siguientes términos:

«2. Cuando el título sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, será competente para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo o se hubiera firmado el acuerdo de mediación.»

 

16. Se modifica el artículo 548:

«Artículo 548. Plazo de espera de la ejecución de resoluciones procesales, arbitrales o acuerdos de mediación.

No se despachará ejecución de resoluciones procesales, arbitrales o acuerdos de mediación, dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena, de aprobación del convenio o de firma del acuerdo haya sido notificada al ejecutado.»

 

17. Se añade un nuevo párrafo al ordinal 1.º del apartado 1 del artículo 550, con la siguiente redacción:

«Cuando el título sea un acuerdo de mediación elevado a escritura pública, se acompañará, además, copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento.»

 

18. Se modifica la rúbrica y el párrafo primero del apartado 1 del artículo 556, que pasan a tener la siguiente redacción:

«Artículo 556. Oposición a la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o los acuerdos de mediación.

1. Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente.»

 

19. Se da nueva redacción a número 3.º del apartado 1 del artículo 559:

«3.º Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena, o porque el laudo o el acuerdo de mediación no cumpla los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520.»

 

20. El apartado 3 del artículo 576 queda redactado de la siguiente forma:

«3. Lo establecido en los anteriores apartados será de aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional, los laudos arbitrales y los acuerdos de mediación que impongan el pago de cantidad líquida, salvo las especialidades legalmente previstas para las Haciendas Públicas.»

 

21. Se da nueva redacción al artículo 580, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 580. Casos en que no procede el requerimiento de pago.

Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Secretario judicial, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, y acuerdos de mediación, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes.»

 

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

 

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 2, que queda redactado en los siguientes términos:

«Los títulos profesionales regulados en esta Ley serán expedidos por el Ministerio de Justicia.»

 

Dos. Se añade una nueva disposición adicional octava, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional octava. Licenciados en Derecho.

1. Los títulos profesionales que se regulan en esta ley no serán exigibles a quienes en el momento de su publicación estuvieran matriculados en estudios universitarios conducentes a la obtención del título de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.

 

2. Los alumnos no incluidos en el apartado anterior que obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley podrán obtener los títulos profesionales siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que realicen las prácticas externas previstas en el artículo 6.

b) Que acrediten su capacitación profesional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.

El Gobierno desarrollará reglamentariamente las especialidades derivadas de la participación de estas personas en los procesos de formación y de evaluación de aptitud profesional.»

 

Tres. Se añade una nueva disposición adicional novena, con la siguiente redacción:

 

«Disposición adicional novena. Títulos extranjeros homologados.

Los títulos profesionales que se regulan en esta ley no serán exigibles a quienes en el momento de entrada en vigor de la presente ley hubieran solicitado la homologación de su título extranjero al de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que obtengan dicha homologación, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.»

Cuatro. Se modifica el apartado 3 de la disposición transitoria única, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente ley se encontraran en posesión del título de licenciado o grado en Derecho o en condiciones de solicitar su expedición y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondrán de un plazo máximo de dos años, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtención de los títulos profesionales que en ella se regulan.»

 

Disposición final cuarta. Procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos para reclamaciones de cantidad.

El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, promoverá la resolución de los conflictos que versen sobre meras reclamaciones de cantidad a través de un procedimiento de mediación simplificado que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos. Las posiciones de las partes, que en ningún caso se referirán a argumentos de confrontación de derecho, quedarán reflejadas en los formularios de solicitud del procedimiento y su contestación que la institución de mediación facilitará a los interesados. El procedimiento tendrá una duración máxima improrrogable de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud por la institución de mediación.

 

Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario del control del cumplimiento de los requisitos de la mediación exigidos en el real decreto-ley.

1. El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, podrá prever reglamentariamente los instrumentos que se consideren necesarios para la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en este real decreto-ley a los mediadores y a las instituciones de mediación, así como de su publicidad. Estos instrumentos podrán incluir la creación de un Registro de Mediadores y de Instituciones de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia y coordinado con los Registros de mediación de las Comunidades Autónomas, y en el que en atención al incumplimiento de los requisitos previstos en este real decreto-ley se podrá dar de baja a un mediador.

 

2. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, podrá determinar la duración y contenido mínimo del curso o cursos que con carácter previo habrán de realizar los mediadores para adquirir la formación necesaria para el desempeño de la mediación, así como la formación continua que deben recibir.

Reglamentariamente se podrá desarrollar el alcance de la obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores.

 

Disposición final sexta. Título competencial.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, establecida en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución. No obstante lo anterior, la modificación de la Ley 34/2006 se efectúa al amparo del artículo 149.1.1.ª, 6.ª y 30.ª de la Constitución.

 

Disposición final séptima. Incorporación de normas de la Unión Europea.

Mediante este real decreto-ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

 

Disposición final octava. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 

Dado en Madrid, el 5 de marzo de 2012.

 

JUAN CARLOS R.

 

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

Convalidada la Reforma Laboral por el Congreso de los Diputados.


El día 8 de marzo ha si do convalidado el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.


Ahora continará su tramitación como proyecto de Ley abriéndose en primer plazo para presentar enmiendas a la totalidad, que en caso de hacerse deberán proponer un texto alternatico y, también las enmiendas parciales.

 

NOTA DE PRENSA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

El Congreso tramitará como proyecto de ley la reforma del mercado laboral
08/03/2012
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy, con 197 votos a favor y 142 en contra, la convalidación del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y acordó, con el apoyo de 337 diputados, y la abstención de uno, su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá incluir enmiendas antes de su aprobación definitiva.La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, defendió ante el Pleno este Real Decreto, que pretende crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, para mercados e inversores.La reforma propuesta, argumenta el Gobierno en la exposición de motivos del Real Decreto, "trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social".

La reforma comprende medidas para fomentar la empleabilidad de los trabajadores, reformando aspectos relativos a la intermediación laboral y a la formación profesional; promover la contratación indefinida y otras formas de trabajo, con especial hincapié en promover la contratación por PYMES y de jóvenes; incentivar la flexibilidad interna en la empresa como medida alternativa a la destrucción de empleo; y favorecer la eficiencia del mercado del mercado de trabajo como elemento vinculado a la reducción de la dualidad laboral, con medidas que afectan principalmente a la extinción de contratos de trabajo.


Los objetivos de la reforma:

 

  • Frenar la destrucción de empleo.
  • Sentar las bases para la creación de empleo estable.
  • Empleo de más calidad.
  • Flexibilidad interna en las empresas para promover el mantenimiento del empleo.
  • Modernizar la negociación colectiva para acercarla a las necesidades específicas de empresas y trabajadores.
  • Reconocer un nuevo derecho individual de los trabajadores a la formación.
  • Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes y los parados de larga duración.
  • Apoyar a los autónomos y Pymes, proporcionando mayor flexibilidad y capacidad de adaptación.
  • Reforzar los mecanismos de control y prevención del fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo.
  • Combatir el absentismo laboral injustificado.

 

Para más información sobre esta reforma, pulsar aquí.

 

1) Os acompañamos el texto íntegro del Real Decreto.ley 3/2012.


Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí. 

 

Os iremos informando del proceso y de las osibles modificaciones del texto por ahora vigente.

Es esta entrada os adjuntamos la Tabla Salarial aplicable a las Empleadas de Hogar durante el Año 2012.


Ha sido realiada por Cáritas Diocesana de Valladolid.


Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí.

 

PROCEDIMIENTO REAL DE JUICIO RÁPIDO POR CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ANTE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE ARGANDA DEL REY.


Os acompañamos un Caso Real en el que una persona conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas, incurriendo en un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor con tasa de alcohol en aire espirado superior 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. 


Este asunto ha sido dirigido por el Letrado Don Vicente Javier Saiz Marco.

 

En este caso, el conductor se sometió a la prueba de alcoholemia , obteniendo en la 1ª prueba: 0,68 Mg/l, y en la 2ª: 0,69 Mg/l, cuyo resultado fue POSITIVO.

1) Atestado Policial instruido por un supuesto Delito contra la Seguridad Vial

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2) Acta guida de Juicio Rápido.

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí.

 

 3) Escrito de acusación

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4) Sentencia condenatoria de conformidad con el acusado.


 

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ACUERDOS PREMATRIMONIALES

 

Entendemos que el futuro, cada vez más, está en la autorregulación conyugal, y por eso creemos que la figura de los acuerdos prematrimoniales va a ir tomando más fuerza. Prueba de ello, por ejemplo, es la importante mención que da la nueva regulación catalana (Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia) en su artículo 231-20 a lo que llama Pactos en previsión de ruptura matrimonial, los cuales pueden otorgarse en escritura pública o en capítulos matrimoniales.

Estos acuerdos prematrimoniales, tal y como vienen regulados en el propio derecho catalán, puede ser ampliable al resto del territorio, ya que el límite que encontramos en el Código Civil a la autorregulación lo establece el artículo 1328.

Por ejemplo, en previsión de la ruptura matrimonial, antes de celebrarse el matrimonio se podría determinar, entre algunas posibilidades, quien se quedaría la vivienda familiar (y bajo qué condicionantes), qué bienes se adjudicaría a uno de los cónyuges, como quedaría regulada una eventual pensión compensatoria, una participación de ganancias, qué bienes serían intocables, cuantificar una compensación por razón de trabajo en el hogar, incluso, siguiendo opiniones de parte de la doctrina, determinar pactos sobre la custodia de lo hijos. Todo ello atendiendo cada caso concreto y dentro de los matices que tanto la legislación como la jurisprudencia establece.

Distintos estudios doctrinales reflejan el indudable crecimiento de las capitulaciones matrimoniales en nuestro país (consultar http://www.indret.com/pdf/dc07_es.pdf), y la emergente importancia del autorregulación de los cónyuges. Es por eso que un estudio y asesoramiento integral por especialistas en la materia se hace imprescindible, teniendo en cuenta la actualidad doctrinal y jurisprudencial. Quieroabogado le permite obtener un asesoramiento telefónico gratuito, pudiendo asistir a uno de nuestros Despachos para ampliar la información y, en su caso, redactar el acuerdo prematrimonial que mejor se adapta a sus necesidades.

LA IMPORTANCIA DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES


El régimen económico del matrimonial que rige la relación conyugal es más importante de lo que pueda parecer en el momento que se contrae matrimonio. Entendemos que un ejercicio de pedagogía jurídica respecto a las virtudes de cada uno de los regímenes legales aplicables puede ayudar a solventar de una manera menos problemática los distintos conflictos que puedan surgir cuando la crisis matrimonial pueda iniciarse.

 

Es cierto que la elección del régimen económico matrimonial en los momentos en los que existe confianza mutua no afecta al día a día de la convivencia, ya que las prácticas que se realizan cuando existe confianza no suelen venir determinadas por el régimen económico. Pero eso no significa que no debamos ser previsores, el hecho de valorar las distintas opciones que nuestro régimen jurídico nos otorga no significa desconfianza, si no precisamente la finalidad es conseguir que sea la propia autorregulación de los cónyuges la que determine la eventual liquidación del régimen económico y no las exigencias que vengan establecidas por el régimen económico legal que nos haya sido “impuesto”.

 

La liquidación del régimen económico del matrimonio puede llegar a ser muy conflictivo, y en muchos casos una correcta autorregulación mediante capitulaciones puede hacer que estos procesos sean menos traumáticos.

 

Por todo lo anterior, creemos que un correcto asesoramiento antes de contraer matrimonio puede ayudar a elegir el régimen económico matrimonial que mejor se adapta a la situación patrimonial, laboral y personal de los cónyuges.

 

Debemos entender las consecuencias que derivan de elegir el régimen, y para ello es muy importante conocer en profundidad los regímenes que tenemos a nuestra disposición. En el Derecho Común el régimen legal, a falta de pacto capitular, es el régimen de gananciales, estando también regulados el régimen de separación y de participación. Como contrapunto, en Cataluña y Baleares el régimen legal es el de separación de bienes.

 

En lo que a regulación económica matrimonial se refiere debemos tener en cuenta las recientes modificaciones que se han producido en la regulación aragonesa (con el Real Decreto Legislativo 1/2011 por el que se aprueba el Código de Derecho Foral de Aragón), valenciana (Ley 1/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano) y catalana (Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia). Destacable es esta última regulación catalana en la que se desarrolla profundamente, dentro del régimen legal de separación de bienes, la compensación por razón de trabajo en el hogar en la liquidación del régimen.

 

Conocer las distintas regulaciones que hay en el Derecho Común y en los distintos Derechos Forales pueden ayudarnos a elegir que régimen se adapta mejor a nuestras necesidades, ya que no debemos olvidar que, por encima de todo, el régimen económico será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales (artículo 1315 del Código Civil).

 

 

 

 

En este apartado mostramos casos reales de desahucios.

 

Así sabréis de antemano cómo es un Desahucio, la forma correcta de plantearlo y las vías habituales de solución de estos procesos.

 

Poco a poco iremos aumentando en número de casos expuestos.

 

Casos Reales:

 

 

 

 

 

Estos son solo algunos ejemplos, si tenéis cualquier duda contactar con nosotros llamándonos al 902 55 96 22 o plantearla mediante el formulario de consultas existente en esta página, hemos llevado cientos de desahucios por impago de rentas, precarios y por expiración del plazo. Seguro que os podremos ayudar.

 

José Valero Alarcón

Abogado Experto en Desahucios

Telf. 91.530.96.98 

 


 

Información Actualizada y detallada sobre el Proceso de Desahucio por Impago de Rentas - Acceder >>>


 

El periodo de detención máximo de 72 horas debe computarse desde el mismo momento en que se ejecuta.

 

El Artículo 17 de la Constitución expresa que:


1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley.


2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.


3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.


4. La Ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por Ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.


Pese a la literalidad de este precepto, todavía hay quienes se resisten a acatar el mandato expresado en la Constitución.

 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, en su Sentencia 180/2011, de 21 de noviembre. (BOE núm. 306, de 21 de diciembre de 2011), ha tenido que recordar una vez más desde cuándo debe comptarse el periodo de detención, expresando en el último de sus fundamentos que:

 

5. En atención a la doctrina constitucional expuesta, y tal como también solicita el Ministerio Fiscal, debe concluirse que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el derecho del recurrente a su libertad personal (art. 17.1 CE) por haber prolongado la situación de privación de libertad del recurrente fuera del plazo de 72 horas previsto legalmente en el art. 497 LECrim.


En primer lugar, la argumentación vertida en el Auto de apelación para justificar que, conforme a la literalidad del art. 497 LECrim, el cómputo del plazo de las 72 horas de la detención judicial debe realizarse desde que el detenido le hubiera sido entregado al Magistrado instructor ni resulta inequívoco desde una interpretación literal de dicho precepto ni, en cualquier caso, es asumible desde la perspectiva que disciplina la libertad personal como derecho fundamental del ciudadano (art. 17.1 CE). Ciertamente, tal como ya se ha trascrito más arriba, el párrafo primero del art. 497 LECrim, al regular la actuación de la autoridad judicial en los casos en que le sea entregado un ciudadano objeto de una detención por un particular o por autoridad o agente de policía judicial, dispone que en el plazo de 72 horas “a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado” deberá regularizar su situación, elevándola a prisión o dejándola sin efecto. Igualmente, el párrafo segundo del art. 497 LECrim, y ya específicamente para los supuestos en que la detención haya sido acordada judicialmente, dispone que el Juez deberá hacer “lo propio, y en idéntico plazo”. Por tanto, desde la literalidad del precepto, y teniendo en cuenta la remisión del párrafo segundo al párrafo primero del art. 497 LECrim, lo único que es inequívoco es que la ley, en los casos como el presente de detención judicial, impone que el Juez “en idéntico plazo” —es decir, 72 horas— haga “lo propio” —esto es, elevar la detención a prisión o dejarla sin efecto. Pero, en ningún caso, que el cómputo de esas 72 horas deba realizarse “desde que el detenido le hubiese sido entregado”.


6. Un vez descartado que la literalidad del art. 497 LECrim lleve a una única conclusión interpretativa sobre el momento a partir del cual debe realizarse el cómputo de las 72 horas, además, como ya se ha señalado, el pretender desplazar el comienzo de ese cómputo desde el momento en que efectivamente se produjo materialmente la detención en ejecución de la decisión judicial hasta que el detenido sea materialmente puesto a disposición judicial, no sólo resulta contradictorio con la propia naturaleza de la detención judicial y su delimitación con la detención gubernativa, sino que también es lesiva de la efectividad de la garantía constitucional del derecho a la libertad (art. 17.1 CE), en relación con la previsión del establecimiento de una limitación temporal precisa de esta concreta medida cautelar.


(...)


Por tanto, desde la perspectiva del art. 17.1 CE, el plazo de 72 horas a que, por remisión, se refiere el párrafo segundo del art. 497 LECrim en los supuestos de detención acordada por autoridad judicial, debe computarse desde que se verifica la ejecución material de la decisión de detención. Esto determina que, en el presente caso, al haber tenido lugar la ejecución material de la detención sobre las nueve horas y cincuenta minutos del día 27 de junio de 2006 y, por tanto, finalizar el plazo máximo legal a las nueve horas y cincuenta minutos del día 30 de junio de 2006, la decisión judicial de prorrogar la detención hasta las nueve horas y treinta minutos del 1 de julio de 2006 vulneró el derecho del recurrente a su libertad personal (art. 17.1 CE), para cuyo restablecimiento, habida cuenta de la cesación de los efectos provocados por dicha decisión, bastará con la anulación de las resoluciones impugnadas.


Es triste que en los tiempos que corren sea todavía necesario rectificar errores de este calado cometidos por Jueces.

 

-Texto íntegro de la Sentencia 180/2011, de 21 de noviembre.

 

Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí. 

 

Parece que nos vamos a hartar de modificaciones y nuevas normas. Si hace unos días nos anunciaron que los divorcios de mutuo acuerdo podrían tramitarse ante Notario, hoy 2 de marzo de 2012, nos confirman importantes novedades, como son:


 

  • Aprobado un Real Decreto Ley de Mediación Civil y Mercantil, con lo que se pone a disposición de los ciudadanos un mecanismo de resolución de conflictos voluntario, ágil, flexible y económico.
  • Aprobado un Real Decreto Ley que incluye una modificación de la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procuradores, de forma que los licenciados en Derecho no queden discriminados y puedan quedar exentos o convalidar sus créditos al cursar el postgrado.

 

 

 

  • Acordada la creación de dos Comisiones Institucionales que serán las encargadas de elaborar las propuestas de textos articulados de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

 

 

Os iremos informando.

 

A estudiar toca ...

 

 

 

Muchos éramos los que hace poco criticábamos la reforma del proceso de Desahucio efectuada por la Ley 37/2011, en vigor desde el día 31 de ocubre del 2011.

 

Pasados unos meses, ya con varios asuntos finalizados, he de reconocer que la experiencia en general empieza a ser positiva, lográndose en más ocasiones que con anterioridad recuperarse la vivienda de forma rápida y, digo rápida, entendiendo por tal, en un plazo no superior a dos meses desde la presentación de la demanda.

 

Son supuestos en los que el propietario propone perdonar al inquilino la totalidad o parte de las rentas debidas y, éste, acepta reintegrando la posesión de la vivienda con la oportuna entrega de llaves.

 

Antes de esta reforma pocas eran las ocasiones en las que se aceptaba este compromiso de condonación, pero hoy día, compruebo con cierta incredulidad, que bastantes arrendatarios nos hacen una rápida entrega de llaves.

 

Debo reconocer que la modificación de la Ley ha influido, pues ahora exprésamente se requiere al inquilino para que en 10 días comaprezca en el Juzgado y diga si se opone al desahucio planteado y en caso de no hacerlo, se le requiere para que haga enrtega de la vivienda, lo que tiene claros efectos persuasivos, máxime si se acompaña de una compromiso de condonación de rentas e inclusive costas judiciales.

 

Como soelmos hacer en  este portal, os damos la posibilidad de ver casos reales, en esta ocasión son dos:

 

 

El que suscribe estas líneas en el pasado mes de febrero ha recibido 4 viviendas mediante la aceptación del compromiso de condonación, por lo que no me queda más remedio, pese a mis iniciales críticas, que reconocer que en este aspecto la reforma ha merecido la pena.

 

En los supuestos en los que se haga esa entrega voluntaria, motivada o no por la condonación que pudiere ser propuestas, seguiríamos moviéndonos entre los 4 y 6 meses de plazo.

 

Para obtener más información sobre desahucios, pulsar aquí.

 

       Por Jose Valero Alarcón

Abogado Experto en Desahucios 

EN ESTA OCASIÓN OS MOSTRAMOS UN PROCESO REAL DE DESAHUCIO BAJO LA NUEVA LEY, VIGENTE DESDE EL 30 DE OCTUBRE DE 2011, EN EL QUE SE CONSIGUE RECUPERAR LA VIVIENDA EN EL PLAZO DE UN MES DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.


Este asunto ha sido dirigido por el Letrado Experto en Desahucios Don José Valero Alarcón. Abogado Colegiado en Madrid, con Telf. 91.530.96.98


Últimamente venimos comprobando que hay muchos inquilinos morosos que aceptan entregar de forma rápida la vivienda cuando se les perdona la totalidad o parte de las rentas adeudadas. Suelen ser casos en los que los arrendatarios pasan por una situación económica mala pero que estiman que a corto o medio plazo mejorará, por lo que prefieren no tener ninguna deuda pendiente que en el futuro les pudiera suponer el embardo de sueldos u otros bienes de los que llegasen a ser titulares.

 

El plazo mínimo que se ha de conceder al inquilino es de quince días para que una vez aceptada la condonación, lo que ha de hacer en los 5 días siguientes a la recepción del requerimiento y demanda.


En caso de no ser aceptada la propuesta el procedimiento sigue su curso.


En este caso el juicio se señaló para el día 22 de marzoy el lanzamiento para el 21 de mayo de 2012. Si bien al aceptarse la condonación las llevaes se devolvieron el día 16 de febrero de 2012, tan solo un mes después de presentar la demanda.


Os adjuntamos la documentación para que comprobéis el desarrollo del proceso:

 

1) Demanda de Desahucio presentada en el Decanato de los Juzgados de Madrid el día 16 de enero de 2012.


El modelo base es el formulario de demanda de desahucio que ponemos a vuestra disposición en esta web. 

 

Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí. 

 


2) Decreto admitiendo a trámite al demanda de desahucio fijando la fecha de la eventual vista y la del lanzamiento.


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3) Escrito de la parte demandada allanándose a la demanda y anunciando la entrega de llaves. 

 

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4) Entrega de las llaves de la vivienda el día 16 de febrero de 2012 mediante su entrega al procurador de la propietaria. 

 

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5) Sentencia estimatoria de la demanda de desahucio. 

 

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PROCEDIMIENTO REAL DE JUICIO RÁPIDO POR CONDUCIR SIN PERMISO ANTE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID.


Os acompañamos un Caso Real en el que una persona conducía sin disponer el permiso para ello, incurriendo en un delito contra la seguridad vial, por la pérdida total de puntos. 


Este asunto ha sido dirigido por el Letrado Experto en Juicios Rápidos/ Doña Alexandra Roncero Facal.

 

La reforma legislativa operada por la Ley 5/2010 de 22 de junio por el que modifica el texto del Código Penal, buscando una respuesta jurídico penal a determinadas conductasintroduce, entre otras novedades, la conducción de un vehículo de motor o ciclomotor sin permiso o licencia como hecho delictivo, castigándose con pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca un permiso o licencia de conducción.


1) Atestado Policial instruido por un supuesto Delito contra la Seguridad Vial

Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí. 

 

2) Escrito de Acusación.

 Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí.

 

 3) Acta guiada del Juicio Rápido y conformidad del acusado.

Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí.

 

 

 

4) Sentencia condenatoria de conformidad con el acusado.


 

Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí.

 

  


 

Abogada en Canet de Mar - Provincia del Barcelona y perteneciente al Partido Judicial de Areyns de Mar

 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y Master en Administración y Gestión Tributaria por ESADE. También ha realizado cursos de especialización tributaria y delito fiscal.

 

Ha ejercido como abogada especialista en derecho fiscal internacional en multinacionales españolas y extranjeras como Vodafone y ACS, tanto en España como en el extranjero, posteriormente ha trabajado en despachos de abogados asumiendo la responsabilidad de los departamentos de derecho fiscal y penal económico.

 

En 2011 funda Valtser Abogados y Asesores Tributarios, despacho multidisciplinar especializado en asesoramiento fiscal y penal económico, con el objetivo de ofrecer a sus clientes y colaboradores, soluciones de calidad personalizadas.


 

El Partido Judicial de Arenys de Mar comprende los siguientes municipio:


Arenys de Munt
Calella
Canet de Mar
Fogars de la Selva
Malgrat de Mar
Palafolls
Pineda de Mar
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Iscle de Vallalta
Sant Pol de Mar
Santa Susanna
Tordera

 


En esta primaveral mañana de invierno me disponía a pasar una tranquila jornada en los Juzgados de Móstoles. Una simple declaración de imputado en un delito contra la seguridad vial a la que acudía con el propósito de interesar su transformación en Juicio Rápido y si era posible marcharme con la sentencia conformada a la mínima.

 

Pensaba tomar un par de “cafeses” con algún compañero de fatigas que me encontrase por la sede judicial, pero evidentemente dando por echada toda la mañana.

 

Pero en esta profesión cada día se descubre algo nuevo.

 

Os expongo el supuesto de hecho:

 

  • Chica de 19 años sin antecedentes delictivos.
  • Imputada por un delito contra la Seguridad Vial por conducir sin carnet utilizando el vehículo de su madre.
  • Sin concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes.

 

Es evidente, para cualquiera que sepa un poquito de Juicios Rápidos, que este tema debía acabar con la imposición de una de las penas mínimas dispuestas en el artículo 384 del Código Penal, cuyo tenor literal es:

 

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.

 

Con las ideas muy claras, tras revisar las actuaciones y comprobar que no había opción de defensa en juicio, adelanto en el Juzgado que mi cliente reconocerá los hechos e interesaré tras ello el paso del proceso a juicio rápido, siendo en ese momento informado que están de guardia y que por lo tanto se podría cerrar el acuerdo hoy mismo, invitándome a que pasara por la Fiscalía para hablar con la Señora Fiscal que estaba a disposición del Órgano judicial para atender el servicio de guardia.

 

A los pocos minutos me acerco a la Fiscalía y la Sra. Fiscal me indica que vuelva en una media hora pues no había tenido tiempo de revisar las actuaciones.

 

Regreso a los 45 minutos y tras cruzar dos frases, esta representante del Ministerio Público, me indica que sería posible conformar a 12 meses multa (la mínima imponible). Le indico que mi cliente no trabaja, que es estudiante y que por lo tanto le sería muy complicado atender al pago de la multa por lo que preferiría hacer trabajos en beneficio de la comunidad y, sin ningún tipo de duda, me dice que en ese caso solicitará la máxima, esto es 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Tras unos segundos, pues evidentemente no me esperaba esa respuesta, le expresé mi sorpresa indicándole que en la mayoría de las ocasiones había conformado a la mínima de trabajos, que de hecho era práctica habitual en otras sede como por ejemplo Plaza Castilla.

 

La Sra. Fiscal rápidamente me dice que no va a discutir, que es lo que hay, que ese es su criterio y en palabras llanas, que son lentejas.

 

Evidentemente tanta prepotencia reconozco me dejó fuera de juego, máxime cuando la Sra. Fiscal me pide una pena desproporcionada atendiendo a las circusntancias del caso, forzando con ello a mi representada a optar por la pecuniaria, sabiendo además de buena mano que ningún Juez la impondría al no haber circunstancias que agraven la responsabilidad, sin embargo esta señora, porque ella lo vale, busca a toda costa con esa injusticada e ijustificable postura el desembolso económico.

 

Con la angustia de tener que comunicar a mi joven cliente las inesperadas noticias, subo de nuevo al Juzgado, anunciando que no puedo confirmar si se llegará al acuerdo, pues la madre debe valorar si puede ayudar a su hija abonando la multa propuesta. Al cabo de unos minutos me confirman que aceptan la pena de multa de 12 meses, que en la sentencia se quedaría en 8 meses a razón de 4 euros diarios.


El personal del Juzgado me invita a comunicar el acuerdo a la Sra. Fiscal para lo que bajo de nuevo a la Fiscalía, teniendo la fortuna de encontrarme allí a una buena compañera y amiga a la que le expongo la situación quedando igualmente extrañada, momento en el que aparece la negociadora de la fiscalía a la que le insisto en la necesidad de minorar la pena de trabajos en beneficio, pues es injusto que de optar por la multa se acuda al mínimo y si se hace por los trabajos al máximo, y ante ambos letrados, reiterando su propuesta, me expresa de nuevo que no entraría en discusiones.

 

No puedo plasmar mis iniciales pensamientos pues sin duda me acarrearían algún problema.

 

De vuelta al despacho, sin haber tomado ningún café en buena compañía, se empiezan a atar cabos. Lo que se necesita en estos tiempos de crisis es dinero y llega a ser indiferente la forma de conseguirlo, aunque con ello se pueda llegar a vulnerar algún derecho, que inclusive pudiera ser considerado fundamental.

 

Así las cosas y mientras esta situación perdure, debemos ser conscientes que los acuerdos serán más fácilmente alcanzables, si parten de la aportación de efectivo al erario público por parte del penado, lo que sin duda provoca que se acentúe la coexistencia de dos justicias, la de ricos y la de pobres.

 

Espero equivocarme en mi reflexión y que lo sucedido se deba a un mal día de la representante del Ministerio Público.

 

 

Sería lamentable que el Ministerio Fiscal, garante de la correcta aplicación de la ley, pierda su loable función para asumir funciones de mero recaudador.


José Valero Alarcón

Abogado

ABOGADO MULTIDISPLINAR EN MURCIA


DERECHO PENAL: Asistencia a Detenidos, Violencia de Genero, Coacciones, Agresiones, Apropiaciones Indebidas, Robos, Hurtos, Accidentes de Trafico, ect.

 

DERECHO PENITENCIARIO: Recursos, Modificaciones de Grado, Libertad Condicional, etc.

 

DERECHO LABORAL: Despidos, Reclamacion de Salarios, Incapacidades Laborales, etc.

 

DERECHO ADMINISTRATIVO: Recursos, Multas, Extranjeria, Procedimiento Contenciosos.

 

DERECHO CIVIL GENERAL: Reclamacion de Cantidades, Desahucios, Redaccion y Resolcuion de Contratos, Propiedad Horizontal, Incapacitaciones, ect.

 

DERECHO MATRIMONIAL:  Divorcios, Separaciones, Procedimientos de Guarda y Custodia, Reclamacion de Pension de Alimentos, ect.

 

DERECHO SUCESORIO: Herencias, Liquidacion de Impuestos de Sucesiones, etc.

 

Os acompañamos los criterios dados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a raiz de la reforma operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, al haber modificado de manera sustancial la regulación en la LEC entre otros aspectos en lo referente a los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

 

Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí. 

 


 Para ver el texto íntegro dela sentencia, pulsar aquí.

1. El Sr. Garzón como acusado

 Pocas personas públicas tienen tantos seguidores y detractores como el Sr. Garzón, entrar en dar o quitar la razón de sus actuaciones y trayectoria pública es labor llamada al fracaso. El abanderado idealizado de unos, sólo recibe el recelo y suspicacias de otros. Hay cuestiones que escapan a la conversación y se enraízan en las creencias y sentimientos particulares. Por ello dejo su sombra y su figura histórica a otros, y sólo voy a tratar de una forma resumida -sin entrar en el detalle de la abundante jurisprudencia y documentación incluida- de una cuestión relativa a D. Baltasar Garzón Real,… la reciente sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la conocida sentencia en relación a las escuchas de las conversaciones entre abogado y cliente, en la que se le condena,

“como autor responsable de un delito de prevaricación del artículo 446.3º, en concurso aparente de normas (artículo 8.3) con un delito del artículo 536, párrafo primero, todos del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal, y once años de inhabilitación especial  para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, ..”

 

2. El origen del proceso

 Ya hemos contado el final de la partida, pero retornemos a un punto anterior, su principio inmediato. Este se halla en una querella interpuesta por acusación particular, la cual al estar dirigida contra una persona aforada -al ser el Sr. Garzón magistrado de la Audiencia Nacional- fue competente el Tribunal Supremo para su instrucción, designándose un Magistrado como instructor quien admitió a trámite la querella.

 

 Puesto el tablero, las partes comenzaron a comparecer y mover sus piezas, así el Ministerio Fiscal y la defensa del querellado se opusieron infructuosamente a la admisión de la querella, posteriormente se personaron otras acusaciones particulares hasta un total de tres. Acordándose proseguir la causa por los delitos de prevaricación y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

 En una nueva ronda de movimientos, y tras las numerosas diligencias de instrucción, el Juez Instructor acordó la apertura de juicio oral, desoyendo al Ministerio Fiscal que solicitaba el sobreseimiento libre al no estimar existencia de delito. Acordándose la celebración del juicio oral.

 

3. Los Hechos que han dado lugar al proceso, y el posterior juicio

 Los peones habían avanzado y tomado posiciones en el tablero, dominando o amenazando diversas partes del mismo. ¿Pero en qué tablero, en qué situación y hechos, nos encontramos? ¿Qué historia nos ha arrastrado a esta situación?

 

 Siendo el Sr. Garzón instructor de unas Diligencias en las que se investigaban unos posibles delitos de blanqueo de capitales, de defraudación fiscal, de falsedad, de cohecho, de asociación ilícita y de tráfico de influencias, con varios imputados en la causa considerados integrantes de una organización delictiva; dando lugar a una investigación compleja, con gran actividad de los encargados de la investigación, el Ministerio Fiscal y el propio Sr. Garzón. Produciéndose frecuentes informaciones verbales por parte de los funcionarios de policía ante los fiscales y el Sr. Garzón, poniéndoles en conocimiento del estado y avances de la investigación.

 Según las informaciones policiales, era de suponer que a pesar de encontrarse los principales investigados en prisión provisional continuaban realizando nuevas acciones de blanqueo de capitales, y otras actividades ilícitas. Considerando los funcionarios de policía que en estas actividades ilegales podrían estar interviniendo algunos de los abogados que formaban parte de un despacho profesional. Pero sin constar en tales diligencias ningún indicio inculpatorio contra ningún abogado, ni se identificaba a ningún abogado sospechoso de tales actividades.

 

 El Sr. Garzón, dictó auto de 19/02/2009, el cual disponía…” ordenar la observación de las comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos, y con carácter especial, las que mantengan con el letrado…., previniendo el derecho de defensa… siendo los funcionarios de la Policía Judicial los únicos competentes para proceder a la escucha y transcripción de las conversaciones, así como a la conversación de los soportes,… Requerir a la Unidad encargada de la investigación a remitir a este Juzgado las transcripciones más significativas de las conversaciones (literales),.. informar sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio; y si las imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y respecto a qué personas, y en lo referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.”

 Haciendo referencia el mismo auto al art. 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, la cual dispones que las comunicaciones de los internos con el abogado defensor no pueden se suspendidas salvo por orden la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.

 

 Este auto, resultó sorprendente para la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que solicitó aclaración respecto a si las comunicaciones con los letrados, a las que se refería expresamente el auto, debían ser grabadas, recibiendo contestación afirmativa;  y también a los funcionarios policiales que solicitaron del Sr. Garzón que aclarase el significado de la expresión “previniendo el derecho de defensa” , a lo cual les respondió que deberían proceder a recoger las cintas, escuchar lo grabado, transcribir todo su contenido y proceder a su entrega al juzgado, ocupándose él de lo que procediera. Sin dar instrucción alguna respecto a excluir de las grabaciones ninguna conversación, ni de la imposibilidad de utilizar en la investigación ninguna parte de la información recogida en las mismas.

 

 Al dictar el auto de fecha 19/02/2009, el Sr. Garzón sabía que este implicaba que las comunicaciones de los internos que iban a ser intervenidas, grabadas y escuchadas, incluyendo las que llevaran a cabo con todos los letrados expresamente llamados por los imputados en prisión provisión, sin excepción alguna. Afectando tanto a los letrados ya personados, como a los que pudieran personarse en el futuro como defensores de los internos, aún cuando al momento de firmar la resolución su identidad fuera desconocida y por lo tanto, no se pudieran conocer y valorar ningún indicio que pudiera existir contra estos.

 El auto no mencionaba la identidad de los letrados sospechosos, ni indicio alguno en contra de los mismos.

 

 En fecha 02/03/ 2009 dos de los detenidos designaron nuevos letrados, a pesar de lo cual el Sr. Garzón no dictó medida alguna que alterase las órdenes previas, permitiendo que se grabaran las comunicaciones de los nuevos letrados con sus defendidos.

 

 Entre las comunicaciones intervenidas, objeto de informe realizado por funcionarios policiales, figuran conversaciones -a las que se hace referencia expresa en el informe policial- entre las que figura una relativa a la estrategia de defensa pactada por los letrados en relación con uno de los hechos investigados. Dando lugar a un informe que aparece foliado en la causa ocupando un lugar anterior a la declaración de uno de los imputados, del mismo día de la entrega del informe, sin aparecer expresamente que se realizara pregunta alguna directa con el contenido de esta conversación.

 

 En fecha 13/03/2009, los funcionarios policiales, presentaron un nuevo informe comunicando el resultado de la intervención de las comunicaciones de los detenidos, incluyendo las conversaciones con sus letrados defensores, solicitando prórroga de la intervención acordada, y ello sin aportar indicios concretos de una posible actuación delictiva de ninguno de los letrados defensores.

 El Ministerio Fiscal emitió informe destacando que una parte importante de las transcripciones se referían en exclusiva a estrategias de defensa, debiendo ser excluidas del procedimiento, no oponiéndose a la prórroga de la intervención, y solicitando la salvaguarda del derecho de defensa de los detenidos.

 

 En fecha 20/03/2009, conociendo el informe del Ministerio Fiscal y la incorporación de nuevos letrados defensores, el Sr. Garzón dictó un auto ordenando prorrogar las intervenciones previas, sin excluir de los autos las conversaciones habidas entre los detenidos y sus letrados, que según el Ministerio Fiscal debían excluirse, y sin añadir ninguna cautela especial para salvaguardar el derecho de defensa, salvo una mera referencia… “previniendo el derecho de defensa” Sin darle contenido ni desarrollo alguno.

 Siendo conocedor el Sr. Garzón que la prórroga afectaría nuevamente a todas las conversaciones detenido-letrado, de todos los letrados, sin hacer diferencia o aportar indicio justificativo de actividad criminal alguna sobre ninguno de los letrados personados en la causa.

 

 A consecuencia de este auto, el Ministerio Fiscal emitió informe reiterando lo solicitando en su informe previo, e interesando ... “que, en lo sucesivo, se excluyan de la causa todas aquellas comunicaciones que se refieran exclusivamente al ejercicio del derecho de defensa de aquellos ..”

 El mismo día, 27/03/2009 se dictó nuevo auto el cual excluía de los autos las conversaciones mantenidas entre los imputados y sus letrados que se referían en exclusiva a estrategias de defensa. Dando el Sr. Garzón órdenes verbales a uno de los funcionarios encargado de la tramitación que siguiera las instrucciones del represente del Ministerio Fiscal que en esos momentos se encontraba en el juzgado para suprimir distintos párrafos de las transcripciones de las conversaciones mantenidas por los internos y sus abogados defensores.

 

 El auto fue ejecutado, y a consecuencia se intervinieron todas las conversaciones entre los letrados y sus defendidos, siendo grabadas, escuchadas por la policía, transcritas, y entregadas al Sr. Garzón como juez y al Ministerio Fiscal.

 

  Así pues, los hechos acaecidos ya están claros:

 En una investigación económica de gran complejidad el Sr. Garzón, como juez instructor, acordó la intervención de todas las comunicaciones que tuviesen los imputados detenidos, incluyendo expresamente las conversaciones con sus letrados defensores a pesar de no aportar prueba alguna implicando a ninguno de los letrados en que estuviese aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer nuevos delitos.

 Habiendo tenido que insistir en dos ocasiones el Ministerio Fiscal a fin de conseguir excluir de la causa las transcripciones de las estrategias de defensa de los diversos imputados en la misma, por considerar que con ello se estaba perjudicando el derecho de defensa de los imputados.

 A lo que la acusación particular estima: Que el Sr. Garzón ha incurrido en el delito de prevaricación judicial, y un delito de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

 

 Este es el tablero, y la historia que nos arrastró hasta la celebración del juicio.

 

4. Las pruebas durante la celebración del juicio ante el Tribunal Supremo

 La celebración del juicio fue ampliamente seguida por los medios de comunicación, televisión, prensa y medios digitales estuvieron atentos al mismo, como a su percepción por la sociedad.

 Los primeros enfrentamientos… La defensa del Sr. Garzón presentó al inicio del juicio una serie de cuestiones previas, recusaciones de magistrados, solicitud de pruebas, la mayoría sin más base o fundamento que el noble arte de protestar por protestar,… y ante la solicitud de incorporar a autos las transcripciones de las grabaciones excluidas del proceso de instrucción la Sala, responde,… “… no es preciso conocer el contenido completo de las conversaciones mantenidas entre los internos en el centro penitenciario y sus letrados defensores. Pues para establecer una lesión material al derecho de defensa, es suficiente con la demostración de que esas conversaciones o comunicaciones fueron intervenidas por quienes participaban en la investigación penal de los hechos.

 … se suprimieron varias conversaciones que habían sido grabadas, mantenidas entre los internos y sus letrados defensores, porque el propio acusado,.. entendió que afectaban al derecho de defensa.… Además, si se suprimieron por afectar al derecho de defensa, es claro que su incorporación a la prueba supondría ahora una nueva vulneración de la confidencialidad entre letrado y defendido.”

 Con lo que vemos que la cuestión determinante del proceso según la Sala no es el contenido de las grabaciones y si afectaban o no al Derecho de Defensa, el cual es lesionado por intervenir las conversaciones entre el interno y su abogado por quienes participaban en la investigación penal de los hechos, sino si estaba justificada o no la medida de acordar la intervención de las comunicaciones entre los internos y sus letrados.

 

 Llegados ya a la fase probatoria propiamente dicha, aparte de las cuestiones documentales se oyeron algunas de las grabaciones realizadas que no habían sido excluidas de los autos, testificaron los policías y el Sr. Garzón fue interrogado, sin que este aportase ningún indicio de actuación criminal por parte de ninguno de los abogados de los internos cuyas comunicaciones fueron intervenidas; con lo que en ningún momento del proceso se ha identificado a los letrados sospechosos ni se ha aportado indicio o prueba alguna en contra de ninguno de ellos.

 

5. El delito de Prevaricación

 Para apreciar un delito de prevaricación, como el achacado al Sr. Garzón, tal y como requiere el art. 446.3 CP, se precisa haber dictado, a sabiendas, una sentencia o resolución injusta. Debiendo recordar que los poderes públicos, el judicial inclusive, están sometidos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico sin poder sustituir la ley por las preferencias o principios particulares, y como bien dice la Sala,

“ .. En un sistema democrático como el regulado en la Constitución española, el Poder judicial se legitima por la aplicación de la ley a la que está sujeto, y no por la simple imposición de sus potestades. De manera que el Estado de Derecho se vulnera cuando el juez, con el pretexto de aplicación de la ley, actúa solo su propia subjetividad concretada en una forma particular de entender la cuestión a resolver, y prescindiendo e todos los métodos de interpretación admisibles en derecho, acoge un significado irracional de la norma, sustituyendo así el imperio de la ley por un acto contrario de mero voluntarismo. La superación del simple positivismo, que pudiera conducir a actuaciones materialmente injustas, resulta de la Constitución y, especialmente, de sus normas sobre derechos fundamentales, que constituyen al tiempo una guía interpretativa y un límite infranqueable.”

 

¿Pero cuándo surge una sentencia o resolución injusta?

 La ley admite, y la jurisprudencia es buena prueba de ello, numerosas interpretaciones divergentes, siendo lícito que el juez pueda optar, según las particularidades y circunstancias del caso por una u otra interpretación. Y sólo puede surgir el supuesto de una resolución injusta cuando se produce una absoluta colisión de la actuación judicial con las normas aplicables al caso, cuando la decisión cuestionada no puede ser explicada mediante ninguna interpretación razonable efectuada con los métodos propios admitidos en Derecho.

 Como bien dice la Sala, “…no puede admitirse que una resolución sea justa solo porque el juez que la dicta, sin referencia alguna a criterios objetivos, así la considere.” Si tenemos leyes es para cumplirlas y que los jueces las hagan cumplir según las propias normas jurídicas, y no según sus criterios o preferencias personales.

 

¿Sabía el Sr. Garzón que sus resoluciones eran injustas?

 Para ser un delito, el actor debe ser consciente de la ilegalidad, debe actuar a sabiendas que sus actos se apartan del principio de legalidad y que no se encuentran amparados en una interpretación razonable de la ley, imponiendo su propia voluntad sobre la aplicación e interpretación racional de esta. Cuestión que se convierte en fundamental en este caso

 Lo cual debe valorarse conjuntamente con el hecho que el Sr. Garzón como juez resulta ser un técnico experto del derecho, y por tanto se le presume conocedor del derecho y la ciencia jurídica; el Sr. Garzón conocía el derecho aplicable, y si decidió apartarse de la interpretación habitual del miso, debía fundamentarla de alguna forma apropiada según las normas interpretativas del mismo.

 ¿Se separó de las normas de interpretación? ¿Justificó esta separación del común de la interpretación de la ley?

 A estas preguntas debe responder la Sala a fin de dictar sentencia.

 

6. El Derecho de Defensa

 Si bien ya tenemos los hechos, y el argumento esgrimido contra el Sr. Garzón, también debemos buscar y entender el bien o derecho que se supone vulnerado según la acusación para determinar si realmente ha sido vulnerado; el derecho de defensa

 Nos encontramos en un procedimiento penal, donde el Derecho de Defensa es especialmente protegido dada la naturaleza de la pérdida de libertad a la que puede llevar una sanción en esta jurisdicción. El derecho de defensa, se desarrolla principalmente mediante la asistencia letrada y es reconocido como un derecho fundamental en nuestra constitución. Así que, como indica la Sala ”…la pretensión legítima del Estado en cuanto a la persecución y sanción de las conductas delictivas, solo debe ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del poder por los derechos que corresponden a  los ciudadanos en un Estado de derecho. Nadie discute seriamente en este marco que la búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia”

 

 Nuestro sistema penal se basa en el principio acusatorio y la presunción de inocencia, siendo necesario que el acusado conozca la acusación y pueda defenderse de ella adecuadamente. Siendo necesario el Derecho de Defensa, puesto que de no existir, o no poder ejercerse adecuadamente, no habría defensa sino una apariencia de juicio seguida de la resolución o condena consecuente.

 La confidencialidad, o secreto, de las comunicaciones entre el imputado y su letrado defensor es elemento básico del derecho de defensa, debiendo ser protegido ya que de no poder mantener esta confidencialidad la asistencia jurídica prestada perdería gran parte de su utilidad con un  perjuicio directo para el imputado; habiendo sido reconocido por la jurisprudencia nacional y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

 Para causar un perjuicio directo al derecho de defensa no es necesario un aprovechamiento expreso de la información obtenida al intervenir las conversaciones entre abogado y detenido, basta con la ventaja que supone a los intervinientes en la investigación el conocer de las confidencias entre ambos; así es posible conocer qué líneas de investigación o pruebas pueden ser efectivas o no, la defensa que se va a presentar por el imputado, o incluso las impresiones, necesidades, debilidades o preocupaciones de este. Aunque no se haga uso directo de la información el hecho de conocerla supone una ventaja o superioridad grave sobre el imputado, privándole de defensa o llevándole a situaciones insostenibles. Es la propia intervención sobre una relación básica para el ejercicio del derecho de defensa la que determina su vulneración.

 Además, el secreto profesional de letrado también implica el derecho del cliente a que no se revele a terceros las confidencias realizadas al mismo, derecho que se ve completamente vulnerado en el caso de intervenir las conversaciones entre el imputado y su abogado defensor.

 

7. Los límites del Derecho de Defensa

 Los derechos no son absolutos, y el fin de un derecho es el principio de los demás derechos. Incluso el Derecho de Defensa tiene límites, pudiendo ser restringido por motivos válidos, como está previsto en el Art. 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que en su punto 2, que se refiere a la posibilidad de limitar a la confidencialidad de las comunicaciones de un interno y su abogado.

 Lo ordenado por el Sr. Garzón fue una intervención de las comunicaciones interno-letrado, que incluyen todas las mantenidas con el letrado defensor, se afectó necesariamente al derecho de defensa del interno. Y siendo fácilmente posible diferenciar las comunicaciones con los abogados de las mantenidas con otras personas, no se hizo así, sino que se decidió intervenirlas deliberadamente.

 

 Este artículo fue objeto de una relevante sentencia del Tribunal Constitucional, la STC 183/1994, la cual distingue dos clases de comunicaciones, las generales entre el interno y determinada clase de personas entre las que figuran los familiares y las específicas, que son las que el interno mantiene con su abogado defensor o con el abogado llamado expresamente en relación con asuntos penales, y también determina al interpretar, Sentencia en la que se ha basado una clara jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la STS 538/1994

“.. excepcionalmente  y sin que dicha excepción pueda contagiarse al resto del sistema, en el ámbito personal exclusivo de los supuestos de terrorismo, y en todo caso con la especial garantía de la orden judicial previa, naturalmente moderadora de la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida en cada caso concreto, el art. 51.2 LOGP faculta para la intervención de este tipo de comunicaciones singulares (refiriéndose a las mantenidas entre internos y letrados defensores)”

 Así, la ley y la interpretación dada por la jurisprudencia del TC y el TS a la misma, permite al juez realizar estas intervenciones con las condiciones de ser una medida proporcionada y motivada -no cabiendo su realización por motivos o argumentos que resulten vagos, difusos o indeterminados, o meramente especulativos, o apoyándose en la gravedad del delito imputado- debiendo existir indicios de que el ejercicio de la defensa y la condición de abogado están siendo utilizadas para la comisión de nuevos delitos, y tratarse exclusivamente de supuestos de terrorismo.

 

8. Explicaciones del Sr. Garzón

 La defensa del Sr. Garzón obviamente no se quedó callada, y en respuesta dispuso una ofensiva de sus piezas a fin de contrarrestar su escaso despliegue táctico y falta de fuego ofensivo, así mostró los secretos que ocultaban sus piezas.

 

 Se alegó la existencia del anteproyecto de una nueva regulación del proceso penal, realizado por el anterior Gobierno, que tras las últimas elecciones y el consecuente cambio de Gobierno ha quedado en un montón de hojas que muestran un proyecto sin futuro.

 En el art. 304 de este proyecto prevé la posibilidad de intervenir las comunicaciones privadas entre el investigado y su letrado defensor -previa autorización judicial- cuando concurran indicios fundados que permitan afirmar su participación en el hecho delictivo investigado, y que el procedimiento se dirija contra ellos. Supuesto que no ha llegado a ser norma aplicable en ningún caso, y cuyos supuestos tampoco se han dado, ya que no se ha dirigido la investigación contra ningún letrado, ni se ha aportado prueba o indicio alguno en contra de ninguno de ellos.

 Con todo el respeto a la defensa, no veo qué sentido tiene el aportar un proyecto que no llega a ningún lugar, y cuyos requisitos no se han dado en este caso. Como mucho el presentar un posible futuro legislativo donde los supuestos de intervención de las comunicaciones sean más amplios y flexibles sin vulnerar el Derecho de Defensa, pero no es aplicable a este caso.

 

 Precedentes de anulación de medidas judiciales acordando intervenciones telefónicas que no han dado lugar a medidas contra los jueces que las dictaron

 Es cierto que en numerosos casos en los que se han anulado las resoluciones judiciales acordando intervenciones telefónicas no se ha tomado medidas contra el juez que las dictó. Pero en este caso no nos encontramos con una intervención telefónica, sino con la intervención de la relación entre el interno y su letrado, estando el interno sometido a la custodia de las autoridades penitenciarias; no nos encontramos con el Derecho al Secreto de las Comunicaciones o con el Derecho a la Intimidad, sino al Derecho de Defensa.

 No se trata de la validez, o no, de una prueba, sino de un elemento indispensable de la estructura de la defensa del imputado, y por tanto de un elemento básico del proceso penal del Estado de Derecho. La supresión, o vulneración del Derecho a la Defensa no afecta sólo a lo actuado hasta ese momento, sino a todo el proceso en sí. Afectando a  un derecho especialmente protegido por nuestro ordenamiento jurídico.

 Además, según examina la Sala, “…en aquellos casos se trata de resolver si lo que se consideraron indicios al acordar la restricción lo eran efectivamente o de si los considerados, siéndolo, podían tenerse por suficientes a los efectos de justificar la medida adoptada. En los hechos probados la inexistencia de indicios es absoluta.”

 Los supuestos alegados por la defensa son distintos y no comparables. No hay precedente alguno donde un juez instructor haya procedido a grabar y escuchar las comunicaciones de los internos con sus abogados defensores en el centro penitenciario sin existir ningún indicio contra los letrados. El perjuicio ocasionado resulta muy diferente entre los supuestos alegados y el que nos ocupa, no hay término de comparación. Así la defensa nos ha mostrado que en otros supuestos no se ha dado lugar a una sanción contra el juez, como la que se solicita en este proceso, pero no ha establecido un argumento que permita superar estas diferencias tan significativas, y aplicar a este caso una sanción más leve que la solicitada por la acusación particular en caso de apreciarse la comisión del delito que se imputa al Sr. Garzón.

 

No se intervinieron las comunicaciones de los letrados sino las de los internos.

 La defensa argumenta que no se intervinieron las comunicaciones de los letrados, sino las de sus clientes internos en el centro penitenciario. La primera imagen que viene a mi mente es la de un chiste gráfico de unos famosos detectives del tebeo español, pero sigamos comedidos y tratemos seriamente este asunto.

 Los internos en un centro penitenciario tienen el derecho a comunicarse con sus letrados defensores o con los letrados que sean expresamente llamados por ellos, mientras se encuentran privados de libertad este es el principal y casi exclusivo medio de su Derecho de Defensa. Estando expresamente regulada la intervención de estas comunicaciones mediante el art. 51.2 LOGP, que protege las comunicaciones entre el interno y el letrado, independientemente de otros tipos de comunicación que también asisten a los internos.

 Siendo destacable que los autos dictados por el Sr. Garzón se referían expresamente a las comunicaciones de los internos con los letrados, de no haberse acordado expresamente no se habrían intervenido estas comunicaciones.

 Es cierto que no se han intervenido las comunicaciones telefónicas de los letrados con terceras personas, podríamos discutir si se puede tomar como un indicio que no había pruebas suficientes contra los abogados que justificase la intervención de sus conversaciones telefónicas privadas. Pero lo que es claro es que no acredita de forma alguna que fuera correcta la intervención de las comunicaciones entre los internos y sus letrados, ni la justifica moralmente en modo alguno.

 

Validación de los actos del Juez Instructor por la Policía y el Ministerio Fiscal.

 Los funcionarios policiales expresaron al Sr. Garzón como juez instructor de sus sospechas acerca de que los internos siguieran cometiendo delitos económicos a pesar de estar internos, pero en ningún momento validaron las decisiones del Sr. Garzón. Inclusive le pidieron explicaciones acerca del alcance de la preservación del Derecho de Defensa.

 El Ministerio Fiscal se opuso en dos ocasiones al alcance dado por el Sr. Garzón a las medidas de intervención de las comunicaciones de los internos, oponiéndose a su extensión a las conversaciones mantenidas con los letrados que les representaban.

 Y no solo la actuación del Sr. Garzón no fue validada, ni por la Policía ni por el Ministerio Fiscal, sino que ninguno de ambos puede validar o justificar las actuaciones del Juez Instructor. Es precisamente el Juez Instructor quien tiene el deber de velar por los Derechos de los imputados, siendo él el responsable de ello. No puede justificarse en una autorización o visto bueno que ni llegó a existir, ni hubiera sido significativa en caso de haberse dado.

 

Acordar la intervención de las comunicaciones porque no había otra solución para impedir que se continuase con la actividad delictiva

 La ausencia de cualquier indicio que implicase a los letrados en actividad criminal alguna, ni habiéndose expuesto argumentación alguna al respecto, hace imposible la reducción o supresión del Derecho a la Defensa de los internos en un centro penitenciario.

 La Sala indica, “una argumentación de esta clase, así planteada en abstracto, en tanto justifica la restricción de derechos fundamentales sobre la base de una consideración absolutamente inmotivada respecto de su necesidad, conduce a la desaparición de la posibilidad de controles efectivos sobre el ejercicio del poder, lo que afectaría a la  misma esencia del Estado Democrático de Derecho. En este sentido no puede aceptarse como motivación la simple suposición de que los sospechosos continuaban cometiendo delitos. O la mera posibilidad de que lo hicieran.”

 

Salvaguarda del derecho de defensa

 El alcance de la cláusula relativa a la salvaguarda del Derecho de Defensa, ha carecido de efecto alguno, dice la Sala.“…quedó reducida a su simple aparición en la resolución, pues no se acordó ninguna medida para hacerla efectiva...”

 Además del propio alcance de la medida acordada judicialmente, interviniendo las conversaciones entre los internos y sus abogados defensores han resultado escuchadas por la policía, el juez instructor y el ministerio fiscal. Que algunas hayan sido excluidas de los autos no evita el daño causado por el hecho de que han sido objeto de conocimiento por aquellos que precisamente estaban dirigiendo la causa contra los internos, y que han afectado necesariamente al desarrollo de la investigación durante la instrucción.

 

 Las piezas de la defensa abrieron fuego de salvas, llenando el campo de humo y estruendos que retumbaron a través de los medios, surgiendo ríos de prensa con unas u otras declaraciones, provocando los ecos de amigos y contrarios a su causa.  Algunas imágenes serán difíciles del olvidar, pero sus argumentos no lograron afectar a las piezas contrarias ni hacerlas retroceder.

 Estas argumentaciones de la defensa no fueron apreciadas por la Sala, y a mi parecer fue correcta su desestimación; la decisión del Sr. Garzón fue contra derecho, voluntaria, no ha justificado que se diera ninguno de los requisitos necesarios para la intervención de las comunicaciones entre el interno y su letrado defensor, ni tomó medidas que permitieran salvar el derecho de defensa de los internos.

 

9. Concluyendo

 El Sr. Garzón durante la investigación de una serie de delitos económicos decidió la intervención de las comunicaciones entre los internos y sus abogados, tanto sus abogados defensores como cualquier abogado que se entrevistase con ellos en el recinto penitenciario. Decisión que vulneraba el Derecho de Defensa de los internos, especialmente el secreto de las comunicaciones entre el interno y su letrado defensor, prescindiendo de los requisitos del supuesto previsto en el art. 51.2 LOGP para dicha medida de investigación;

 

- Esta medida sólo está prevista ser aplicada en la investigación de delitos de terrorismo en los que el ejercicio de la defensa y la condición de abogado estén siendo utilizados para la comisión de nuevos delitos; y en ningún momento se ha intentado siquiera alegar o justificar actividad terrorista alguna.

- Esta medida requiere que se aporten indicios racionales de que el ejercicio de la defensa y la condición de abogado están siendo utilizadas para la comisión de nuevos delitos de terrorismo; sin que se haya aportado indicio alguno de que se estuviese utilizando las comunicaciones con los internos para la comisión de ningún delito.

 

- Las medidas acordadas implicaban la intervención de todas las comunicaciones de los internos con todos los letrados, de forma que afectaba a cualquier letrado defensor, designado o que fuese designado en un futuro.

 

- Ninguno de los métodos de interpretación del derecho admitido, hubiera permitido al Sr. Garzón concluir de forma razonada que era legalmente posible restringir el Derecho de Defensa de los internos tal y como él ordenó.

 El Sr. Garzón realizó una interpretación de la ley según la cual podía intervenir las comunicaciones entre el imputado preso y su letrado defensor basándose únicamente en la existencia de indicios respecto a la actividad criminal del preso, sin considerar necesario que tales indicios afectaran a los letrados. Siendo plenamente conocedor de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que limitan claramente la intervención de las comunicaciones entre interno y letrado defensor, por su condición de experto jurídico y por el propio uso de las categorías jurídicas asentadas en la propia jurisprudencia de la que prescinde al dictar estas medidas de intervención.

 No se ha producido una interpretación errónea de la ley, sino un acto arbitrario, carente de base legal y que prescinde de las garantías constitucionales reconocidas a los imputados internos.

 

 

 La Sala pronuncia unas palabras claras y duras, respecto a la injusticia de la decisión y el alejamiento de estas decisiones del la interpretación del Derecho,

“En el caso, el acusado causó con su resolución una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectado anejos al mismo,… una laminación de esos derechos, situando la concreta actuación jurisdiccional que protagonizó,…  al nivel de sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados desde la consagración y aceptación generalizada del proceso penal liberal moderno, admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido.

 

… arbitrariamente restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable…

 

.. la doctrina del tribunal Constitucional .. y de esta Sala del Tribunal Supremo, … rechaza expresamente la interpretación acogida por el acusado, y sin que su opción interpretativa viniera acompañada de un mínimo razonamiento explicativo de las razones que la sustentaban .. un acto de mero voluntarismo que, por sus contenido, se alejaba de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho causando un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable ..”

 

 Aparte de las palabras en pro o en contra, debemos considerar que expresiones tan usadas y gastadas como Imperio de la Ley o Estado de Derecho implican un cuidado y deber extremos por aquellos que son garantes de los mismos. No podemos dejarnos llevar por un mecanicismo que desvirtúe las posibilidades de la justicia al caso; pero no por ello debemos dejar la puerta abierta, o simplemente cerrar los ojos, cuando la búsqueda de la justicia se hace a cualquier precio o prescindiendo de los derechos y garantías de los imputados.

 Si nosotros como administrados tenemos nuestros derechos, es gracias a los límites a los que los administradores de la justicia están sujetos, y si empezamos a prescindir de ellos por conveniencia o simpatía, estamos desgastando la fuerza de nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución hasta la última de las actuaciones administrativas.

 Si por un defecto o limitación de nuestras normas jurídicas no podemos hacer justicia en un caso concreto, más nos vale aceptarlo y poner remedio rápido a ello, puesto que tomarnos la justicia por nuestras manos prescindiendo de los requisitos y trámites pertinentes sólo ha llevado a desastres y situaciones mucho peores como nos muestra la Historia.

 

Por Joan Carpi Palliser

Abogado en Palma de Mallorca


 Legislación relacionada.

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Artículo 51. LOGP

1. Los internos autorizados para comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial.

Estas comunicaciones se celebrarán de manera que se respete al máximo la intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento.

2. Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.

3. En los mismos departamentos podrán ser autorizados los internos a comunicar con profesionales acreditados en lo relacionado con su actividad, con los asistentes sociales y con sacerdotes o ministros de su religión, cuya presencia haya sido reclamada previamente. Estas comunicaciones podrán ser intervenidas en la forma que se establezca reglamentariamente.

4. Las comunicaciones previstas en este artículo podrán efectuarse telefónicamente en los casos y con las garantías que se determinen en el Reglamento.

5. Las comunicaciones orales y escritas previstas en este artículo podrán ser suspendidas o intervenidas motivadamente por el director del establecimiento, dando cuenta a la autoridad judicial competente.

 

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Artículo 579. LECRIM

1. Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

2. Asimismo, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

3. De igual forma, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.

4. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el número 3 de este artículo podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación.

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Artículo 446. Código Penal

El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado:

Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por falta.

Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.

 

Artículo 536. Código Penal

La autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.

Si divulgare o revelare la información obtenida, se impondrán las penas de inhabilitación especial, en su mitad superior y, además, la de multa de seis a dieciocho meses.

INFORMACIÓN SOBRE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS DE EXTRANJERÍA EN MADRID.


Os acompañamos listado actualizado, a enero de 2012, de los lugares, teléfonos y horarios en los que presentar las solicitudes relativas a permisos de ciudadanos extranjeros en la Comunidad de Madrid.

 

Si no se visualiza el Documento, pulsar aquí. 

 


 

Recientemente, el Juzgado de lo Mercantil N° 10 de los de Barcelona declaró en Auto de fecha 1 de febrero el concurso voluntario de Spanair.

 

Escasamente unos días antes saltó a los medios de comunicación social la información apresurada del repentino cese de actividades de la compañía y la inestabilidad de la situación de los trabajadores de la misma y empresas vinculadas.

 

Ante esta situación los trabajadores, quienes parecen no recibir más comunicados o información que la vertida en los medios, pueden encontrarse asistiendo a su lugar de trabajo sin percibir su salario o tan solo parcialmente.

 

Brevemente, expongo la consulta realizada al despacho y la recomendación a la misma.

 

No es conveniente abandonar el puesto de trabajo, ya que el trabajador estaría renunciando a la percepción de la indemnización por despido y a la prestación por desempleo, al tratarse de una baja voluntaria. A menos que la situación de impagos se prorrogara varios meses y acaeciera inactividad por parte de la empresa, se ha de mantener el puesto y las obligaciones inherentes al mismo, en este caso, la disponibilidad a cualquier instrucción por parte de la empresa. Siendo que se ha interpuesto solicitud de concurso voluntario, interesando la liquidación de la compañía y acompañando un expediente de regulación de empleo, no nos encontramos ante un caso de inactividad que de lugar, juntamente con el impago, a la posibilidad de resolver la relación laboral.

 

El expediente de regulación de empleo, ya iniciado y en trámite de periodo de consultas entre los representantes de los trabajadores, la compañía y la administración concursal, contempla la extinción de la totalidad de los contratos de trabajo. Una vez se recabe informe de la Autoridad Laboral y sin perjuicio de los recursos que procedan, el Juez dictará Auto resolviendo los contratos de trabajo y reconociendo el derecho a percibir una indemnización de 20 días laborales por año trabajado. A partir de este momento podrá el trabajador solicitar la prestación por desempleo teniendo en cuenta el tiempo cotizado a la Seguridad Social.

 

En este caso, como todo indica que la empresa no podrá atender las indemnizaciones y salarios adeudados al trabajador, será el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), quien se haga cargo de ellas.

 

Que el FOGASA asuma las cantidades debidas por la empresa no se produce automáticamente, requiere la solicitud del interesado, por más que la normativa contemple que podrá iniciarse de oficio el procedimiento. Dada la especial trascendencia de este concurso, como recoge el Auto de declaración, podría iniciarse de oficio, pero no se recomienda una actitud expectante sino proactiva en aras a evitar la pérdida de derechos o un retraso en el cobro (aproximadamente en estos días se estima un plazo de siete meses).

 

Con referencia a la cuantía indemnizatoria por despido, el trabajador habrá de adjuntar a la solicitud copia testimoniada de la resolución judicial firme que resuelva el expediente de regulación de empleo y por lo que respecta a los salarios debidos habrá de adjuntar certificación de la administración concursal comprensiva de las cantidades y conceptos reconocidos y adeudados.

 

Por último significar que la representación sindical de los trabajadores podrá gestionar y colaborar en su tramitación conjunta.

 

Por Diego Coronado Mansilla

Abogado Laboralista en Palma de Mallorca

  LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL



Los objetivos de la reforma:

 

 - Frenar la destrucción de empleo.


  -  Sentar las bases para la creación de empleo estable.


   - Empleo de más calidad.


   - Flexibilidad interna en las empresas para promover el mantenimiento del empleo.


    -Modernizar la negociación colectiva para acercarla a las necesidades específicas de empresas y trabajadores.


   - Reconocer un nuevo derecho individual de los trabajadores a la formación.


   - Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes y los parados de larga duración.


   - Apoyar a los autónomos y Pymes, proporcionando mayor flexibilidad y capacidad de adaptación.


    -Reforzar los mecanismos de control y prevención del fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo.


    -Combatir el absentismo laboral injustificado.



MEDIDAS  



Se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal para actuar como agencias privadas de colocación (colaboración público-privada), ya que cuentan con una amplia red de sucursales distribuidas por todo el territorio y con amplia experiencia en el mercado de trabajo. Los objetivos son los siguientes:



- Contribuir a reducir la duración media del desempleo.



- Mejorar la calidad de los emparejamientos, de forma que los trabajadores tendrán acceso a empleos más adecuados a sus características, y las empresas encontrarán a los trabajadores mejor preparados para los puestos ofertados.



- En ningún caso las Empresas de Trabajo Temporal cobrarán a los trabajadores.

 


 DERECHOS


Derecho a la formación. El objetivo es tratar de evitar que un cambio tecnológico o de otro tipo suponga el despido del trabajador, así como fortalecer la preparación profesional de los trabajadores.



- Se introduce el derecho de trabajadores con más de un año de antigüedad a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación. El contenido de la actividad formativa debe estar vinculado al puesto de trabajo.


- Se crea una cuenta formación en la que se recogerá la formación recibida por el trabajador a lo largo de su vida activa.


- Los centros y entidades de formación acreditados podrán también ejecutar directamente los planes de formación a nivel estatal y autonómico.


- Futuro desarrollo de un Cheque-Formación.



Impulso del contrato para la formación y el aprendizaje. El desarrollo de esta modalidad de contrato tiene por objeto reducir el elevado desempleo juvenil y mitigar los efectos del abandono temprano de los estudios.



- Se amplía la edad máxima para tener acceso a este tipo de contrato. Se ha tenido en cuenta la prolongación de los periodos de estudio y la elevada tasa de desempleo en el colectivo de menores de treinta años hasta que la tasa de desempleo baje del 15 por 100.


- Tras agotar un período de formación en una actividad, el trabajador podrá utilizar esta modalidad de contrato en otros sectores, lo que mejora su empleabilidad y permite una segunda oportunidad.



- El trabajador podrá recibir la formación en la propia empresa, si dispone de instalaciones y personal adecuado.

 


MÁS ESTABILIDAD EN EL EMPLEO



El objetivo es promover la contratación indefinida, especialmente en favor de los jóvenes:

Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Se trata de un nuevo contrato indefinido para Pymes y Autónomos (empresas de hasta cincuenta trabajadores). Este tipo de empresas suponen el 95 por 100 del tejido productivo. Se propone:


-  Este contrato tendrá un período de prueba de un año, lo que facilitará la contratación indefinida por parte de las PYMES y Autónomos.


- La empresa tendrá derecho a una deducción  de tres mil euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga menos de treinta años.



- Los emprendedores que contraten a un trabajador en paro podrán deducirse el 50 por 100 de la prestación por desempleo que viniera cobrando el trabajador durante un año. Por su parte, el trabajador podrá voluntariamente percibir, junto con su sueldo, el 25 por 100 de la prestación por desempleo durante el mismo periodo.



- Bonificaciones dirigidas a colectivos desempleados con especiales dificultades para su incorporación al mercado laboral. Las medidas son las siguientes:



    Para fomentar la contratación de jóvenes, con una tasa de desempleo cercana al 50 por 100: bonificación en la cuota de la Seguridad Social de hasta 3.600 euros a la contratación indefinida de jóvenes entre dieciséis y treinta años durante tres años. La bonificación se incrementa conforme aumenta la antigüedad del trabajador:



Un año: 1.000 euros

Dos años: 1.100 euros

Tres años: 1.200 euros

Se aplicarán 100 euros más al año si el trabajador es mujer en sectores donde este colectivo está poco representado.


    Para fomentar la contratación de parados de larga duración: bonificación de hasta 4.500 euros a la contratación indefinida de desempleados de larga duración mayores de 45 años (desempleados, al menos, 12 meses de los 18 anteriores):

Un año: 1.300 euros

Dos años: 1.300 euros

Tres años: 1.300 euros


Cuando los contratos se concierten con mujeres en sectores donde este colectivo está poco representado, las bonificaciones indicadas se elevan a los 1.500 euros.


Limitación del encadenamiento de contratos temporales. A partir del 31 de diciembre de 2012 se recupera la prohibición de encadenar contratos temporales más allá de los veinticuatro meses.



Modificación del contrato a tiempo parcial. Impulso de la utilización de este contrato que favorece que los trabajadores puedan compatibilizar mejor el empleo con los estudios y con su vida familiar y personal. Se admite la posibilidad de que se realicen horas extraordinarias en este tipo de contratos. Por ejemplo, es habitual esta figura en contratos de hostelería para afrontar picos de trabajo durante determinados periodos.


Regulación del teletrabajo. Se regula por primera vez en España el teletrabajo, salvaguardando el derecho a la formación de estos trabajadores. Se garantiza el derecho a una retribución equivalente a los que trabajan de forma presencial en el centro de trabajo y a ser informados de las vacantes en puestos presenciales existentes.


 FLEXIBILIDAD INTERNA EN LA EMPRESA


 Se trata de facilitar la adaptación de las condiciones laborales a la realidad de la empresa. Además, tratará de corregir la actual dualidad del mercado de trabajo, en el que una parte de los trabajadores se encuentra muy protegida frente a la otra.



Clasificación profesional y movilidad funcional. Se elimina el rígido sistema de clasificación de trabajadores por categorías profesionales y se generaliza el sistema de grupos profesionales, con lo que se facilita la adaptación de los trabajadores a nuevas funciones.



Los grupos profesionales definidos ampliamente favorecen la movilidad interna y suponen una oportunidad para que el trabajador adquiera experiencia en otros ámbitos de actividad donde sus habilidades pudieran ser semejantes o, incluso, mayores. Por ejemplo, dentro de un determinado grupo profesional, un trabajador podrá desempeñar diferentes funciones y puestos en una misma empresa.



Mejora de la movilidad y facilidad para la modificación de condiciones de trabajo:



- Movilidad geográfica, con condiciones objetivas para seleccionar a aquellos trabajadores con menores cargas familiares.



- Se facilita que un empresario pueda:



    Modificar la jornada de trabajo, el horario y sistema de rendimiento, entre otros.
   Con el objetivo de evitar el despido, se simplifican los trámites para reducir la jornada de trabajo o suspender el contrato como mecanismo de ajuste ante situaciones de disminución de la demanda. Se elimina la autorización administrativa necesaria para llevar a cabo la medida.


    Para ayudar a las empresas en situaciones económicas adversas, se establece una bonificación del 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por la suspensión o reducción de jornada, con una duración de 240 días máximo y condicionada a la estabilidad en el empleo (al menos, un año).


    Si la empresa extingue finalmente los contratos, los trabajadores no ven mermado su derecho a la prestación por desempleo, ya que se establece la reposición de las prestaciones (contador 0) hasta un máximo de 180 días. Por ejemplo, si una empresa suspende los contratos de trabajo o reduce la jornada de trabajo, los trabajadores perciben la prestación por desempleo durante el tiempo que dure la medida. En el caso de que la empresa no supere la situación y tenga que extinguir de forma definitiva los contratos, el trabajador tiene derecho a que se le repongan los días de su prestación por desempleo consumidos durante la suspensión.


Modernización de la negociación colectiva. En la línea de ahondar en la flexibilidad interna de las empresas, que haga que el despido sea el último recurso se acomete una reforma de la negociación colectiva:



- Se introduce la prioridad de los convenios de empresa, de forma que, independientemente de lo que se pacte a nivel superior, los representantes de los trabajadores y el empresario pueden consensuar un convenio de empresa que se adapte a sus necesidades y particularidades. Este acuerdo tendrá prioridad sobre cualquier otro.


- Facilitar a las empresas en dificultades la no aplicación del convenio de ámbito superior (descuelgue): en caso de que no exista acuerdo, las partes irán a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje si lo han pactado en el convenio colectivo. De no ser así, cualquiera de las partes podrá elevar el desacuerdo a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos nacional o sus equivalentes autonómicos, que nombrará un árbitro que resolverá en un máximo de veinticinco días.



- Para favorecer la negociación y la consecución de los acuerdos, las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años. A partir de esa fecha, el convenio ya no estará vigente, por lo que se pone fin a la ultractividad indefinida de los convenios.


 EFICACIA DEL MERCADO DE TRABAJO


Se busca armonizar nuestra legislación con la de los países de nuestro entorno y lograr una mayor eficacia del mercado de trabajo, de tal forma que se fomente claramente la contratación indefinida y, por tanto, se evite la dualidad laboral.

Extinción de la relación laboral por causas empresariales


- Se clarifican las causas del despido para evitar la excesiva judicialización.



- Se elimina la autorización administrativa previa, en línea con la práctica de los países europeos.


- Se abre la posibilidad de que los organismos y entidades que forman parte del sector público invoquen causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Esta medida pretende facilitar el redimensionamiento de aquellas estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante la fase de fuerte crecimiento económico y que no son sostenibles desde un punto de vista financiero en el momento actual, ni existe una previsión de que lo sean en los próximos años.



Reducción de la dualidad en el mercado de trabajo



- A partir de la reforma, se generaliza la indemnización por la extinción del contrato indefinido a 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades.


    Se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores: para los contratos antiguos, la nueva indemnización sólo será de aplicación para el periodo de trabajo que se realice a partir de la aprobación de la presente norma. Estos contratos conservan el derecho a obtener una indemnización de hasta 42 mensualidades.


    Esta nueva indemnización se aplica con carácter general SÓLO a los nuevos contratos.

- La indemnización por la extinción del contrato indefinido será de veinte días por año trabajado en caso de despido procedente por causas objetivas, con un máximo de doce mensualidades.



- El Fondo de Garantía Salarial sólo cubrirá la extinción de los contratos por despidos procedentes en Pymes.


- Se refuerza el derecho a la formación: se exige que el empresario, cuando lleve a cabo una modificación técnica a la que se deba adaptar el trabajador, le ofrezca un curso para que pueda formarse. Dicho periodo formativo suspende el contrato y el trabajador cobra su salario. Únicamente se podrá despedir al trabajador por falta de adaptación si antes se ha facilitado esta formación sin resultados.



- Se incorpora la obligación para empresas que despidan a más de 100 trabajadores de articular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo de, al menos, seis meses.



MÁS CONTROL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE



Lucha contra el fraude. El objetivo es activar mecanismos que permitan combatir el fraude y la economía sumergida. Se propone:



- Cumplimiento estricto de la Ley: Plan especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


- Se impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios de colaboración con las Administraciones públicas.


Absentismo. El objetivo es combatir comportamientos individuales de absentismo injustificado que ocasionan a la empresa un elevado coste económico y organizativo. Se propone:



- Se elimina la vinculación del grado de absentismo del trabajador y la plantilla para justificar el absentismo como causa de despido. A partir de ahora sólo se tendrá en cuenta el absentismo del trabajador.



- Mejorar la eficacia de la evaluación de la incapacidad temporal a través de las mutuas de accidentes de trabajo.



 EMPLEO PARA JÓVENES


Capitalización de la prestación por desempleo. Se posibilita la capitalización del 100 por 100 de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos.



INDEMNIZACIONES A DIRECTIVOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO



Se incluye en este Real Decreto Ley una limitación a las indemnizaciones por cese de actividad de los directivos de las entidades de crédito. Siguiendo recomendaciones UE, no podrán superar la menor de las siguientes cuantías: dos veces las bases máximas resultantes de las aplicaciones de las reglas aprobadas por el Real Decreto Ley de saneamiento del sector financiero o bien dos años de remuneración fija estipulada. Es decir, se establece un límite de dos años a la indemnización que van a cobrar cuando cesen su actividad. Si el directivo es objeto de expediente sancionador conforme a la Ley de Disciplina e Intervención bancaria, su cese será considerado como un despido disciplinario y no tendrá derecho al cobro de indemnización de ningún tipo.



INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL



El Real Decreto Ley incluye también una disposición adicional por la que se establece que, en las extinciones de contratos mercantiles y de alta dirección de los presidentes y consejeros delegados de las entidades del sector público estatal, así como en las de los de su personal directivo, por desistimiento del empresario o empleador, sin necesidad de reflejar causa alguna que lo justifique, no se podrá incluir ninguna cláusula que suponga una indemnización superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades.

 

 


 LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL



Los objetivos de la reforma:

 

 - Frenar la destrucción de empleo.


  -  Sentar las bases para la creación de empleo estable.


   - Empleo de más calidad.


   - Flexibilidad interna en las empresas para promover el mantenimiento del empleo.


    -Modernizar la negociación colectiva para acercarla a las necesidades específicas de empresas y trabajadores.


   - Reconocer un nuevo derecho individual de los trabajadores a la formación.


   - Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes y los parados de larga duración.


   - Apoyar a los autónomos y Pymes, proporcionando mayor flexibilidad y capacidad de adaptación.


    -Reforzar los mecanismos de control y prevención del fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo.


    -Combatir el absentismo laboral injustificado.



MEDIDAS  



Se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal para actuar como agencias privadas de colocación (colaboración público-privada), ya que cuentan con una amplia red de sucursales distribuidas por todo el territorio y con amplia experiencia en el mercado de trabajo. Los objetivos son los siguientes:



- Contribuir a reducir la duración media del desempleo.



- Mejorar la calidad de los emparejamientos, de forma que los trabajadores tendrán acceso a empleos más adecuados a sus características, y las empresas encontrarán a los trabajadores mejor preparados para los puestos ofertados.



- En ningún caso las Empresas de Trabajo Temporal cobrarán a los trabajadores.

 


 DERECHOS


Derecho a la formación. El objetivo es tratar de evitar que un cambio tecnológico o de otro tipo suponga el despido del trabajador, así como fortalecer la preparación profesional de los trabajadores.



- Se introduce el derecho de trabajadores con más de un año de antigüedad a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación. El contenido de la actividad formativa debe estar vinculado al puesto de trabajo.


- Se crea una cuenta formación en la que se recogerá la formación recibida por el trabajador a lo largo de su vida activa.


- Los centros y entidades de formación acreditados podrán también ejecutar directamente los planes de formación a nivel estatal y autonómico.


- Futuro desarrollo de un Cheque-Formación.



Impulso del contrato para la formación y el aprendizaje. El desarrollo de esta modalidad de contrato tiene por objeto reducir el elevado desempleo juvenil y mitigar los efectos del abandono temprano de los estudios.



- Se amplía la edad máxima para tener acceso a este tipo de contrato. Se ha tenido en cuenta la prolongación de los periodos de estudio y la elevada tasa de desempleo en el colectivo de menores de treinta años hasta que la tasa de desempleo baje del 15 por 100.


- Tras agotar un período de formación en una actividad, el trabajador podrá utilizar esta modalidad de contrato en otros sectores, lo que mejora su empleabilidad y permite una segunda oportunidad.



- El trabajador podrá recibir la formación en la propia empresa, si dispone de instalaciones y personal adecuado.

 


MÁS ESTABILIDAD EN EL EMPLEO



El objetivo es promover la contratación indefinida, especialmente en favor de los jóvenes:

Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Se trata de un nuevo contrato indefinido para Pymes y Autónomos (empresas de hasta cincuenta trabajadores). Este tipo de empresas suponen el 95 por 100 del tejido productivo. Se propone:


-  Este contrato tendrá un período de prueba de un año, lo que facilitará la contratación indefinida por parte de las PYMES y Autónomos.


- La empresa tendrá derecho a una deducción  de tres mil euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga menos de treinta años.



- Los emprendedores que contraten a un trabajador en paro podrán deducirse el 50 por 100 de la prestación por desempleo que viniera cobrando el trabajador durante un año. Por su parte, el trabajador podrá voluntariamente percibir, junto con su sueldo, el 25 por 100 de la prestación por desempleo durante el mismo periodo.



- Bonificaciones dirigidas a colectivos desempleados con especiales dificultades para su incorporación al mercado laboral. Las medidas son las siguientes:



    Para fomentar la contratación de jóvenes, con una tasa de desempleo cercana al 50 por 100: bonificación en la cuota de la Seguridad Social de hasta 3.600 euros a la contratación indefinida de jóvenes entre dieciséis y treinta años durante tres años. La bonificación se incrementa conforme aumenta la antigüedad del trabajador:



Un año: 1.000 euros

Dos años: 1.100 euros

Tres años: 1.200 euros

Se aplicarán 100 euros más al año si el trabajador es mujer en sectores donde este colectivo está poco representado.


    Para fomentar la contratación de parados de larga duración: bonificación de hasta 4.500 euros a la contratación indefinida de desempleados de larga duración mayores de 45 años (desempleados, al menos, 12 meses de los 18 anteriores):

Un año: 1.300 euros

Dos años: 1.300 euros

Tres años: 1.300 euros


Cuando los contratos se concierten con mujeres en sectores donde este colectivo está poco representado, las bonificaciones indicadas se elevan a los 1.500 euros.


Limitación del encadenamiento de contratos temporales. A partir del 31 de diciembre de 2012 se recupera la prohibición de encadenar contratos temporales más allá de los veinticuatro meses.



Modificación del contrato a tiempo parcial. Impulso de la utilización de este contrato que favorece que los trabajadores puedan compatibilizar mejor el empleo con los estudios y con su vida familiar y personal. Se admite la posibilidad de que se realicen horas extraordinarias en este tipo de contratos. Por ejemplo, es habitual esta figura en contratos de hostelería para afrontar picos de trabajo durante determinados periodos.


Regulación del teletrabajo. Se regula por primera vez en España el teletrabajo, salvaguardando el derecho a la formación de estos trabajadores. Se garantiza el derecho a una retribución equivalente a los que trabajan de forma presencial en el centro de trabajo y a ser informados de las vacantes en puestos presenciales existentes.


 FLEXIBILIDAD INTERNA EN LA EMPRESA


 Se trata de facilitar la adaptación de las condiciones laborales a la realidad de la empresa. Además, tratará de corregir la actual dualidad del mercado de trabajo, en el que una parte de los trabajadores se encuentra muy protegida frente a la otra.



Clasificación profesional y movilidad funcional. Se elimina el rígido sistema de clasificación de trabajadores por categorías profesionales y se generaliza el sistema de grupos profesionales, con lo que se facilita la adaptación de los trabajadores a nuevas funciones.



Los grupos profesionales definidos ampliamente favorecen la movilidad interna y suponen una oportunidad para que el trabajador adquiera experiencia en otros ámbitos de actividad donde sus habilidades pudieran ser semejantes o, incluso, mayores. Por ejemplo, dentro de un determinado grupo profesional, un trabajador podrá desempeñar diferentes funciones y puestos en una misma empresa.



Mejora de la movilidad y facilidad para la modificación de condiciones de trabajo:



- Movilidad geográfica, con condiciones objetivas para seleccionar a aquellos trabajadores con menores cargas familiares.



- Se facilita que un empresario pueda:



    Modificar la jornada de trabajo, el horario y sistema de rendimiento, entre otros.
   Con el objetivo de evitar el despido, se simplifican los trámites para reducir la jornada de trabajo o suspender el contrato como mecanismo de ajuste ante situaciones de disminución de la demanda. Se elimina la autorización administrativa necesaria para llevar a cabo la medida.


    Para ayudar a las empresas en situaciones económicas adversas, se establece una bonificación del 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por la suspensión o reducción de jornada, con una duración de 240 días máximo y condicionada a la estabilidad en el empleo (al menos, un año).


    Si la empresa extingue finalmente los contratos, los trabajadores no ven mermado su derecho a la prestación por desempleo, ya que se establece la reposición de las prestaciones (contador 0) hasta un máximo de 180 días. Por ejemplo, si una empresa suspende los contratos de trabajo o reduce la jornada de trabajo, los trabajadores perciben la prestación por desempleo durante el tiempo que dure la medida. En el caso de que la empresa no supere la situación y tenga que extinguir de forma definitiva los contratos, el trabajador tiene derecho a que se le repongan los días de su prestación por desempleo consumidos durante la suspensión.


Modernización de la negociación colectiva. En la línea de ahondar en la flexibilidad interna de las empresas, que haga que el despido sea el último recurso se acomete una reforma de la negociación colectiva:



- Se introduce la prioridad de los convenios de empresa, de forma que, independientemente de lo que se pacte a nivel superior, los representantes de los trabajadores y el empresario pueden consensuar un convenio de empresa que se adapte a sus necesidades y particularidades. Este acuerdo tendrá prioridad sobre cualquier otro.


- Facilitar a las empresas en dificultades la no aplicación del convenio de ámbito superior (descuelgue): en caso de que no exista acuerdo, las partes irán a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje si lo han pactado en el convenio colectivo. De no ser así, cualquiera de las partes podrá elevar el desacuerdo a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos nacional o sus equivalentes autonómicos, que nombrará un árbitro que resolverá en un máximo de veinticinco días.



- Para favorecer la negociación y la consecución de los acuerdos, las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años. A partir de esa fecha, el convenio ya no estará vigente, por lo que se pone fin a la ultractividad indefinida de los convenios.


 EFICACIA DEL MERCADO DE TRABAJO


Se busca armonizar nuestra legislación con la de los países de nuestro entorno y lograr una mayor eficacia del mercado de trabajo, de tal forma que se fomente claramente la contratación indefinida y, por tanto, se evite la dualidad laboral.

Extinción de la relación laboral por causas empresariales


- Se clarifican las causas del despido para evitar la excesiva judicialización.



- Se elimina la autorización administrativa previa, en línea con la práctica de los países europeos.


- Se abre la posibilidad de que los organismos y entidades que forman parte del sector público invoquen causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Esta medida pretende facilitar el redimensionamiento de aquellas estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante la fase de fuerte crecimiento económico y que no son sostenibles desde un punto de vista financiero en el momento actual, ni existe una previsión de que lo sean en los próximos años.



Reducción de la dualidad en el mercado de trabajo



- A partir de la reforma, se generaliza la indemnización por la extinción del contrato indefinido a 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades.


    Se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores: para los contratos antiguos, la nueva indemnización sólo será de aplicación para el periodo de trabajo que se realice a partir de la aprobación de la presente norma. Estos contratos conservan el derecho a obtener una indemnización de hasta 42 mensualidades.


    Esta nueva indemnización se aplica con carácter general SÓLO a los nuevos contratos.

- La indemnización por la extinción del contrato indefinido será de veinte días por año trabajado en caso de despido procedente por causas objetivas, con un máximo de doce mensualidades.



- El Fondo de Garantía Salarial sólo cubrirá la extinción de los contratos por despidos procedentes en Pymes.


- Se refuerza el derecho a la formación: se exige que el empresario, cuando lleve a cabo una modificación técnica a la que se deba adaptar el trabajador, le ofrezca un curso para que pueda formarse. Dicho periodo formativo suspende el contrato y el trabajador cobra su salario. Únicamente se podrá despedir al trabajador por falta de adaptación si antes se ha facilitado esta formación sin resultados.



- Se incorpora la obligación para empresas que despidan a más de 100 trabajadores de articular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo de, al menos, seis meses.



MÁS CONTROL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE



Lucha contra el fraude. El objetivo es activar mecanismos que permitan combatir el fraude y la economía sumergida. Se propone:



- Cumplimiento estricto de la Ley: Plan especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


- Se impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios de colaboración con las Administraciones públicas.


Absentismo. El objetivo es combatir comportamientos individuales de absentismo injustificado que ocasionan a la empresa un elevado coste económico y organizativo. Se propone:



- Se elimina la vinculación del grado de absentismo del trabajador y la plantilla para justificar el absentismo como causa de despido. A partir de ahora sólo se tendrá en cuenta el absentismo del trabajador.



- Mejorar la eficacia de la evaluación de la incapacidad temporal a través de las mutuas de accidentes de trabajo.



 EMPLEO PARA JÓVENES


Capitalización de la prestación por desempleo. Se posibilita la capitalización del 100 por 100 de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos.



INDEMNIZACIONES A DIRECTIVOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO



Se incluye en este Real Decreto Ley una limitación a las indemnizaciones por cese de actividad de los directivos de las entidades de crédito. Siguiendo recomendaciones UE, no podrán superar la menor de las siguientes cuantías: dos veces las bases máximas resultantes de las aplicaciones de las reglas aprobadas por el Real Decreto Ley de saneamiento del sector financiero o bien dos años de remuneración fija estipulada. Es decir, se establece un límite de dos años a la indemnización que van a cobrar cuando cesen su actividad. Si el directivo es objeto de expediente sancionador conforme a la Ley de Disciplina e Intervención bancaria, su cese será considerado como un despido disciplinario y no tendrá derecho al cobro de indemnización de ningún tipo.



INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL



El Real Decreto Ley incluye también una disposición adicional por la que se establece que, en las extinciones de contratos mercantiles y de alta dirección de los presidentes y consejeros delegados de las entidades del sector público estatal, así como en las de los de su personal directivo, por desistimiento del empresario o empleador, sin necesidad de reflejar causa alguna que lo justifique, no se podrá incluir ninguna cláusula que suponga una indemnización superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades.

 

 


 LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL



Los objetivos de la reforma:

 

 - Frenar la destrucción de empleo.


-  Sentar las bases para la creación de empleo estable.


   - Empleo de más calidad.


   - Flexibilidad interna en las empresas para promover el mantenimiento del empleo.


    -Modernizar la negociación colectiva para acercarla a las necesidades específicas de empresas y trabajadores.


   - Reconocer un nuevo derecho individual de los trabajadores a la formación.


   - Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes y los parados de larga duración.


   - Apoyar a los autónomos y Pymes, proporcionando mayor flexibilidad y capacidad de adaptación.


    -Reforzar los mecanismos de control y prevención del fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo.


    -Combatir el absentismo laboral injustificado.



MEDIDAS  



Se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal para actuar como agencias privadas de colocación (colaboración público-privada), ya que cuentan con una amplia red de sucursales distribuidas por todo el territorio y con amplia experiencia en el mercado de trabajo. Los objetivos son los siguientes:



- Contribuir a reducir la duración media del desempleo.



- Mejorar la calidad de los emparejamientos, de forma que los trabajadores tendrán acceso a empleos más adecuados a sus características, y las empresas encontrarán a los trabajadores mejor preparados para los puestos ofertados.



- En ningún caso las Empresas de Trabajo Temporal cobrarán a los trabajadores.

 


 DERECHOS


Derecho a la formación. El objetivo es tratar de evitar que un cambio tecnológico o de otro tipo suponga el despido del trabajador, así como fortalecer la preparación profesional de los trabajadores.



- Se introduce el derecho de trabajadores con más de un año de antigüedad a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación. El contenido de la actividad formativa debe estar vinculado al puesto de trabajo.


- Se crea una cuenta formación en la que se recogerá la formación recibida por el trabajador a lo largo de su vida activa.


- Los centros y entidades de formación acreditados podrán también ejecutar directamente los planes de formación a nivel estatal y autonómico.


- Futuro desarrollo de un Cheque-Formación.



Impulso del contrato para la formación y el aprendizaje. El desarrollo de esta modalidad de contrato tiene por objeto reducir el elevado desempleo juvenil y mitigar los efectos del abandono temprano de los estudios.



- Se amplía la edad máxima para tener acceso a este tipo de contrato. Se ha tenido en cuenta la prolongación de los periodos de estudio y la elevada tasa de desempleo en el colectivo de menores de treinta años hasta que la tasa de desempleo baje del 15 por 100.


- Tras agotar un período de formación en una actividad, el trabajador podrá utilizar esta modalidad de contrato en otros sectores, lo que mejora su empleabilidad y permite una segunda oportunidad.



- El trabajador podrá recibir la formación en la propia empresa, si dispone de instalaciones y personal adecuado.

 


MÁS ESTABILIDAD EN EL EMPLEO



El objetivo es promover la contratación indefinida, especialmente en favor de los jóvenes:

Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Se trata de un nuevo contrato indefinido para Pymes y Autónomos (empresas de hasta cincuenta trabajadores). Este tipo de empresas suponen el 95 por 100 del tejido productivo. Se propone:


-  Este contrato tendrá un período de prueba de un año, lo que facilitará la contratación indefinida por parte de las PYMES y Autónomos.


- La empresa tendrá derecho a una deducción  de tres mil euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga menos de treinta años.



- Los emprendedores que contraten a un trabajador en paro podrán deducirse el 50 por 100 de la prestación por desempleo que viniera cobrando el trabajador durante un año. Por su parte, el trabajador podrá voluntariamente percibir, junto con su sueldo, el 25 por 100 de la prestación por desempleo durante el mismo periodo.



- Bonificaciones dirigidas a colectivos desempleados con especiales dificultades para su incorporación al mercado laboral. Las medidas son las siguientes:



    Para fomentar la contratación de jóvenes, con una tasa de desempleo cercana al 50 por 100: bonificación en la cuota de la Seguridad Social de hasta 3.600 euros a la contratación indefinida de jóvenes entre dieciséis y treinta años durante tres años. La bonificación se incrementa conforme aumenta la antigüedad del trabajador:



Un año: 1.000 euros

Dos años: 1.100 euros

Tres años: 1.200 euros

Se aplicarán 100 euros más al año si el trabajador es mujer en sectores donde este colectivo está poco representado.


    Para fomentar la contratación de parados de larga duración: bonificación de hasta 4.500 euros a la contratación indefinida de desempleados de larga duración mayores de 45 años (desempleados, al menos, 12 meses de los 18 anteriores):

Un año: 1.300 euros

Dos años: 1.300 euros

Tres años: 1.300 euros


Cuando los contratos se concierten con mujeres en sectores donde este colectivo está poco representado, las bonificaciones indicadas se elevan a los 1.500 euros.


Limitación del encadenamiento de contratos temporales. A partir del 31 de diciembre de 2012 se recupera la prohibición de encadenar contratos temporales más allá de los veinticuatro meses.



Modificación del contrato a tiempo parcial. Impulso de la utilización de este contrato que favorece que los trabajadores puedan compatibilizar mejor el empleo con los estudios y con su vida familiar y personal. Se admite la posibilidad de que se realicen horas extraordinarias en este tipo de contratos. Por ejemplo, es habitual esta figura en contratos de hostelería para afrontar picos de trabajo durante determinados periodos.


Regulación del teletrabajo. Se regula por primera vez en España el teletrabajo, salvaguardando el derecho a la formación de estos trabajadores. Se garantiza el derecho a una retribución equivalente a los que trabajan de forma presencial en el centro de trabajo y a ser informados de las vacantes en puestos presenciales existentes.


 FLEXIBILIDAD INTERNA EN LA EMPRESA


 Se trata de facilitar la adaptación de las condiciones laborales a la realidad de la empresa. Además, tratará de corregir la actual dualidad del mercado de trabajo, en el que una parte de los trabajadores se encuentra muy protegida frente a la otra.



Clasificación profesional y movilidad funcional. Se elimina el rígido sistema de clasificación de trabajadores por categorías profesionales y se generaliza el sistema de grupos profesionales, con lo que se facilita la adaptación de los trabajadores a nuevas funciones.



Los grupos profesionales definidos ampliamente favorecen la movilidad interna y suponen una oportunidad para que el trabajador adquiera experiencia en otros ámbitos de actividad donde sus habilidades pudieran ser semejantes o, incluso, mayores. Por ejemplo, dentro de un determinado grupo profesional, un trabajador podrá desempeñar diferentes funciones y puestos en una misma empresa.



Mejora de la movilidad y facilidad para la modificación de condiciones de trabajo:



- Movilidad geográfica, con condiciones objetivas para seleccionar a aquellos trabajadores con menores cargas familiares.



- Se facilita que un empresario pueda:



    Modificar la jornada de trabajo, el horario y sistema de rendimiento, entre otros.
   Con el objetivo de evitar el despido, se simplifican los trámites para reducir la jornada de trabajo o suspender el contrato como mecanismo de ajuste ante situaciones de disminución de la demanda. Se elimina la autorización administrativa necesaria para llevar a cabo la medida.


    Para ayudar a las empresas en situaciones económicas adversas, se establece una bonificación del 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por la suspensión o reducción de jornada, con una duración de 240 días máximo y condicionada a la estabilidad en el empleo (al menos, un año).


    Si la empresa extingue finalmente los contratos, los trabajadores no ven mermado su derecho a la prestación por desempleo, ya que se establece la reposición de las prestaciones (contador 0) hasta un máximo de 180 días. Por ejemplo, si una empresa suspende los contratos de trabajo o reduce la jornada de trabajo, los trabajadores perciben la prestación por desempleo durante el tiempo que dure la medida. En el caso de que la empresa no supere la situación y tenga que extinguir de forma definitiva los contratos, el trabajador tiene derecho a que se le repongan los días de su prestación por desempleo consumidos durante la suspensión.


Modernización de la negociación colectiva. En la línea de ahondar en la flexibilidad interna de las empresas, que haga que el despido sea el último recurso se acomete una reforma de la negociación colectiva:



- Se introduce la prioridad de los convenios de empresa, de forma que, independientemente de lo que se pacte a nivel superior, los representantes de los trabajadores y el empresario pueden consensuar un convenio de empresa que se adapte a sus necesidades y particularidades. Este acuerdo tendrá prioridad sobre cualquier otro.


- Facilitar a las empresas en dificultades la no aplicación del convenio de ámbito superior (descuelgue): en caso de que no exista acuerdo, las partes irán a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje si lo han pactado en el convenio colectivo. De no ser así, cualquiera de las partes podrá elevar el desacuerdo a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos nacional o sus equivalentes autonómicos, que nombrará un árbitro que resolverá en un máximo de veinticinco días.



- Para favorecer la negociación y la consecución de los acuerdos, las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años. A partir de esa fecha, el convenio ya no estará vigente, por lo que se pone fin a la ultractividad indefinida de los convenios.


 EFICACIA DEL MERCADO DE TRABAJO


Se busca armonizar nuestra legislación con la de los países de nuestro entorno y lograr una mayor eficacia del mercado de trabajo, de tal forma que se fomente claramente la contratación indefinida y, por tanto, se evite la dualidad laboral.

Extinción de la relación laboral por causas empresariales


- Se clarifican las causas del despido para evitar la excesiva judicialización.



- Se elimina la autorización administrativa previa, en línea con la práctica de los países europeos.


- Se abre la posibilidad de que los organismos y entidades que forman parte del sector público invoquen causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Esta medida pretende facilitar el redimensionamiento de aquellas estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante la fase de fuerte crecimiento económico y que no son sostenibles desde un punto de vista financiero en el momento actual, ni existe una previsión de que lo sean en los próximos años.



Reducción de la dualidad en el mercado de trabajo



- A partir de la reforma, se generaliza la indemnización por la extinción del contrato indefinido a 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades.


    Se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores: para los contratos antiguos, la nueva indemnización sólo será de aplicación para el periodo de trabajo que se realice a partir de la aprobación de la presente norma. Estos contratos conservan el derecho a obtener una indemnización de hasta 42 mensualidades.


    Esta nueva indemnización se aplica con carácter general SÓLO a los nuevos contratos.

- La indemnización por la extinción del contrato indefinido será de veinte días por año trabajado en caso de despido procedente por causas objetivas, con un máximo de doce mensualidades.



- El Fondo de Garantía Salarial sólo cubrirá la extinción de los contratos por despidos procedentes en Pymes.


- Se refuerza el derecho a la formación: se exige que el empresario, cuando lleve a cabo una modificación técnica a la que se deba adaptar el trabajador, le ofrezca un curso para que pueda formarse. Dicho periodo formativo suspende el contrato y el trabajador cobra su salario. Únicamente se podrá despedir al trabajador por falta de adaptación si antes se ha facilitado esta formación sin resultados.



- Se incorpora la obligación para empresas que despidan a más de 100 trabajadores de articular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo de, al menos, seis meses.



MÁS CONTROL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE



Lucha contra el fraude. El objetivo es activar mecanismos que permitan combatir el fraude y la economía sumergida. Se propone:



- Cumplimiento estricto de la Ley: Plan especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


- Se impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios de colaboración con las Administraciones públicas.


Absentismo. El objetivo es combatir comportamientos individuales de absentismo injustificado que ocasionan a la empresa un elevado coste económico y organizativo. Se propone:



- Se elimina la vinculación del grado de absentismo del trabajador y la plantilla para justificar el absentismo como causa de despido. A partir de ahora sólo se tendrá en cuenta el absentismo del trabajador.



- Mejorar la eficacia de la evaluación de la incapacidad temporal a través de las mutuas de accidentes de trabajo.



 EMPLEO PARA JÓVENES


Capitalización de la prestación por desempleo. Se posibilita la capitalización del 100 por 100 de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos.



INDEMNIZACIONES A DIRECTIVOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO



Se incluye en este Real Decreto Ley una limitación a las indemnizaciones por cese de actividad de los directivos de las entidades de crédito. Siguiendo recomendaciones UE, no podrán superar la menor de las siguientes cuantías: dos veces las bases máximas resultantes de las aplicaciones de las reglas aprobadas por el Real Decreto Ley de saneamiento del sector financiero o bien dos años de remuneración fija estipulada. Es decir, se establece un límite de dos años a la indemnización que van a cobrar cuando cesen su actividad. Si el directivo es objeto de expediente sancionador conforme a la Ley de Disciplina e Intervención bancaria, su cese será considerado como un despido disciplinario y no tendrá derecho al cobro de indemnización de ningún tipo.



INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL



El Real Decreto Ley incluye también una disposición adicional por la que se establece que, en las extinciones de contratos mercantiles y de alta dirección de los presidentes y consejeros delegados de las entidades del sector público estatal, así como en las de los de su personal directivo, por desistimiento del empresario o empleador, sin necesidad de reflejar causa alguna que lo justifique, no se podrá incluir ninguna cláusula que suponga una indemnización superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades.

TEXTO

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I

La crisis económica que atraviesa España desde 2008 ha puesto de relieve las debilidades del modelo laboral español. La gravedad de la crisis actual no tiene precedentes. España ha destruido más empleo, y más rápidamente, que las principales economías europeas. Los datos de la última Encuesta de Población Activa describen bien esta situación: la cifra de paro se sitúa en 5.273.600 personas, con un incremento de 295.300 en el cuarto trimestre de 2011 y de 577.000 respecto al cuarto trimestre de 2010. La tasa de paro sube en 1,33 puntos respecto al tercer trimestre y se sitúa en el 22,85%.

 

La destrucción de empleo ha sido más intensa en ciertos colectivos, especialmente los jóvenes cuya tasa de paro entre los menores de 25 años alcanza casi el 50%. La incertidumbre a la hora de entrar en el mercado de trabajo, los reducidos sueldos iniciales y la situación económica general están provocando que muchos jóvenes bien formados abandonen el mercado de trabajo español y busquen oportunidades en el extranjero.

 

El desempleo de larga duración en España es también más elevado que en otros países y cuenta con un doble impacto negativo. Por un lado, el evidente sobre el colectivo de personas y, por otro, el impacto adicional sobre la productividad agregada de la economía. La duración media del desempleo en España en 2010 fue, según la OCDE, de 14,8 meses, frente a una media para los países de la OCDE de 9,6 y de 7,4 meses para los integrantes del G7.

 

Este ajuste ha sido especialmente grave para los trabajadores temporales. Mantenemos una tasa de temporalidad de casi el 25%, mucho más elevada que el resto de nuestros socios europeos. La temporalidad media en la UE27 es del 14%, 11 puntos inferior a la española.

 

La destrucción de empleo durante la última legislatura tiene efectos relevantes sobre el sistema de la Seguridad Social. Desde diciembre de 2007 el número de afiliados ha disminuido en casi 2,5 millones (un 12,5%). A mayor abundamiento, si el gasto medio mensual en prestaciones por desempleo en 2007 fue de 1.280 millones de €, en diciembre de 2011, el gasto ascendió a 2.584 millones.

 

La crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral español. Los problemas del mercado de trabajo lejos de ser coyunturales son estructurales, afectan a los fundamentos mismos de nuestro modelo sociolaboral y requieren una reforma de envergadura, que, pese a los cambios normativos experimentados en los últimos años, continúa siendo reclamada por todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego y, sobre todo, por los datos de nuestra realidad laboral, que esconden verdaderos dramas humanos. Las cifras expuestas ponen de manifiesto que las reformas laborales realizadas en los últimos años, aún bienintencionadas y orientadas en la buena dirección, han sido reformas fallidas.

 

La gravedad de la situación económica y del empleo descrita exige adoptar una reforma inmediata que proporcione a los operadores económicos y laborales un horizonte de seguridad jurídica y confianza en el que desenvolverse con certeza para conseguir recuperar el empleo. La extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española para legislar mediante real decreto-ley se justifica por la situación del mercado laboral español. Este real decreto-ley pretende crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, para mercados e inversores.

 

El Gobierno encarna y sirve a los intereses generales y tiene la obligación de garantizar y satisfacer los intereses de todos aquellos que estén buscando un empleo. La reforma propuesta trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social. Esta es una reforma en la que todos ganan, empresarios y trabajadores, y que pretende satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos.

 

II

La reforma laboral que recoge este Real Decreto Ley es completa y equilibrada y contiene medidas incisivas y de aplicación inmediata, al objeto de establecer un marco claro que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo que necesita nuestro país.

 

La reforma apuesta por el equilibrio en la regulación de nuestras relaciones de trabajo: equilibrio entre la flexibilidad interna y la externa; entre la regulación de la contratación indefinida y la temporal, la de la movilidad interna en la empresa y la de los mecanismos extintivos del contrato de trabajo; entre las tutelas que operan en el contrato de trabajo y las que operan en el mercado de trabajo, etc. El objetivo es la flexiseguridad. Con esta finalidad, el presente real decreto-ley recoge un conjunto coherente de medidas que pretenden fomentar la empleabilidad de los trabajadores, reformando aspectos relativos a la intermediación laboral y a la formación profesional (capítulo I); fomentar la contratación indefinida y otras formas de trabajo, con especial hincapié en promover la contratación por PYMES y de jóvenes (capítulo II); incentivar la flexibilidad interna en la empresa como medida alternativa a la destrucción de empleo (capítulo III); y, finalmente, favorecer la eficiencia del mercado de trabajo como elemento vinculado a la reducción de la dualidad laboral, con medidas que afectan principalmente a la extinción de contratos de trabajo (capítulo IV).

 

El Capítulo I agrupa diversas medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores. Los Servicios Públicos de Empleo se han mostrado insuficientes en la gestión de la colocación, con unas tasas de penetración muy escasas dentro del total de colocaciones. Por el contrario, las Empresas de Trabajo Temporal se han revelado como un potente agente dinamizador del mercado de trabajo. En la mayoría de los países de la Unión Europea, tales empresas operan como agencias de colocación y desde las instituciones comunitarias se viene subrayando que las mismas contribuyen a la creación de puestos de trabajo y a la participación e inserción de trabajadores en el mercado de trabajo. Por ello, se reforma el marco regulador de las empresas de trabajo temporal al autorizarlas a operar como agencias de colocación.

 

El desarrollo de la formación profesional para el empleo ha sido notable en las últimas dos décadas, con un significativo incremento de la participación de empresas y trabajadores en las acciones formativas, si bien se han puesto de manifiesto también ciertas necesidades de mejora. El real decreto-ley apuesta por una formación profesional que favorezca el aprendizaje permanente de los trabajadores y el pleno desarrollo de sus capacidades profesionales. El eje básico de la reforma en esta materia es el reconocimiento de la formación profesional como un derecho individual, reconociéndose a los trabajadores un permiso retribuido con fines formativos. Asimismo, se reconoce a los trabajadores el derecho a la formación profesional dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo. También se prevé que los Servicios Públicos de Empleo otorgarán a cada trabajador una cuenta de formación asociada al número de afiliación a la Seguridad Social, y se reconoce a los centros y entidades de formación, debidamente acreditados, la posibilidad de participar directamente en el sistema de formación profesional para el empleo, con la finalidad de que la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficiente.

 

Otro aspecto destacable de este capítulo son las modificaciones introducidas en el contrato para la formación y el aprendizaje para potenciar el empleo juvenil mediante la supresión de limitaciones injustificadas.

 

III

El capítulo II incluye diversas medidas dirigidas a fomentar la contratación indefinida y la creación de empleo. Las medidas incluidas en este capítulo tratan de favorecer especialmente a quienes están sufriendo con mayor intensidad las consecuencias negativas de la crisis económica: los jóvenes desempleados y las PYMES.

 

El trabajo a tiempo parcial constituye una de las asignaturas pendientes de nuestro mercado de trabajo. Aunque han sido diversas las reformas que han modificado la regulación de este contrato, lo cierto es que el nivel de contratación a tiempo parcial en nuestro país no es equiparable al existente en otros países de la Unión Europea. El trabajo a tiempo parcial no sólo es un mecanismo relevante en la organización flexible del trabajo y en la adaptación del tiempo de trabajo a las necesidades profesionales y personales de los trabajadores, sino que es un mecanismo de redistribución del empleo. La reforma del contrato de trabajo a tiempo parcial pretende buscar un mayor equilibrio entre flexibilidad y protección social, admitiendo la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, e incluyendo las mismas en la base de cotización por contingencias comunes.

 

El deseo de promover nuevas formas de desarrollar la actividad laboral hace que dentro de esta reforma se busque también dar cabida, con garantías, al teletrabajo: una particular forma de organización del trabajo que encaja perfectamente en el modelo productivo y económico que se persigue, al favorecer la flexibilidad de las empresas en la organización del trabajo, incrementar las oportunidades de empleo y optimizar la relación entre tiempo de trabajo y vida personal y familiar. Se modifica, por ello, la ordenación del tradicional trabajo a domicilio, para dar acogida, mediante una regulación equilibrada de derechos y obligaciones, al trabajo a distancia basado en el uso intensivo de las nuevas tecnologías.

 

Las empresas de cincuenta o menos trabajadores constituyen, según datos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, el 99,23% de las empresas españolas. La reforma laboral trata de facilitar la contratación de trabajadores por parte de estas empresas que representan a la mayor parte del tejido productivo de nuestro país. Con esta finalidad se crea una nueva modalidad de contrato de trabajo por tiempo indefinido de la que sólo podrán hacer uso las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores que, pese a la situación de crisis económica, apuesten por la creación de empleo. Además, como medida de fomento del empleo juvenil, se establece una deducción fiscal.

 

Asimismo, se racionaliza el sistema de bonificaciones para la contratación indefinida, cuya práctica generalización ha limitado gravemente su eficiencia. Así, las bonificaciones previstas en este Real Decreto Ley se dirigen exclusivamente a las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores, bien por la transformación de contratos en prácticas, de relevo o de sustitución de la edad por jubilación en contratos indefinidos, o bien por la contratación indefinida, a través de la nueva modalidad contractual señalada, de jóvenes de entre 16 y 30 años o parados de larga duración inscritos como demandantes de empleo al menos doce meses en los dieciocho anteriores a la contratación.

 

IV

El capítulo III agrupa diversas medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo. El problema de la dualidad laboral es consecuencia, en buena medida, de un sistema de instituciones laborales inadecuado que ha quedado evidenciado durante la última crisis. En un sistema que genera incentivos adecuados, las empresas pueden hacer frente a las oscilaciones de la demanda recurriendo a mecanismos diferentes al despido, que preserven el capital humano de la empresa, tales como reducciones temporales de salario o de jornada. Este tipo de ajuste ha sido relevante en los países de nuestro entorno, lo que se ha traducido en una menor destrucción de empleo.

 

El conjunto de medidas que se formulan en este capítulo tienen como objetivo fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa. Con este objetivo son varias las reformas que se abordan. En primer lugar, el sistema de clasificación profesional pasa a tener como única referencia el grupo profesional con el objetivo de sortear la rigidez de la noción de categoría profesional y hacer de la movilidad funcional ordinaria un mecanismo de adaptación más viable y eficaz.

 

En segundo lugar, se simplifica la distinción entre modificaciones sustanciales individuales y colectivas, se incluye la modificación sustancial de funciones y de estructura y cuantía salarial como causa de extinción voluntaria del contrato de trabajo con derecho a indemnización y, la modificación de condiciones de trabajo recogidas en convenio colectivo del Título III del Estatuto de los Trabajadores se reconducen al apartado 3 artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores.

 

En tercer lugar, en materia de suspensión del contrato de trabajo y reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, el presente real decreto-ley pretende afianzar este mecanismo alternativo a los despidos, dándole agilidad mediante la supresión del requisito de autorización administrativa y estableciendo una prórroga del sistema de bonificaciones y reposición de prestaciones por desempleo previsto para estos supuestos.

 

En cuarto lugar, en materia de negociación colectiva se prevé la posibilidad de descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor, se da prioridad al convenio colectivo de empresa y se regula el régimen de ultractividad de los convenios colectivos. Las modificaciones operadas en estas materias responden al objetivo de procurar que la negociación colectiva sea un instrumento, y no un obstáculo, para adaptar las condiciones laborales a las concretas circunstancias de la empresa.

 

La última reforma del mercado de trabajo pretendió hacer más viable la posibilidad del descuelgue, pero, a la luz de los datos de 2011, en un contexto de agravamiento de la crisis económica, no parece que se haya avanzado significativamente en este terreno. La norma estatal no ha garantizado el desbloqueo ante la falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores para dejar de aplicar las condiciones previstas en convenio colectivo. Por ello, en orden a facilitar la adaptación de los salarios y otras condiciones de trabajo a la productividad y competitividad empresarial, el presente real decreto-ley incorpora una modificación del régimen del descuelgue para que, ante la falta de acuerdo y la no solución del conflicto por otras vías autónomas, las partes se sometan a un arbitraje canalizado a través de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órganos similares de las Comunidades Autónomas. Se trata, en todo caso, de órganos tripartitos y, por tanto, con presencia de las organizaciones sindicales y empresariales, junto con la de la Administración cuya intervención se justifica también en la necesidad de que los poderes públicos velen por la defensa de la productividad tal y como se deriva del artículo 38 de la Constitución Española.

 

La anterior reforma del mercado trabajo también pretendió incidir en la estructura de la negociación colectiva, otorgando prioridad aplicativa al convenio de ámbito empresarial sobre otros convenios en una serie de materias que se entienden primordiales para una gestión flexible de las condiciones de trabajo. No obstante, la efectiva descentralización de la negociación colectiva se ha dejado en manos de los convenios estatales o autonómicos, pudiendo impedir esa prioridad aplicativa. La novedad que ahora se incorpora va encaminada, precisamente, a garantizar dicha descentralización convencional en aras a facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y de sus trabajadores.

 

Finalmente, con el fin de procurar también una adaptación del contenido de la negociación colectiva a los cambiantes escenarios económicos y organizativos, se introducen cambios respecto a la aplicación del convenio colectivo en el tiempo. Se pretende, en primer lugar, incentivar que la renegociación del convenio se adelante al fin de su vigencia sin necesidad de denuncia del conjunto del convenio, como situación que resulta a veces conflictiva y que no facilita un proceso de renegociación sosegado y equilibrado. Pero, además, para cuando ello no resulte posible, se pretende evitar una «petrificación» de las condiciones de trabajo pactadas en convenio y que no se demore en exceso el acuerdo renegociador mediante una limitación temporal de la ultractividad del convenio a dos años.

 

V

El Capítulo IV incluye un conjunto de medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral. La falta de un nivel óptimo de flexibilidad interna es, como ha quedado expuesto, una de las características de nuestro mercado de trabajo, afectando ello primordialmente a trabajadores con contrato temporal y en menor medida a trabajadores indefinidos mediante despidos. El resultado es, a estas alturas, sobradamente conocido: la acusada rotación y segmentación de nuestro mercado de trabajo.

 

Con el objetivo de incrementar la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral, el capítulo IV del presente real decreto-ley recoge una serie de medidas que van referidas esencialmente a la extinción del contrato. No obstante, el capítulo se inicia con una medida relativa a la celebración de contratos temporales. Concretamente, con la finalidad de completar las medidas de fomento de la contratación indefinida e intentar reducir la dualidad laboral lo antes posible, se adelanta el fin de la suspensión de la imposibilidad de superar un tope máximo temporal en el encadenamiento de contratos temporales recogida en el apartado 5 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Esta previsión volverá a ser de aplicación a partir del 1 de enero de 2013.

 

El denominado «despido exprés» se ha convertido, a la luz de los datos más recientes, en el principal cauce de extinción de contratos indefinidos, superando con creces el número de despedidos colectivos y objetivos. Más allá de los beneficios en términos de rapidez y seguridad económica que esta posibilidad reporta a las empresas, el «despido exprés» se revela frontalmente opuesto a lo que debería ser un sistema de extinción del contrato de trabajo presidido por la idea de «flexiseguridad».

 

El «despido exprés» crea inseguridad a los trabajadores, puesto que las decisiones empresariales se adoptan probablemente muchas veces sobre la base de un mero cálculo económico basado en la antigüedad del trabajador y, por tanto, en el coste del despido, con independencia de otros aspectos relativos a la disciplina, la productividad o la necesidad de los servicios prestados por el trabajador, limitando, además, sus posibilidades de impugnación judicial, salvo que concurran conductas discriminatorias o contrarias a los derechos fundamentales. Pero también desde el punto de vista empresarial, el éxito del «despidos exprés» también ha puesto en evidencia las disfuncionalidades del régimen jurídico del despido. No constituye un comportamiento económicamente racional –el que cabría esperar del titular de una actividad empresarial– despedir prescindiendo muchas veces de criterios relativos a la productividad del trabajador y, en todo caso, decantándose por un despido improcedente y, por tanto, más caro que un despido procedente por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuya justificación debería ser más habitual en tiempos, como los actuales, de crisis económica. La razón de ello se residencia en los costes adicionales que acarrean los salarios de tramitación y en la dificultad, que se ha venido denunciado, respecto a la posibilidad de acometer extinciones económicas con costes, en términos de tiempo y económicos, razonables.

 

La caracterización del despido colectivo, con un expediente administrativo y posibles impugnaciones administrativas y judiciales, se ha revelado contraria a la celeridad que es especialmente necesaria cuando se trata de acometer reestructuraciones empresariales. De ahí seguramente la tendencia a alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores durante el período de consulta como modo de asegurar la autorización por parte de la autoridad laboral. Sin embargo, ello se ha hecho muchas veces a costa de satisfacer indemnizaciones a los trabajadores despedidos por encima de la legalmente prevista para este despido. Se desnaturaliza así, en buena medida, el período de consultas con los representantes de los trabajadores que, en atención a la normativa comunitaria, deben versar sobre la posibilidad de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales destinadas, en especial, a la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos.

 

Por su parte, los despidos objetivos por las mismas causas han venido caracterizándose por una ambivalente doctrina judicial y jurisprudencia, en la que ha primado muchas veces una concepción meramente defensiva de estos despidos, como mecanismo para hacer frente a graves problemas económicos, soslayando otras funciones que está destinado a cumplir este despido como cauce para ajustar el volumen de empleo a los cambios técnico-organizativos operados en las empresas. Lo que seguramente explica que las empresas se decantaran a menudo por el reconocimiento de la improcedencia del despido, evitando un proceso judicial sobre el que no se tenía demasiada confianza en cuanto a las posibilidades de conseguir la procedencia del despido, debiendo, por tanto, abonar la indemnización por despido improcedente más el coste adicional que suponían los salarios de tramitación.

 

Sobre la base del anterior diagnóstico, el conjunto de medidas referidas a la extinción del contrato de trabajo recogidas en el capítulo IV, se inicia con una reforma del régimen jurídico del despido colectivo. Una de las principales novedades reside en la supresión de la necesidad de autorización administrativa, manteniendo la exigencia comunitaria de un período de consultas, pero sin exigirse un acuerdo con los representantes de los trabajadores para proceder a los despidos. Ello se acompaña de una asimilación de estos despidos colectivos con el resto de despidos a efectos de su impugnación y calificación judicial, con la particularidad de que se prevé una acción para la que están legitimados los representantes de los trabajadores y que permitirá dar una solución homogénea para todos los trabajadores afectados por el despido.

 

También se introducen innovaciones en el terreno de la justificación de estos despidos. La ley se ciñe ahora a delimitar las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que justifican estos despidos, suprimiéndose otras referencias normativas que han venido introduciendo elementos de incertidumbre. Más allá del concreto tenor legal incorporado por diversas reformas desde la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, tales referencias incorporaban proyecciones de futuro, de imposible prueba, y una valoración finalista de estos despidos, que ha venido dando lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa. Ahora queda claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas. Esta idea vale tanto para el control judicial de los despidos colectivos cuanto para los despidos por causas objetivas ex artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores.

 

La nueva regulación refuerza los elementos sociales que deben acompañar a estos despidos. De una parte, se incentiva que mediante la autonomía colectiva se establezcan prioridades de permanencia ante la decisión de despido de determinados trabajadores, tales como aquellos con cargas familiares, los mayores de cierta edad o personas con discapacidad. De otra parte, en aquellos despidos colectivos que afecten a más de cien de trabajadores, la ley contempla una efectiva obligación empresarial de ofrecer a los trabajadores un plan de recolocación externa, que incluya medidas de formación, orientación profesional, atención personalizada y búsqueda activa de empleo.

 

Las medidas referidas a la extinción del contrato de trabajo se refieren también a las indemnizaciones y otros costes asociados a los despidos. Así, se considera necesario para mejorar la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral acercar los costes del despido a la media de los países europeos. La tradicional indemnización por despido improcedente, de 45 días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, constituye un elemento que acentúa demasiado la brecha existente entre el coste de la extinción del contrato temporal y el indefinido, además de ser un elemento distorsionador para la competitividad de las empresas, especialmente para la más pequeñas en un momento como el actual de dificultad de acceso a fuentes de financiación.

 

Por ello, el presente real decreto-ley generaliza para todos los despidos improcedentes la indemnización de 33 días con un tope de 24 mensualidades que se ha venido previendo para los despidos objetivos improcedentes de trabajadores con contrato de fomento de la contratación indefinida. Con esta generalización se suprime esta modalidad contractual, que se había desnaturalizado enormemente tras la última ampliación de los colectivos con los que se podía celebrar dicho contrato.

 

Las nuevas reglas sobre la indemnización por despido improcedente se aplican a los contratos celebrados a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley. Para el caso de los contratos celebrados con anterioridad a dicha fecha, la indemnización se seguirá calculando de acuerdo con las reglas anteriormente vigentes, si bien tan sólo con respecto al tiempo de servicios prestados antes de la entrada en vigor de esta norma. Para el tiempo de servicios restante, se tendrán en cuenta la nueva cuantía de 33 días por año de servicio. Con estas reglas, se es respetuoso con el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, al tiempo que se tienen en cuenta las expectativas indemnizatorias de los trabajadores con contrato en vigor.

 

Los cambios normativos hasta ahora reseñados en cuanto a la extinción del contrato de trabajo permiten dejar atrás otras reglas y previsiones cuya finalidad no era otra que, de un modo indirecto y un tanto irrazonable, mitigar las rigideces que han venido caracterizando al régimen jurídico del despido.

 

Junto a la supresión del «despido exprés» se introducen otras modificaciones en las normas que aluden a los salarios de tramitación, manteniendo la obligación de empresarial de abonarlos únicamente en los supuestos de readmisión del trabajador, bien por así haber optado el empresario ante un despido declarado improcedente, bien como consecuencia de la calificación de nulidad del mismo. En caso de los despidos improcedentes en los que el empresario opte por la indemnización, el no abono de los salarios de tramitación se justifica en que el tiempo de duración del proceso judicial no parece un criterio adecuado para compensar el perjuicio que supone la pérdida del empleo, pudiendo, además, el trabajador acceder a la prestación de desempleo desde el mismo momento en que tiene efectividad la decisión extintiva. Por lo demás, los salarios de tramitación actúan en ocasiones como un incentivo para estrategias procesales dilatorias, con el añadido de que los mismos acaban convirtiéndose en un coste parcialmente socializado, dada la previsión de que el empresario podrá reclamar al Estado la parte de dichos salarios que exceda de 60 días.

 

En esta misma línea, en orden a un tratamiento legal más razonable de los costes vinculados a la extinción del contrato de trabajo, el presente real decreto-ley modifica el régimen jurídico del Fondo de Garantía Salarial, racionalizando su ámbito de actuación, ciñéndolo al resarcimiento de parte de las indemnizaciones por extinciones de contratos indefinidos, que tengan lugar en empresas de menos de 25 trabajadores y no hayan sido declaradas judicialmente como improcedentes.

 

VI

La reforma del régimen jurídico sustantivo de la suspensión temporal del contrato, de la reducción temporal de la jornada y del despido colectivo en lo relativo a la supresión de la autorización administrativa de la autoridad laboral, obliga a adaptar el tratamiento procesal de dichas instituciones.

 

Se ha creado una nueva modalidad procesal para el despido colectivo, cuya regulación persigue evitar una demora innecesaria en la búsqueda de una respuesta judicial a la decisión empresarial extintiva. Además, se han suprimido apartados de otros preceptos que se referían a la autorización administrativa que se exigía hasta ahora en las suspensiones contractuales y reducciones de jornada temporales, así como en los despidos colectivos.

 

En aras a la celeridad que ha de presidir la regulación procesal laboral, esta nueva modalidad procesal tendrá el carácter de preferente y urgente y viene caracterizada por atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia y a la Audiencia Nacional el conocimiento, en primera instancia, de la impugnación por parte de los representantes de los trabajadores del despido colectivo, reconociéndose, posteriormente en aras a la celeridad, el recurso de casación.

 

Dada la complejidad que se presenta en la mayoría de despidos colectivos, se ha considerado oportuno, para evitar dilaciones en el tiempo, establecer la obligación empresarial de aportar la documentación que justificaría su decisión extintiva en un plazo a contar a partir de la admisión de la demanda, y así poder practicar, en su caso, la prueba sobre la misma de forma anticipada.

 

La impugnación individual de la extinción del contrato en el marco de un despido colectivo se sigue atribuyendo a los Juzgados de lo Social, por el cauce previsto para las extinciones por causas objetivas.

 

Por último, la impugnación de suspensiones contractuales y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y por fuerza mayor se articularán a través de las modalidades procesales previstas en los artículos 138 y 153-162 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en atención al carácter individual o colectivo de la decisión empresarial.

 

Finalmente, el Real Decreto-ley concluye con una serie de disposiciones entre las que destacan la previsión de un régimen específico aplicable a los administradores y directivos de entidades de crédito en lo relativo a limitaciones en las indemnizaciones a percibir por terminación de sus contratos en aquellas entidades de crédito participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Asimismo, se establecen determinadas normas respeto a la extinción/ suspensión del contrato de administradores o directivos de entidades de crédito por razón de imposición de sanciones o de suspensión y determinados supuestos de sustitución provisional, respectivamente. Esta disposición adicional viene a complementar, en las materias reseñadas, lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero de saneamiento del sector financiero respecto a las remuneraciones en las entidades de crédito que reciban apoyo financiero público para su saneamiento y restructuración.

 

Por otro lado, la disposición adicional octava del real decreto-ley pretende dar respuesta a la actual situación de crisis económica introduciendo criterios racionales y lógicos de ajuste en el ámbito de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal. Las medidas previstas en dicha disposición adicional persiguen la estabilidad económica, el interés general y el bien común. La fijación de límites en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal constituye, además, una medida económica dirigida a contener la expansión del gasto público, de tal modo que supone una decisión justificada por la necesidad de reducir del déficit público.

 

Por último, las disposiciones transitorias del presente real decreto-ley establecen las normas para la adecuada aplicación de sus disposiciones, en consonancia con el objetivo de reforma completa y equilibrada, de aplicación inmediata al marco de las relaciones laborales, todo ello en condiciones de seguridad jurídica, respecto de las medidas de intermediación laboral, fomento de empleo, protección por desempleo, vigencia de convenios denunciados, contratos de formación y despidos colectivos de trabajadores mayores de cincuenta años en empresas con beneficios.

 

La norma aclara la aplicación del nuevo régimen de indemnizaciones por despido improcedente, con respeto a las reglas vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la misma.

 

En las disposiciones finales se precisan las condiciones de disfrute de determinados supuestos de permisos de los trabajadores en materia de conciliación de vida laboral y familiar, la cuenta de formación de los trabajadores, definición de supuestos determinados de protección por desempleo y su acreditación, modificaciones en el subsistema de formación profesional para el empleo y horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, así como la modificación de las reglas del abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, entre otras.

 

VII

En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como premisa para recurrir a esta figura del real decreto-ley.

 

De manera principal hay que poner de relieve que la crisis económica iniciada en 2008 ha convertido a España en el país con más desempleo de la Unión Europea. La rapidez e intensidad de la destrucción de empleo en España se debe fundamentalmente a la rigidez del mercado laboral español, como ha sido puesto de manifiesto en multitud de ocasiones tanto por organismos internacionales como por la Unión Europea.

 

Las medidas adoptadas desde el inicio de la crisis para reformar el mercado laboral español se han revelado insuficientes e ineficaces para conseguir crear empleo. El desempleo ha seguido creciendo en 2011 y se prevé que lo siga haciendo en 2012. Las presiones de los mercados financieros sobre la zona euro y la deuda pública española y las recomendaciones de la Unión Europea [plasmadas en la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2011 relativa al Programa Nacional de Reforma de 2011 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad actualizado de España (2011-2014)], hacen imprescindible abordar las deficiencias estructurales del mercado laboral español que permitan iniciar la recuperación de la economía española. Se requiere la adopción urgente de estas medidas para generar la confianza necesaria para que los agentes creadores de empleo realicen nuevas contrataciones y opten por aplicar medidas de flexibilidad interna antes que por destruir empleo. Con esta reforma laboral se pretende crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así, generar la confianza necesaria para los mercados y los inversores.

 

La extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española para legislar mediante real decreto-ley resultan predicables de manera individualizada respecto de cada una de las medidas que se adoptan pero, de manera especial, del conjunto que integran.

 

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta respecto de las medidas que se refieren a los incentivos para la contratación de trabajadores y para favorecer su empleabilidad, que la dilación derivada de la tramitación parlamentaria de una norma que contuviera estas medidas tendría un negativo impacto en las decisiones empresariales para la contratación y alteraría gravemente el funcionamiento del mercado de trabajo. De ahí que sea necesaria la inmediata instauración de las mismas. De hecho, la práctica normativa habitual en nuestro país confirma que todas las modificaciones legales dirigidas a estimular la contratación se han instrumentado mediante la figura del real decreto-ley.

 

En segundo lugar, las medidas referidas al favorecimiento de la flexibilidad interna de las empresas también demandan una rápida incorporación al ordenamiento, especialmente en las circunstancias actuales de necesidad que tienen las empresas de acudir a las mismas como alternativa primordial a la destrucción de empleo.

 

En tercer lugar, las medidas dirigidas a mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, directamente relacionadas con las medidas de ajuste y reestructuración que deben acometer las empresas, guardan estrecha relación con las medidas de los dos grupos anteriores y no pueden entenderse sin ellas, toda vez que un conocimiento integral del conjunto de la regulación laboral que afecta a todas estas materias forma parte esencial de la formación de la voluntad de las empresas en la decisiones que finalmente toman y que han de conformar el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo hacia un mayor crecimiento.

 

En cuarto lugar, las medidas tendentes a la mejora de la intermediación laboral, que pretende la maximización de la eficiencia de los recursos públicos y privados dirigidos a favorecer la contratación, no permiten dilación alguna derivada de una tramitación parlamentaria de la norma, en especial a la vista de la magnitud del desempleo en nuestro país.

 

En quinto lugar, las modificaciones incluidas en los aspectos relativos a la negociación colectiva exigen dotar de certidumbre a las bases sobre las que las partes negociadoras deben abordar la negociación y revisión de los convenios colectivos, a la vista de las sustanciales novedades introducidas por este real decreto-ley en el Titulo III del Estatuto de los Trabajadores. Dilatar la efectividad de las importantes modificaciones que la norma contiene se traduciría a no dudar en el retraso, incluso en la paralización, de los procesos de negociación colectiva y minimizaría el impacto que dichas modificaciones pretender conferir a los convenios colectivos, como marcos regulatorios ágiles y flexibles que permitan contribuir eficazmente a la recuperación de la economía y a la creación de empleo.

 

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de febrero de 2012,

 

DISPONGO:

 

CAPÍTULO I.- Medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores

 

Artículo 1. Intermediación laboral.

Uno. El apartado 3 del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«3. La actividad consistente en la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas se realizará exclusivamente por empresas de trabajo temporal de acuerdo con su legislación específica. Asimismo podrán operar como agencias de colocación, siempre y cuando presenten una declaración responsable mediante la cual se manifieste que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo al servicio público de empleo competente.»

 

Dos. El artículo 1 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 1. Concepto.

Se denomina empresa de trabajo temporal aquélla cuya actividad fundamental consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos previstos en esta Ley. Las empresas de trabajo temporal podrán, además, actuar como agencias de colocación siempre y cuando presenten una declaración responsable mediante la cual se manifieste que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo.»

 

Tres. La letra b) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, queda redactado del siguiente modo:

«b) Dedicarse exclusivamente a la actividad constitutiva de empresa de trabajo temporal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1 de la presente Ley.»

 

Cuatro. El apartado 2 del artículo 21 bis de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda redactado del siguiente modo:

«2. Las personas físicas o jurídicas que deseen actuar como agencias de colocación deberán obtener autorización del servicio público de empleo que se concederá de acuerdo con los requisitos que se establezcan reglamentariamente. La autorización, que será única y tendrá validez en todo el territorio español, se concederá por el Servicio Público de Empleo Estatal en el supuesto de que la agencia pretenda realizar su actividad en diferentes Comunidades Autónomas, o por el equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso de que la agencia únicamente pretenda actuar en el territorio de una Comunidad.

El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de autorización sin haberse notificado resolución expresa al interesado supondrá la estimación de la solicitud por silencio administrativo.»

 

Cinco. La Disposición adicional segunda de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional segunda. Empresas de trabajo temporal.

Las empresas de trabajo temporal ajustarán su actividad a lo establecido en la normativa reguladora de las mismas. No obstante, cuando actúen como agencias de colocación deberán ajustarse a lo establecido en esta ley y sus disposiciones de desarrollo, incluida la obligación de garantizar a los trabajadores la gratuidad por la prestación de servicios.»

 

Artículo 2. Formación profesional.

Uno. La letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«b) A la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor empleabilidad.»

 

Dos. El apartado 2 del artículo 11 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«2. El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

 

El contrato para la formación y el aprendizaje se regirá por las siguientes reglas:

a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis y menores de veinticinco años que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas.

El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad.

b) La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres. No obstante, mediante convenio colectivo podrán establecerse distintas duraciones del contrato, en función de las necesidades organizativas o productivas de las empresas, sin que la duración mínima pueda ser inferior a seis meses ni la máxima superior a tres años.

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

c) Expirada la duración del contrato para la formación y el aprendizaje, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa para la misma actividad laboral u ocupación objeto de la cualificación profesional asociada al contrato, pero sí para una distinta.

No se podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje cuando el puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior a doce meses.

d) El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje directamente en un centro formativo de la red a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, previamente reconocido para ello por el Sistema Nacional de Empleo. No obstante, también podrá recibir dicha formación en la propia empresa cuando la misma dispusiera de las instalaciones y el personal adecuados a los efectos de la acreditación de la competencia o cualificación profesional a que se refiere el apartado e), sin perjuicio de la necesidad, en su caso, de la realización de periodos de formación complementarios en los centros de la red mencionada.

La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la empresa deberá estar relacionada con las actividades formativas.

Reglamentariamente se desarrollará el sistema de impartición y las características de la formación de los trabajadores en los centros formativos y en las empresas, así como su reconocimiento, en un régimen de alternancia con el trabajo efectivo para favorecer una mayor relación entre éste y la formación y el aprendizaje del trabajador. Las actividades formativas podrán incluir formación complementaria no referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para adaptarse tanto a las necesidades de los trabajadores como de las empresas.

Asimismo serán objeto de desarrollo reglamentario los aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa.

e) La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación y el aprendizaje será objeto de acreditación en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y en su normativa de desarrollo. Conforme a lo establecido en dicha regulación, el trabajador podrá solicitar de la Administración pública competente la expedición del correspondiente certificado de profesionalidad, título de formación profesional o, en su caso, acreditación parcial acumulable.

f) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al 75 por ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo y tercer año, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal. Los trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.

g) La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo.

En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

h) La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje comprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

i) En el supuesto de que el trabajador continuase en la empresa al término del contrato se estará a lo establecido en el apartado 1, párrafo f), de este artículo.»

 

Tres. El artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«1. El trabajador tendrá derecho:

a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional.

b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional.

c) A la concesión de los permisos oportunos de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo.

d) A la formación necesaria para su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo. La misma correrá a cargo de la empresa, sin perjuicio de la posibilidad de obtener a tal efecto los créditos destinados a la formación. El tiempo destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo.

 

2. En la negociación colectiva se pactarán los términos del ejercicio de estos derechos, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación directa o indirecta entre trabajadores de uno y otro sexo.

 

3. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo acumulables por un periodo de hasta tres años. La concreción del disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario.»

 

Cuatro. La letra c) del apartado 1 del artículo 26 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda redactada del siguiente modo:

«c) La participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y de los centros y entidades de formación debidamente acreditados en el diseño y planificación del subsistema de formación profesional para el empleo.»

 

Cinco. Se añade un apartado 10 al artículo 26 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, con el siguiente contenido:

«10. La formación recibida por el trabajador a lo largo de su carrera profesional, de acuerdo con el Catálogo de Cualificaciones Profesionales, se inscribirá en una cuenta de formación, asociada al número de afiliación a la Seguridad Social.

Los Servicios Públicos de Empleo efectuarán las anotaciones correspondientes en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.»

 

Seis. El apartado 1 de la Disposición transitoria sexta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de reforma del sistema de protección por desempleo, queda redactado del siguiente modo:

«Disposición transitoria sexta. Programa de sustitución de trabajadores en formación por trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo.

1. En aplicación de lo previsto en el párrafo tercero del apartado 4 del artículo 228 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, en la redacción dada al mismo por esta Ley, podrán acogerse al presente programa todas las empresas, cualquiera que sea el tamaño de su plantilla, que sustituyan a sus trabajadores con trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el tiempo en que aquéllos participen en acciones de formación, siempre que tales acciones estén financiadas por cualquiera de las Administraciones públicas.

La aplicación del programa regulado en la presente disposición transitoria será obligatoria para los trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo a que se refiere el párrafo anterior.»

 

Artículo 3. Reducciones de cuotas en los contratos para la formación y el aprendizaje.

1. Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley celebren contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo con anterioridad al 1 de enero de 2012, tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga, a una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, correspondientes a dichos contratos, del 100 por cien si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra.

Asimismo, en los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados o prorrogados según lo dispuesto en el párrafo anterior, se reducirá el 100 por cien de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga.

 

2. Las empresas que transformen en contratos indefinidos los contratos para la formación y el aprendizaje, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.500 euros/año, durante tres años. En el caso de mujeres, dicha reducción será de 1.800 euros/año.

 

3. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo establecido en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

 

CAPÍTULO II.- Fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la creación de empleo

 

Artículo 4. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.

1. Con objeto de facilitar el empleo estable a la vez que se potencia la iniciativa empresarial, las empresas que tengan menos de 50 trabajadores podrán concertar el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores que se regula en este artículo.

 

2. El contrato se celebrará por tiempo indefinido y a jornada completa, y se formalizará por escrito en el modelo que se establezca.

 

3. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de la duración del período de prueba a que se refiere el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, que será de un año en todo caso.

 

4. La empresa tendrá derecho a aplicar los siguientes incentivos fiscales:

a) En el supuesto de que el primer contrato de trabajo concertado por la empresa se realice con un menor de 30 años, la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal de tres mil euros.

b) Adicionalmente, en caso de contratar desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo regulada en el Título III del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal con un importe equivalente al 50 por ciento de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación, con el límite de doce mensualidades, y de acuerdo con las siguientes reglas:

 

1.º) El trabajador contratado deberá haber percibido la prestación durante, al menos, tres meses en el momento de la contratación.

2 .º) El importe de la deducción a que tiene derecho la empresa quedará fijado en la fecha de inicio de la relación laboral y no se modificará por las circunstancias que se produzcan con posterioridad.

3 .º) La empresa requerirá al trabajador un certificado del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral.

 

El trabajador contratado podrá voluntariamente compatibilizar cada mes, junto con el salario, el 25 por ciento de la cuantía de la prestación que tuviera reconocida y pendiente de percibir en el momento de su contratación.

En todo caso, cuando el trabajador no compatibilice la prestación con el salario en los términos del párrafo anterior, se mantendrá el derecho del trabajador a las prestaciones por desempleo que le restasen por percibir en el momento de la colocación, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 212 y 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

 

5. Con independencia de los incentivos fiscales anteriormente citados, las contrataciones de desempleados inscritos en la Oficina de empleo darán derecho a las siguientes bonificaciones, siempre que se refieran a alguno de estos colectivos:

a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante tres años, cuya cuantía será de 83,33 euros/mes (1.000 euros/año) en el primer año; de 91,67 euros/mes (1.100 euros/año) en el segundo año, y de 100 euros/mes (1.200 euros/año) en el tercer año.

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores en los que este colectivo esté menos representado las cuantías anteriores se incrementarán en 8,33 euros/mes (100 euros/año).

b) Mayores de 45 años, que hayan estado inscritos en la Oficina de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación, la empresa tendrá derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social, cuya cuantía será de 108,33 euros/mes (1.300 euros/año) durante tres años.

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores en los que este colectivo esté menos representado, las bonificaciones indicadas serán de 125 euros/mes (1.500 euros/año).

Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas previstas con la misma finalidad, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

 

6. No podrá concertar el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores a que se refiere el presente artículo, la empresa que, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas declaradas improcedentes por sentencia judicial o hubiera procedido a un despido colectivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a las extinciones y despidos producidos con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.

 

7. Para la aplicación de los incentivos anteriormente referidos, el empresario deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de esta obligación a su reintegro.

No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

 

8. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se tendrá en cuenta el número de trabajadores de la empresa en el momento de producirse la contratación.

 

9. En lo no establecido en este artículo serán de aplicación las previsiones contenidas en la sección 1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en el artículo 6.2 en materia de exclusiones.

 

Artículo 5. Contrato a tiempo parcial.

La letra c) del apartado 4 del artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactada del siguiente modo:

«c) Los trabajadores a tiempo parcial podrán realizar horas extraordinarias. El número de horas extraordinarias que se podrán realizar será el legalmente previsto en proporción a la jornada pactada.

Las horas extraordinarias realizadas en el contrato a tiempo parcial computarán a efectos de bases de cotización a la Seguridad Social y bases reguladoras de las prestaciones.

La realización de horas complementarias se regirá por lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo.

En todo caso, la suma de las horas ordinarias, extraordinarias y complementarias no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en el apartado uno de este artículo.»

 

Artículo 6. Trabajo a distancia.

El artículo 13 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 13. Trabajo a distancia.

1. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquél en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa.

 

2. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito. Tanto si el acuerdo se estableciera en el contrato inicial como si fuera posterior, le serán de aplicación las reglas contenidas en el artículo 8.3 de esta Ley para la copia básica del contrato de trabajo.

 

3. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquéllos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial. En especial, el trabajador a distancia tendrá derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida conforme a su grupo profesional y funciones.

 

El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de estos trabajadores a la formación profesional continua, a fin de favorecer su promoción profesional. Asimismo, a fin de posibilitar la movilidad y promoción, deberá informar a los trabajadores a distancia de la existencia de puestos de trabajo vacantes para su desarrollo presencial en sus centros de trabajo.

 

4. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y su normativa de desarrollo.

 

5. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo previsto en la presente Ley. A estos efectos dichos trabajadores deberán estar adscritos a un centro de trabajo concreto de la empresa.»

 

Artículo 7. Bonificaciones de cuotas por transformación de contratos en prácticas, de relevo y de sustitución en indefinidos.

1. Las empresas que transformen en indefinidos contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 41,67 euros/mes (500 euros/año), durante tres años.

En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán de 58,33 euros/mes (700 euros/año).

 

2. Podrán ser beneficiarios de las bonificaciones establecidas en este artículo las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores en el momento de producirse la contratación, incluidos los trabajadores autónomos, y sociedades laborales o cooperativas a las que se incorporen trabajadores como socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas últimas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.

 

3. En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo establecido en la sección 1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

 

4. Los trabajadores contratados al amparo de este artículo serán objetivo prioritario en los planes de formación para personas ocupadas dentro de los programas de formación profesional para el empleo, así como de cualquier otra medida de política activa de empleo, al objeto de incrementar su cualificación profesional.

 

CAPÍTULO III.- Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo

 

Artículo 8. Clasificación profesional.

El artículo 22 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 22. Sistema de clasificación profesional.

1. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los trabajadores por medio de grupos profesionales.

 

2. Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador.

 

3. La definición de los grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas que tengan como objeto garantizar la ausencia de discriminación directa e indirecta entre mujeres y hombres.

 

4. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se asignará al trabajador un grupo profesional y se establecerá como contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo la realización de todas las funciones correspondientes al grupo profesional asignado o solamente de alguna de ellas. Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la realización de funciones propias de más de un grupo, la equiparación se realizará en virtud de las funciones que se desempeñen durante mayor tiempo.»

 

Artículo 9. Tiempo de trabajo.

El apartado 2 del artículo 34 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«2. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto en contrario, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 5 por ciento de la jornada de trabajo.

Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la Ley.»

 

Artículo 10. Movilidad funcional.

El artículo 39 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 39. Movilidad funcional.

1. La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador.

 

2. La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional sólo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. El empresario deberá comunicar su decisión y las razones de ésta a los representantes de los trabajadores.

En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un período superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción social. Mediante la negociación colectiva se podrán establecer períodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de vacantes.

 

3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar las causas de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.

 

4. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este artículo requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones substanciales de condiciones de trabajo o a las que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo.»

 

Artículo 11. Movilidad geográfica.

Uno. El apartado 1 del artículo 40 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«1. El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial.

La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad.

Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre el traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. La compensación a que se refiere el primer supuesto comprenderá tanto los gastos propios como los de los familiares a su cargo, en los términos que se convengan entre las partes, que nunca será inferior a los límites mínimos establecidos en los convenios colectivos.

Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporación citado, el trabajador que no habiendo optado por la extinción de su contrato se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción competente. La sentencia declarará el traslado justificado o injustificado y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen.

Cuando, con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente de este artículo, la empresa realice traslados en períodos sucesivos de noventa días en número inferior a los umbrales allí señalados, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichos nuevos traslados se considerarán efectuados en fraude de ley y serán declarados nulos y sin efecto.»

 

Dos. El apartado 2 del artículo 40 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«2. El traslado a que se refiere el apartado anterior deberá ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a quince días, cuando afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que éste ocupe a más de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un período de noventa días comprenda a un número de trabajadores de, al menos:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal.

Dicho período de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados.

La apertura del período de consultas y las posiciones de las partes tras su conclusión deberán ser notificadas a la autoridad laboral para su conocimiento.

Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.

Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, representen a la mayoría de aquéllos.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4.

Tras la finalización del período de consultas el empresario notificará a los trabajadores su decisión sobre el traslado, que se regirá a todos los efectos por lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 1 de este artículo. La interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.

El acuerdo con los representantes legales de los trabajadores en el período de consultas se entenderá sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados al ejercicio de la opción prevista en el párrafo cuarto del apartado 1 de este artículo.

El empresario y la representación legal de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas a que se refiere este apartado por la aplicación del procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.»

 

Tres. El apartado 5 del artículo 40 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«5. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en los puestos de trabajo a que se refiere este artículo. Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de permanencia a favor de trabajadores de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad.»

 

Artículo 12. Modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Uno. El artículo 41 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.

1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley.

 

2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.

Se considera de carácter colectivo la modificación que, en un período de noventa días, afecte al menos a:

Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

Se considera de carácter individual la modificación que, en el periodo de referencia establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas.

 

3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días a la fecha de su efectividad.

En los supuestos previstos en los párrafos a), b), c), d) y f) del apartado 1 de este artículo, si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad anteriormente citado, el trabajador que no habiendo optado por la rescisión de su contrato se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia declarará la modificación justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones.

Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente de este artículo, la empresa realice modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en períodos sucesivos de noventa días en número inferior a los umbrales que establece el apartado segundo para las modificaciones colectivas, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efecto.

 

4. Sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse en la negociación colectiva, la decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida en las empresas en que existan representantes legales de los trabajadores de un período de consultas con los mismos de duración no superior a quince días, que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal.

Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, representen a la mayoría de aquéllos.

En las empresas en las que no exista representación legal de los mismos, éstos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma.

En todos los casos, la designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la falta de designación pueda suponer la paralización del mismo. Los acuerdos de la comisión requerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros. En el supuesto de que la negociación se realice con la comisión cuyos miembros sean designados por los sindicatos, el empresario podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas más representativas a nivel autonómico, y con independencia de la organización en la que esté integrado tenga carácter intersectorial o sectorial.

El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. Ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la opción prevista en el párrafo segundo del apartado 3 de este artículo.

 

5. La decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de trabajo será notificada por el empresario a los trabajadores una vez finalizado el periodo de consultas sin acuerdo y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su notificación.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el apartado 3 de este artículo. La interposición del conflicto paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución.

 

6. La modificación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos regulados en el Título III de la presente Ley deberá realizarse conforme a lo establecido en el artículo 82.3.

 

7. En materia de traslados se estará a lo dispuesto en las normas específicas establecidas en el artículo 40 de esta Ley.»

 

Dos. La letra a) del apartado 1 del artículo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactada en los siguientes términos:

«a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 de esta Ley y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador.»

 

Artículo 13. Suspensión del contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativa o de producción o derivadas de fuerza mayor.

El artículo 47 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«1. El empresario podrá suspender el contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. El procedimiento, que será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y del número de afectados por la suspensión, se iniciará mediante comunicación a la autoridad laboral competente y la apertura simultánea de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de duración no superior a quince días.

La autoridad laboral dará traslado de la comunicación empresarial a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de dicha comunicación y sobre el desarrollo del período de consultas. El informe deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de 15 días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del período de consultas y quedará incorporado al procedimiento.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4.

Cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo primero y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.

También podrá ser impugnado el acuerdo por la autoridad laboral a petición de la entidad gestora de la prestación por desempleo cuando el acuerdo pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.

Tras la finalización del período de consultas el empresario notificará a los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión. La autoridad laboral comunicará la decisión empresarial a la entidad gestora de la prestación de desempleo, fecha a partir del cual surtirá efectos la decisión empresarial sobre la suspensión de los contratos, salvo que en ella se contemple una posterior.

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado podrá reclamar el trabajador ante la jurisdicción social que declarará la medida justificada o injustificada. Cuando la decisión empresarial afecte a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 de esta Ley se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual. La interposición del conflicto colectivo paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.

 

2. La jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción con arreglo al procedimiento previsto en el apartado anterior. A estos efectos, se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10 y un 70 por ciento de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. Durante el período de reducción de jornada no podrán realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor.

 

3. Igualmente, el contrato de trabajo podrá ser suspendido por causa derivada de fuerza mayor con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 51.7 de esta Ley y normas reglamentarias de desarrollo.

 

4. Durante las suspensiones de contratos o las reducciones de jornada se promoverá el desarrollo de acciones formativas vinculadas a la actividad profesional de los trabajadores afectados cuyo objeto sea aumentar su polivalencia o incrementar su empleabilidad.»

 

Artículo 14. Negociación colectiva.

Uno. El apartado 3 del artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«3. Los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley.

g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante dos trimestres consecutivos.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo segundo, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prologarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. Asimismo, el acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo y a la autoridad laboral.

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión paritaria del convenio que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia fuera planteada. Cuando ésta no alcanzara un acuerdo, las partes podrán recurrir a los procedimientos que deben establecerse en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83 de la presente Ley, para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a que se refiere este apartado, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91.

Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y las partes no se hubieran sometido a los procedimientos mencionados a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de las discrepancias a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en los demás casos. La decisión de estos órganos, que podrá ser adoptada en su propio seno o por un arbitro designado al efecto por ellos mismos, habrá de dictarse en plazo no superior a veinticinco días a contar desde la fecha del sometimiento del conflicto ante dichos órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en periodo de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91.»

 

Dos. El apartado 1 del artículo 84 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«1. Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto salvo pacto en contrario, negociado conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 83, y salvo lo previsto en el apartado siguiente.»

 

Tres. El apartado 2 del artículo 84 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«2. La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias:

a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa.

b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos.

c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones.

d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores.

e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa.

f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2.

Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87.1.

Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no podrán disponer de la prioridad aplicativa prevista en este apartado.»

 

Cuatro. El apartado 3 del artículo 85 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«3. Sin perjuicio de la libertad de contratación a que se refiere el párrafo anterior, los convenios colectivos habrán de expresar como contenido mínimo lo siguiente:

a) Determinación de las partes que los conciertan.

b) Ámbito personal, funcional, territorial y temporal.

c) Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3, adaptando, en su caso, los procedimientos que se establezcan a este respecto en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico conforme a lo dispuesto en tales artículos.

d) Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo para dicha denuncia antes de finalizar su vigencia.

e) Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas, así como establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación de esta comisión, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83.»

 

Cinco. El apartado 1 del artículo 86 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«1. Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, pudiendo eventualmente pactarse distintos períodos de vigencia para cada materia o grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio.

Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos que reúnan los requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 de esta Ley podrán negociar su revisión.»

 

Seis. El apartado 3 del artículo 86 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«3. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio.

Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en la empresa. Estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinen.

Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83, se deberán establecer procedimientos de aplicación general y directa para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del procedimiento de negociación sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia jurídica que los convenios colectivos y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91. Dichos acuerdos interprofesionales deberán especificar los criterios y procedimientos de desarrollo del arbitraje, expresando en particular para el caso de imposibilidad de acuerdo en el seno de la comisión negociadora el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral por las partes; en defecto de pacto específico sobre el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral, se entenderá que el arbitraje tiene carácter obligatorio.

Transcurridos dos años desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación.»

 

Siete. El apartado 2 del artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«2. En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación, se procederá a constituir la comisión negociadora; la parte receptora de la comunicación deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un calendario o plan de negociación.»

 

Artículo 15. Medidas de apoyo a la suspensión de contratos y a la reducción de jornada.

1. Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o fuerza mayor, incluidas las suspensiones de contratos colectivas tramitadas de conformidad con la legislación concursal. La duración de la bonificación será coincidente con la situación de desempleo del trabajador, sin que en ningún caso pueda superar los 240 días por trabajador.

 

2. Para la obtención de la bonificación será requisito necesario que el empresario se comprometa a mantener en el empleo a los trabajadores afectados durante al menos un año con posterioridad a la finalización de la suspensión o reducción. En caso de incumplimiento de esta obligación, deberá reintegrar las bonificaciones aplicadas respecto de dichos trabajadores, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

No se considerará incumplida esta obligación cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo contratos a los que se haya aplicado la bonificación establecida en este artículo quedarán excluidas por un periodo de doce meses de la aplicación de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. La citada exclusión afectará a un número de contratos igual al de las extinciones producidas. El periodo de exclusión se contará a partir del reconocimiento o de la declaración de improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido colectivo.

 

3. Será de aplicación lo establecido en el artículo 1.3 y 1.4 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, así como los requisitos regulados en el artículo 5, las exclusiones establecidas en las letras a) y b) del artículo 6.1, y lo dispuesto en su artículo 9 sobre reintegro de los beneficios.

 

4. Las bonificaciones a las que se refiere este artículo serán compatibles con otras ayudas públicas previstas con la misma finalidad, incluidas las reguladas en el Programa de fomento de empleo, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

 

5. Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las solicitudes de regulación de empleo presentadas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013.

 

6. El Servicio Público de Empleo Estatal llevará a cabo un seguimiento trimestral de la bonificación establecida en este artículo, para garantizar que se cumplen los requisitos y finalidad de la misma.

 

Artículo 16. Reposición del derecho a la prestación por desempleo.

1. Cuando una empresa, en virtud del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores o de un procedimiento concursal, haya suspendido contratos de trabajo, de forma continuada o no, o haya reducido el número de días u horas de trabajo, y posteriormente se extingan contratos al amparo de los artículos 51 o 52.c del Estatuto de los Trabajadores, o del artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, los trabajadores afectados tendrán derecho a la reposición de la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo por el mismo número de días que hubieran percibido el desempleo total o parcial en virtud de aquellas suspensiones o reducciones con un límite máximo de 180 días, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que las suspensiones o reducciones de jornada se hayan producido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, ambos inclusive;

b) Que el despido se produzca entre la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley y el 31 de diciembre de 2013.

 

2. La reposición prevista en el apartado 1 de este artículo será de aplicación cuando en el momento de la extinción de la relación laboral:

a) Se reanude el derecho a la prestación por desempleo.

b) Se opte por la reapertura del derecho a la prestación por desempleo inicial, en ejercicio del derecho de opción previsto en el artículo 210.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

c) Se haya agotado la prestación por desempleo durante la suspensión o la reducción de jornada y no se haya generado un nuevo derecho a prestación por desempleo contributiva.

 

3. La reposición prevista en este artículo se aplicará al mismo derecho a la prestación por desempleo que se consumió durante la suspensión temporal o reducción temporal de la jornada de trabajo.

La base de cotización y la cuantía a percibir, durante el periodo de la reposición, serán las mismas que las que correspondieron a los periodos objeto de la reposición.

 

4. El derecho a la reposición se reconocerá de oficio por la entidad gestora en los supuestos en los que se solicite la reanudación o reapertura de la prestación por desempleo.

En los supuestos en que esté agotado el derecho se deberá solicitar la reposición, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 209 de la Ley General de la Seguridad Social.

 

5. Las ayudas reconocidas en concepto de reposición de prestaciones por desempleo a los trabajadores incluidos en los planes de apoyo para facilitar el ajuste laboral de los sectores afectados por cambios estructurales del comercio mundial, conforme a lo previsto en los citados planes de apoyo y en la Orden de 5 de abril de 1995, por la que se determinan las ayudas que podrá conceder el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas, no serán acumulables a la reposición de prestaciones establecida en este artículo.

 

CAPÍTULO IV.- Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral

 

Artículo 17. Suspensión temporal de la aplicación del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El artículo 5 del Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, queda redactado del siguiente modo:

«Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2012, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.»

 

Artículo 18. Extinción del contrato de trabajo.

Uno. La letra h) del apartado 1 del artículo 49 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactada del siguiente modo:

«h) Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo, siempre que su existencia haya sido debidamente constatada conforme a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 51.»

 

Dos. La letra i) del apartado 1 del artículo 49 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactada del siguiente modo:

«i) Por despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.»

 

Tres. El artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 51. Despido colectivo.

1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refiere el párrafo primero de este artículo, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en el período de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de esta Ley, siempre que su número sea, al menos, de cinco.

Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones contenidas en el presente artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 c) de esta Ley en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se considerarán efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin efecto.

 

2. El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores. La consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad.

La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los trabajadores, una copia del cual se hará llegar, junto con la comunicación, a la autoridad laboral. En dicho escrito se consignarán los siguientes extremos:

a) La especificación de las causas del despido colectivo conforme a lo establecido en el apartado 1.

b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido.

c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año.

d) Periodo previsto para la realización de los despidos.

e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos.

La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de los restantes aspectos señalados en el párrafo anterior.

Recibida la comunicación, la autoridad laboral lo comunicará a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de la comunicación a que se refiere los párrafos anteriores y sobre el desarrollo del período de consultas. El informe deberá ser evacuado en el improrrogable plazo de 15 días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del período de consultas y quedará incorporado al procedimiento.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representación para el período de consultas a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.

La autoridad laboral velará por la efectividad del periodo de consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes que, en ningún caso, no supondrán la paralización ni la suspensión del procedimiento.

Transcurrido el período de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo. En caso contrario, remitirá a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión final de despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo.

 

3. Cuando la extinción afectase a más del 50 por 100 de los trabajadores, se dará cuenta por el empresario de la venta de los bienes de la empresa, excepto de aquellos que constituyen el tráfico normal de la misma, a los representantes legales de los trabajadores y, asimismo, a la autoridad competente.

 

4. Comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores, el empresario notificará los despidos individualmente a los trabajadores afectados en los términos establecidos en el artículo 53.1 de esta Ley. Lo anterior no obstante, deberán haber transcurrido como mínimo 30 días entre la fecha de la comunicación de la apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha de efectos del despido.

 

5. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos a que se refiere este artículo. Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de permanencia a favor de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad.

 

6. La decisión empresarial podrá impugnarse a través de las acciones previstas para este despido. La interposición de la demanda por los representantes de los trabajadores paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta la resolución de aquella.

La autoridad laboral podrá impugnar los acuerdos adoptados en el periodo de consultas cuando estime que estos se han alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, así como cuando la entidad gestora de la prestación por desempleo hubiese informado que el acuerdo pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.

 

7. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado.

El expediente se iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del expediente.

La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud, y surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

La autoridad laboral que constate la fuerza mayor podrá acordar que la totalidad o una parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos sea satisfecha por el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del derecho de éste a resarcirse del empresario.

 

8. Las obligaciones de información y documentación previstas en el presente artículo se aplicarán con independencia de que la decisión relativa a los despidos colectivos haya sido tomada por el empresario o por la empresa que ejerza el control sobre él. Cualquier justificación del empresario basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no le ha facilitado la información necesaria no podrá ser tomada en consideración a tal efecto.

 

9. Cuando se trate de procedimientos de despidos colectivos de empresas no incursas en procedimiento concursal, que incluyan trabajadores con cincuenta y cinco o más años de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967, existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial respecto de los trabajadores anteriormente señalados en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social.

 

10. La empresa que lleve a cabo un despido colectivo que afecte a más de cincuenta trabajadores deberá ofrecer a los trabajadores afectados un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas. Dicho plan, diseñado para un periodo mínimo de 6 meses, deberá incluir medidas de formación y orientación profesional, atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda activa de empleo. En todo caso, lo anterior no será de aplicación en las empresas que se hubieran sometido a un procedimiento concursal. El coste de la elaboración e implantación de dicho plan no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

El incumplimiento de la obligación establecida en este apartado o de las medidas sociales de acompañamiento asumidas por el empresario, podrá dar lugar a la reclamación de su cumplimiento por parte de los trabajadores, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que procedan por el incumplimiento.

 

11. Las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en este artículo, y que incluyan a trabajadores de 50 o más años de edad, deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público de acuerdo con lo establecido legalmente.»

 

Cuatro. La letra b) del artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactada del siguiente modo:

«b) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. Previamente el empresario deberá ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones operadas. Durante la formación, el contrato de trabajo quedará en suspenso y el empresario abonará al trabajador el salario medio que viniera percibiendo. La extinción no podrá ser acordada por el empresario hasta que hayan transcurrido, como mínimo, dos meses desde que se introdujo la modificación o desde que finalizó la formación dirigida a la adaptación.»

 

Cinco. La letra d) del artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactada del siguiente modo:

«d) Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda.»

 

Seis. El penúltimo párrafo del apartado 4 del artículo 53 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«La decisión extintiva se considerará procedente siempre que se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva y se hubieren cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo. En otro caso se considerará improcedente.»

 

Siete. El apartado 1 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.

El abono de la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.»

 

Ocho. El apartado 2 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.»

 

Nueve. El apartado 4 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción corresponderá siempre a éste. De no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, ésta será obligada. Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2.»

 

Diez. El apartado 1 del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«1. Cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido se dicte transcurridos más de sesenta días hábiles desde la fecha en que se presentó la demanda, el empresario podrá reclamar del Estado el abono de la percepción económica a la que se refiere el apartado 2 del artículo 56 de esta Ley, correspondiente al tiempo que exceda de dichos sesenta días.»

 

Once. El apartado 4 del artículo 209 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el, queda redactado del siguiente modo:

«4. En el supuesto de despido o extinción de la relación laboral, la decisión del empresario de extinguir dicha relación se entenderá, por sí misma y sin necesidad de impugnación, como causa de situación legal de desempleo. El ejercicio de la acción contra el despido o extinción no impedirá que se produzca el nacimiento del derecho a la prestación.»

 

Doce. La letra a) del apartado 5 del artículo 209 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda redactada del siguiente modo:

«a) Cuando, como consecuencia de la reclamación o el recurso, el despido sea considerado improcedente y se opte por la indemnización:

El trabajador continuará percibiendo las prestaciones por desempleo o, si no las estuviera percibiendo, comenzará a percibirlas con efectos desde la fecha del cese efectivo en el trabajo, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado 1 de este artículo, tomando como fecha inicial para tal cumplimiento la del acta de conciliación o providencia de opción por la indemnización, o, en su caso, la de la resolución judicial.

El trabajador deberá solicitar el reconocimiento de las prestaciones en el plazo previsto en el apartado 1 de este artículo, tomando como fecha inicial para tal cumplimiento la del acta de conciliación o providencia de opción por la indemnización, o, en su caso, la de la resolución judicial.»

 

Trece. El apartado 14 del artículo 8 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda redactado del siguiente modo:

«14. El incumplimiento por el empresario de la obligación establecida en el apartado 10 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores o de las medidas sociales de acompañamiento asumidas por el empresario en el marco de los procedimientos de despido colectivo.»

 

Artículo 19. Fondo de Garantía Salarial.

El apartado 8 del artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

«8. En los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de veinticinco trabajadores cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los artículos 51 y 52 de esta Ley o en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, una parte de la indemnización que corresponda al trabajador será objeto de resarcimiento al empresario por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año. No será de aplicación el resarcimiento por el Fondo de Garantía Salarial en las extinciones que hayan sido declaradas como improcedentes, tanto en conciliación administrativa o judicial como mediante sentencia.

El cálculo del importe de este abono se realizará sobre las indemnizaciones ajustadas a los límites previstos en el apartado 2 de este artículo».

 

CAPÍTULO V.- Modificaciones de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social

 

Artículo 20. De la jurisdicción y de la competencia.

Uno. La letra n) del artículo 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactada del siguiente modo:

«n) En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional.»

 

Dos. La letra a) del apartado 2 del artículo 6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactada del siguiente modo:

«a) Los órganos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella siempre que su nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado.»

 

Tres. El artículo 7 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactado del siguiente modo:

«Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán:

a) En única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de la circunscripción de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma, así como de todos aquellos que expresamente les atribuyan las leyes.

Asimismo conocerán en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta Ley, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial no superior al de la Comunidad Autónoma.

b) También en única instancia, de los procesos de impugnación de actos de las Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del artículo 2, cuando hayan sido dictados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o por órganos de la Administración General del Estado con nivel orgánico de Ministro o Secretario de Estado, siempre que, en este último caso, el acto haya confirmado, en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela, los que hayan sido dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.

c) De los recursos de suplicación establecidos en esta Ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripción.

d) De los recursos de suplicación contra los autos de los jueces de lo mercantil previstos en los artículos 64.8 y 197.8 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

e) De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de su circunscripción.»

 

Cuatro. El apartado 1 del artículo 8 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactado del siguiente modo:

«1. Las Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma o tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.

Asimismo conocerán en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta Ley, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.»

 

Artículo 21. De los actos procesales.

El apartado 4 del artículo 43 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactado del siguiente modo:

«4. Los días del mes de agosto serán inhábiles, salvo en las modalidades procesales de despido, extinción del contrato de trabajo de los artículos 50, 51 y 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del artículo 139, impugnación de altas médicas, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, tanto en el proceso declarativo como en trámite de recurso o de ejecución.»

 

Artículo 22. De la evitación del proceso

Uno. El apartado 1 del artículo 64 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactado del siguiente modo:

«1. Se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación los procesos que exijan la reclamación previa en vía administrativa u otra forma de agotamiento de la misma, en su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones y a materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artículo 139, los iniciados de oficio, los de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, los procesos de anulación de laudos arbitrales, los de impugnación de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, así como aquellos en que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género.»

 

Dos. El apartado 1 del artículo 70 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactado del siguiente modo:

«1. Se exceptúan del requisito de reclamación previa los procesos relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artículo 139, procedimientos de oficio, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos, impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, siendo en estos últimos potestativo, y reclamaciones contra el Fondo de Garantía Salarial, al amparo de lo prevenido en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.»

 

Artículo 23. De las modalidades procesales

Uno. El apartado 1 del artículo 110 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, queda redactado del siguiente modo:

«1. Si el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o, a elección de aquél, a que le abone una indemnización, cuya cuantía se fijará de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 56 de dicha Ley, con las siguientes particularidades:

a) En el acto de juicio, la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización podrá anticipar su opción, para el caso de declaración de improcedencia, mediante expresa manifestación en tal sentido, sobre la que se pronunciará el juez en la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 111 y 112.

b) A solicitud de la parte demandante, si constare no ser realizable la readmisión, podrá acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opción por la indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación en la propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnización por despido, calculada hasta la fecha de la sentencia.

c) En los despidos improcedentes de trabajadores cuya relación laboral sea de carácter especial, la cuantía de la indemnización será la establecida, en su caso, por la norma que regule dicha relación especial.»

 

Dos. La letra b) del apartado 1 del artículo 111 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, queda redactado del siguiente modo:

«b) Cuando la opción del empresario hubiera sido por la indemnización, tanto en el supuesto de que el recurso fuere interpuesto por éste como por el trabajador, no procederá la readmisión mientras penda el recurso, si bien durante la tramitación del recurso el trabajador se considerará en situación legal de desempleo involuntario según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 208 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Si la sentencia que resuelva el recurso que hubiera interpuesto el trabajador elevase la cuantía de la indemnización, el empresario, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, podrá cambiar el sentido de su opción y, en tal supuesto, la readmisión retrotraerá sus efectos económicos a la fecha en que tuvo lugar la primera elección, deduciéndose de las cantidades que por tal concepto se abonen las que, en su caso, hubiera percibido el trabajador en concepto de prestación por desempleo. La citada cantidad, así como la correspondiente a la aportación empresarial a la Seguridad Social por dicho trabajador, habrá de ser ingresada por el empresario en la Entidad gestora.

A efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la protección por desempleo, el período al que se refiere el párrafo anterior se considerará de ocupación cotizada.»

 

Tres. La rúbrica del Capítulo IV del Título II del Libro Segundo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactado del siguiente modo:

«CAPÍTULO IV
De la extinción del contrato por causas objetivas, por despido colectivo y otras causas de extinción.»

 

Cuatro. La rúbrica de la Sección 2.ª del Capítulo IV del Título II del Libro Segundo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactado del siguiente modo:

«Sección 2.ª Despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor.»

 

Cinco. El artículo 124 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 124. Despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor.

1. La decisión empresarial podrá impugnarse por los representantes legales o sindicales de los trabajadores a través del proceso previsto en los apartados siguientes.

 

2. La demanda podrá fundarse en los siguientes motivos:

a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita.

b) Que no se ha respetado lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores.

c) Que la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.

En ningún caso podrán ser objeto de este proceso las pretensiones relativas a la inaplicación de las reglas de prioridad de permanencia previstas legal o convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado en el período de consultas. Tales pretensiones se plantearán a través del procedimiento individual al que se refiere el apartado 11 del presente artículo.

 

3. En caso de que el período de consultas regulado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores hubiera finalizado con acuerdo, también deberá demandarse a los firmantes del mismo.

 

4. Para presentar la demanda no será necesario agotar ninguna de las formas de evitación del proceso contempladas en el Título V del Libro I de la presente Ley.

 

5. La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de veinte días desde la notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión de despido colectivo adoptada por el empresario al finalizar el período de consultas del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

 

6. Este proceso tendrá carácter urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos será absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. Contra las resoluciones de tramitación que se dicten no cabrá recurso, salvo el de declaración inicial de incompetencia.

 

7. Admitida a trámite la demanda, el secretario judicial dará traslado de la misma al empresario demandado y le requerirá para que en el plazo de cinco días presente, preferiblemente en soporte informático, la documentación y las actas del período de consultas y la comunicación a la autoridad laboral del resultado del mismo.

En ese mismo requerimiento, el secretario judicial ordenará al empresario que, en el plazo de cinco días, notifique a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido colectivo la existencia del proceso planteado por los representantes de los trabajadores, para que en el plazo de quince días comuniquen al órgano judicial un domicilio a efectos de notificación de la sentencia.

En caso de negativa injustificada del empresario a remitir estos documentos o a informar a los trabajadores que pudieran resultar afectados, el secretario judicial reiterará por la vía urgente su inmediata remisión en el plazo de tres días, con apercibimiento de que de no cumplirse en plazo este segundo requerimiento se impondrán las medidas a las que se refiere el apartado 5 del artículo 75, y se podrán tener por ciertos a los efectos del juicio posterior los hechos que pretende acreditar la parte demandante.

Al admitirse la demanda, el secretario judicial acordará recabar de la Autoridad Laboral copia del expediente administrativo relativo al despido colectivo.

 

8. Transcurrido el plazo de diez días hábiles desde la finalización del plazo para interponer la demanda, el secretario judicial citará a las partes al acto del juicio, que deberá tener lugar en única convocatoria dentro de los 15 días siguientes. En la citación se acordará de oficio el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de antelación al acto de juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica de la prueba.

 

9. La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la celebración del juicio y será recurrible en casación ordinaria.

Se declarará ajustada a derecho la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida.

La sentencia declarará nula la decisión extintiva cuando no se haya respetado lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, u obtenido la autorización judicial del juez del concurso en los supuestos en que esté legalmente prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas o con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.

La sentencia declarará no ajustada a Derecho, la decisión extintiva cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva.

 

10. Una vez firme la sentencia, se notificará a quienes hubieran sido parte y a los trabajadores que pudieran ser afectados por el despido colectivo que hubiesen puesto en conocimiento del órgano judicial un domicilio a efectos de notificaciones, a los efectos previstos en la letra b) del apartado 11 de este artículo.

La sentencia firme se notificará para su conocimiento a la autoridad laboral, la entidad gestora de la prestación por desempleo y la Administración de la Seguridad Social cuando no hubieran sido parte en el proceso.

 

11. Cuando el objeto del proceso sea la impugnación individual de la extinción del contrato de trabajo ante el Juzgado de lo Social, se estará a lo previsto en los artículos 120 a 123 de esta Ley, con las siguientes especialidades:

a) Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, éstos también deberán ser demandados. Igualmente deberán ser demandados los representantes de los trabajadores cuando la medida cuente con la conformidad de aquéllos.

b) Si una vez iniciado el proceso individual se plantease demanda por los representantes de los trabajadores contra la decisión empresarial a tenor de lo dispuesto en los apartados anteriores, aquel proceso se suspenderá hasta la resolución de la demanda formulada por los representantes de los trabajadores, que una vez firme tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los términos del apartado 3 del artículo 160.

c) El despido será nulo, además de por los motivos recogidos en el artículo 122.2 de esta Ley, cuando se incumpla lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, o cuando no se hubiese obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en los supuestos en que esté legalmente prevista.

También será nula la extinción del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el período de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.»

 

Seis. La rúbrica de la Sección 4.ª del Capítulo V del Título II del Libro Segundo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social queda redactada del siguiente modo:

«Sección 4.ª Movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.»

 

Siete. El artículo 138 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactado del siguiente modo:

«1. El proceso se iniciará por demanda de los trabajadores afectados por la decisión empresarial, aunque no se haya seguido el procedimiento de los artículos 40, 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores. La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de los veinte días hábiles siguientes a la notificación por escrito de la decisión a los trabajadores o a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, plazo que no comenzará a computarse hasta que tenga lugar dicha notificación, sin perjuicio de la prescripción en todo caso de las acciones derivadas por el transcurso del plazo previsto en el apartado 2 del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores.

 

2. Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, éstos también deberán ser demandados. Igualmente deberán ser demandados los representantes de los trabajadores cuando, tratándose de traslados, modificaciones, suspensiones o reducciones de carácter colectivo, la medida cuente con la conformidad de aquéllos.

 

3. El órgano jurisdiccional podrá recabar informe urgente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la acompañen. El informe versará sobre los hechos invocados como justificativos de la decisión empresarial en relación con la modificación acordada y demás circunstancias concurrentes.

 

4. Si una vez iniciado el proceso se plantease demanda de conflicto colectivo contra la decisión empresarial, aquel proceso se suspenderá hasta la resolución de la demanda de conflicto colectivo, que una vez firme tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los términos del apartado 3 del artículo 160.

No obstante, el acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores que pudiera recaer una vez iniciado el proceso no interrumpirá la continuación del procedimiento.

 

5. El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda, de no haberse recabado el informe previsto en el apartado 3 de este artículo.

 

6. La sentencia deberá ser dictada en el plazo de cinco días y será inmediatamente ejecutiva. Contra la misma no procederá ulterior recurso, salvo en los supuestos de movilidad geográfica previstos en el apartado 2 del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 4 del artículo 41 del referido Estatuto, y en las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

 

7. La sentencia declarará justificada o injustificada la decisión empresarial, según hayan quedado acreditadas o no, respecto de los trabajadores afectados, las razones invocadas por la empresa.

La sentencia que declare justificada la decisión empresarial reconocerá el derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 40 y en el apartado 3 del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, concediéndole al efecto el plazo de quince días.

La sentencia que declare injustificada la medida reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, así como al abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos.

Se declarará nula la decisión adoptada en fraude de Ley, eludiendo las normas relativas al periodo de consultas establecido en los artículos 40.2, 41.4 y 47 del Estatuto de los Trabajadores, así como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación previstas en la Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos, en su caso, los demás supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del artículo 108.

 

8. Cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo o lo hiciere de modo irregular, el trabajador podrá solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social y la extinción del contrato por causa de lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo establecido en los artículos 279, 280 y 281.

 

9. Si la sentencia declarara la nulidad de la medida empresarial, su ejecución se efectuará en sus propios términos, salvo que el trabajador inste la ejecución prevista en el apartado anterior. En todo caso serán de aplicación los plazos establecidos en el mismo.»

 

Ocho. Se suprime el apartado 11 del artículo 151 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

 

Nueve. El apartado 1 del artículo 153 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactado del siguiente modo:

«1. Se tramitarán a través del presente proceso las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40, el apartado 2 del artículo 41, y las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de una práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley.

Las decisiones empresariales de despidos colectivos se tramitarán de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de esta Ley.»

 

Diez. El artículo 184 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 184. Demandas de ejercicio necesario a través de la modalidad procesal correspondiente.

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 178, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas se tramitarán inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva.»

 

Artículo 24. De los medios de impugnación.

Uno. La letra e) del apartado 2 del artículo 191 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactada del siguiente modo:

«e) Procesos de movilidad geográfica distintos de los previstos en el apartado 2 del artículo 40 del Estatuto de Trabajadores; en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, salvo cuando tengan carácter colectivo de conformidad con el apartado 2 del artículo 41 del referido Estatuto; y en los de cambio de puesto o movilidad funcional, salvo cuando fuera posible acumular a estos otra acción susceptible de recurso de suplicación; y en las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores inferior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.»

 

Dos. La letra a) del apartado 3 del artículo 191 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactada del siguiente modo:

«a) En procesos por despido o extinción del contrato, salvo en los proceso por despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores.»

 

Tres. El apartado 1 del artículo 206 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactado del siguiente modo:

«1. Son recurribles en casación las sentencias dictadas en única instancia por las Salas a las que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, excepto las sentencias dictadas en procesos de impugnación de actos de las Administraciones públicas atribuidos al orden social en las letras n) y s) del artículo 2 que sean susceptibles de valoración económica cuando la cuantía litigiosa no exceda de ciento cincuenta mil euros.»

 

Artículo 25. De la ejecución de sentencias.

La letra b) del apartado 2 del artículo 281 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, queda redactada del siguiente modo:

«b) Acordará se abone al trabajador las percepciones económicas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. En atención a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no readmisión o por la readmisión irregular, podrá fijar una indemnización adicional de hasta quince días de salario por año de servicio y un máximo de doce mensualidades. En ambos casos, se prorratearán los periodos de tiempo inferiores a un año y se computará, como tiempo de servicio el transcurrido hasta la fecha del auto.»

 

DISPOSICIONES

 

Disposición adicional primera. Financiación, aplicación y control de las bonificaciones y reducciones de las cotizaciones sociales.

1. Las bonificaciones de cuotas previstas en este real decreto-ley, se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal. Las reducciones de cuotas previstas para las contrataciones y transformaciones de los contratos para la formación y el aprendizaje establecidas en este real decreto-ley se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria de la Tesorería General de la Seguridad Social.

 

2. Las bonificaciones y las reducciones de cuotas de la Seguridad Social se aplicarán por los empleadores con carácter automático en los correspondientes documentos de cotización, sin perjuicio de su control y revisión por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la Tesorería General de Seguridad Social y por el Servicio Público de Empleo Estatal.

 

3. La Tesorería General de la Seguridad Social facilitará mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal, el número de trabajadores objeto de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, desagregados por cada uno de los colectivos de bonificación, con sus respectivas bases de cotización y las deducciones que se apliquen de acuerdo con los programas de incentivos al empleo y que son financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

 

4. Con la misma periodicidad, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, facilitará a la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social la información necesaria sobre el número de contratos comunicados objeto de bonificaciones de cuotas, detallados por colectivos, así como cuanta información relativa a las cotizaciones y deducciones aplicadas a los mismos sea precisa, al efecto de facilitar a este centro directivo la planificación y programación de la actuación inspectora que permita vigilar la adecuada aplicación de las bonificaciones previstas en los correspondientes programas de incentivos al empleo, por los sujetos beneficiarios de la misma.

 

Disposición adicional segunda. Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público.

Se añade una disposición adicional vigésima al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido:

«El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.»

 

Disposición adicional tercera. Aplicación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores en el Sector Público.

Se añade una disposición adicional vigésima primera al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo con el siguiente contenido:

«Lo previsto en el artículo 47 de esta Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado.»

 

Disposición adicional cuarta. Control de la incapacidad temporal y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

El Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales, estudiará en un plazo de seis meses la modificación del régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para una más eficaz gestión de la incapacidad temporal.

 

Disposición adicional quinta. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

1. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, además de desarrollar las funciones establecidas en este real decreto-ley, continuará realizando sus actividades, según lo establecido en la Disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva.

 

2. El Gobierno aprobará en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, un real decreto que regule la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, desarrolle sus funciones, establezca sus procedimientos de actuación y las medidas de apoyo para el desarrollo de las funciones de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Disposición adicional sexta. Medidas de apoyo a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

Para el desarrollo de las funciones establecidas en este real decreto-ley, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, adscrita a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, será reforzada en sus actuaciones por la citada Dirección General de Empleo, sin perjuicio de lo que se establezca en las normas de desarrollo reglamentario, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

 

Disposición adicional séptima. Normas aplicables en las entidades de crédito.

Uno. Indemnizaciones por terminación del contrato.

1. Las entidades participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, no podrán satisfacer en ningún caso indemnizaciones por terminación de contrato que excedan de la menor de las siguientes cuantías: a) dos veces las bases máximas resultantes, respectivamente, de las reglas 3.ª y 4.ª del artículo 5.3.a) del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero; o b) dos años de la remuneración fija estipulada.

 

2. Se exceptúa de la regla anterior el caso de aquellos administradores y directivos que se hubiesen incorporado a la entidad o a su grupo con posterioridad o de forma simultánea a la toma de participación o apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, en cuyo caso el Banco de España, a la vista de las condiciones contractualmente estipuladas y de los resultados del plan de saneamiento, podrá autorizar cantidades superiores a las resultantes de aplicar las bases resultantes de las reglas 3.ª y 4.ª del artículo 5.3.a) del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, pero siempre con el límite de dos años de la remuneración fija originariamente estipulada.

 

Dos. Extinción del contrato de personas que ejerzan cargos de administración o dirección en una entidad de crédito por razón de imposición de sanciones.

1. La imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, a las personas que ejerzan cargos de administración o dirección en una entidad de crédito en virtud de un contrato de trabajo, incluidas las relaciones laborales de carácter especial del personal de alta dirección, se considerará, a efectos de la legislación laboral, como incumplimiento contractual grave y culpable y, por tanto, causa de despido disciplinario, y podrá dar lugar a la extinción del contrato por el empresario.

 

2. Asimismo, la imposición de tales sanciones se considerará como causa justa de extinción o resolución de aquellos contratos que tengan una naturaleza distinta de la laboral.

 

3. En los supuestos de extinción del contrato de conformidad con lo previsto en los apartados anteriores, las personas que ejerzan cargos de administración o dirección en una entidad de crédito no tendrán derecho a indemnización alguna por dicha extinción, cualquiera que sea su cuantía o su forma, y con independencia de la norma jurídica, contrato, acuerdo o pacto laboral individual o de origen colectivo y contrato, acuerdo o pacto de naturaleza civil o mercantil donde esté prevista el pago de la indemnización.

 

Tres. Suspensión del contrato de personas que ejerzan cargos de administración o dirección en una entidad de crédito.

1. El contrato de trabajo o de cualquier otra naturaleza de las personas que ejerzan cargos de administración o dirección en una entidad de crédito podrá suspenderse por las siguientes causas:

a) Cuando, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, se disponga la suspensión provisional de las personas que, ostentando cargos de administración o dirección en la entidad de crédito, aparezcan como presuntos responsables de infracciones muy graves.

b) Cuando, en los supuestos previstos en los párrafos c) y d) del artículo 7.1 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, el Banco de España acuerde la sustitución provisional de los órganos de administración o dirección de la entidad de crédito.

 

2. La suspensión del contrato a que se refiere el apartado anterior tendrá la misma duración que la suspensión provisional o la sustitución provisional acordadas y supondrá la exoneración recíproca de las obligaciones de trabajar o prestar servicios y de remunerar por el trabajo o por la prestación de aquéllos.

 

Disposición adicional octava. Especialidades en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal.

Uno. Ámbito de aplicación.

La presente disposición se aplica al sector público estatal formado por las entidades previstas en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a excepción, únicamente, de las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como sus centros y entidades mancomunados a las que se refiere la letra d) del mismo artículo.

 

Dos. Indemnizaciones por extinción.

1. La extinción, por desistimiento del empresario, de los contratos mercantiles y de alta dirección, cualquiera que sea la fecha de su celebración, del personal que preste servicios en el sector público estatal, únicamente dará lugar a una indemnización no superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades.

2. El cálculo de la indemnización se hará teniendo en cuenta la retribución anual en metálico que en el momento de la extinción se estuviera percibiendo como retribución fija íntegra y total, excluidos los incentivos o complementos variables si los hubiere.

3. No se tendrá derecho a indemnización alguna cuando la persona, cuyo contrato mercantil o de alta dirección se extinga, por desistimiento del empresario, ostente la condición de funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, o sea empleado de entidad integrante del sector público estatal, autonómico o local con reserva de puesto de trabajo.

4. El desistimiento deberá ser comunicado por escrito, con un plazo máximo de antelación de quince días naturales. En caso de incumplimiento del preaviso mencionado, la entidad deberá indemnizar con una cuantía equivalente a la retribución correspondiente al periodo de preaviso incumplido.

 

Tres. Retribuciones.

1. Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección del sector público estatal se clasifican, exclusivamente, en básicas y complementarias.

 

2. Las retribuciones básicas lo serán en función de las características de la entidad e incluyen la retribución mínima obligatoria asignada a cada máximo responsable, directivo o personal contratado, por razón del grupo de clasificación en que resulte catalogada la entidad por parte de quien ejerza el control o supervisión financiera de esta o, en su caso, por el accionista.

 

3. Las retribuciones complementarias, comprenden un complemento de puesto y un complemento variable. El complemento de puesto retribuiría las características específicas de las funciones o puestos directivos y el complemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos previamente establecidos. Estos complementos serán asignados por parte de quien ejerza el control o supervisión financiera de la entidad o, en su caso, por el accionista.

 

4. Lo dispuesto en los tres apartados anteriores será de aplicación a las sociedades mercantiles estatales. Para el resto de entes sometidos al ámbito de aplicación de esta disposición se estará al desarrollo que apruebe el Gobierno, de conformidad con lo establecido en el apartado seis.

 

Cuatro. Control de legalidad.

1. Los contratos a que se refiere la presente disposición que se suscriban se someterán, antes de formalizarse, al informe previo de la Abogacía del Estado u órgano que preste el asesoramiento jurídico del organismo que ejerza el control o supervisión financiera de la entidad del sector público, o, en su caso, del accionista, que pretenda contratar al máximo responsable o directivo.

 

2. Serán nulas de pleno derecho las cláusulas de los contratos mercantiles o de alta dirección a que se refiere la presente disposición que se opongan a lo establecido en la misma.

 

3. Los órganos que ejerzan el control o supervisión financiera de estas entidades, adoptarán las medidas precisas para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en esta disposición en la celebración y formalización de los contratos mencionados, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles, administrativas, contables o de cualquier otra índole en que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de la presente disposición.

 

Cinco. Vigencia.

Esta disposición será de aplicación a los contratos mercantiles o de alta dirección celebrados con anterioridad a su entrada en vigor, cuyo contenido deberá ser adaptado a los términos establecidos en esta disposición adicional en el plazo de dos meses a contar desde su entrada en vigor.

Las indemnizaciones por extinción del contrato, cualquiera que fuera la fecha de su celebración se regirán por esta disposición una vez que entre en vigor.

 

Seis. Habilitación normativa.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en función de la situación económica y de las medidas de política económica, podrá modificar las cuantías y limitaciones de las indemnizaciones establecidas en la presente disposición, así como desarrollar lo dispuesto en su apartado tercero. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas fijará el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos que se deriven del desempeño de las funciones de los máximos responsables, directivos o personal con contratos mercantiles o de alta dirección.

 

Disposición adicional novena. Adaptación de los convenios colectivos al nuevo sistema de clasificación profesional.

En el plazo de un año los convenios colectivos en vigor deberán adaptar su sistema de clasificación profesional al nuevo marco jurídico previsto en el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por este real decreto-ley

 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de actuación de las empresas de trabajo temporal como agencias de colocación.

1. Las empresas de trabajo temporal que en la fecha de entrada en vigor de esta norma no hubieran sido ya autorizadas administrativamente para el desarrollo de su actividad con carácter definitivo podrán actuar como agencias de colocación siempre que presenten ante el Servicio Público de Empleo competente una declaración responsable de que reúnen los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo.

 

2. Las empresas a que se refiere esta disposición harán constar su número de autorización como empresa de trabajo temporal en su publicidad y en sus ofertas de servicios de reclutamiento y selección de trabajadores, colocación, orientación y formación profesional y recolocación, en tanto no les sea facilitado el número de autorización como agencia de colocación.

 

3. En lo no previsto en esta disposición, se aplicará lo dispuesto en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo.

 

4. Se autoriza a la Ministra de Empleo y Seguridad Social a aprobar las disposiciones que puedan, en su caso, resultar necesarias para la aplicación de lo establecido en esta disposición.

 

Disposición transitoria segunda. Bonificaciones en contratos vigentes.

Las bonificaciones y reducciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los contratos celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su celebración o, en su caso, en el momento de iniciarse el disfrute de la bonificación o reducción.

 

Disposición transitoria tercera. Normas relativas a la reposición de las prestaciones por desempleo.

Los trabajadores cuyo contrato de trabajo se hubiera extinguido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, en los supuestos establecidos en su artículo 16, y que previamente hubieran sido afectados por expedientes de regulación temporal de suspensión de contratos o de reducción de jornada en los casos referidos en esa disposición, tendrán derecho, en su caso, a la reposición de las prestaciones por desempleo, en los términos y con los límites establecidos en la normativa vigente en el momento en que se produjo el despido o la resolución administrativa o judicial que autorizó la extinción del contrato.

 

Disposición transitoria cuarta. Vigencia de los convenios denunciados en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.

En los convenios colectivos que ya estuvieran denunciados en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, el plazo de dos años al que se refiere el apartado 3 del artículo 86 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción dada al mismo por este real decreto-ley empezará a computarse a partir de su entrada en vigor.

 

Disposición transitoria quinta. Indemnizaciones por despido improcedente.

1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción dada por el presente real decreto-ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir de la entrada en vigor del mismo.

 

2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.

 

3. En el caso de los trabajadores con contrato de fomento de la contratación indefinida, se estará a lo dispuesto en la Disposición transitoria Sexta de este real decreto-ley.

 

Disposición transitoria sexta. Contratos de fomento de la contratación indefinida celebrados antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Los contratos de fomento de la contratación indefinida celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley continuarán rigiéndose por la normativa a cuyo amparo se concertaron.

No obstante lo anterior, en caso de despido disciplinario, la indemnización por despido improcedente se calculará conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición transitoria quinta de este real decreto-ley.

 

Disposición transitoria séptima. Actividad formativa y su financiación en los contratos para la formación y el aprendizaje vigentes.

1. En los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos desde el 31 de agosto de 2011 hasta la entrada en vigor de este real decreto-ley, en los supuestos en que exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar, y centros formativos disponibles para su impartición, la actividad formativa inherente a estos contratos se iniciará, previa solicitud por parte de la empresa, una vez se haya autorizado por los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas. Esta autorización se comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos del control de la aplicación de las bonificaciones correspondientes.

 

2. En los supuestos en que no exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar, o centros formativos disponibles para su impartición, la actividad formativa inherente a estos contratos estará constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas, accesible para su consulta en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es, para las ocupaciones o especialidades relativas a la actividad laboral contemplada en el contrato; en su defecto, estará constituida por los contenidos formativos determinados por las empresas o comunicados por estas al Servicio Público de Empleo Estatal, a los efectos de su validación en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

 

3. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la duración de la actividad formativa se adecuará a las características de la actividad laboral a desempeñar, respetando, en todo caso, el número de horas establecido por el Servicio Público de Empleo Estatal para las especialidades formativas adecuadas a dicha actividad laboral.

 

4. En los supuestos contemplados en el apartado 2, la formación inherente al contrato deberá realizarse por la empresa directamente o a través de los centros autorizados por el Servicio Público de Empleo Estatal.

 

5. La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación y el aprendizaje, en los supuestos previstos en el apartado 2, será objeto de acreditación en los términos contemplados en el artículo 11.2 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

 

6. Hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de este real decreto-ley, en los supuestos contemplados en esta disposición transitoria, las empresas podrán financiarse el coste de la formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje mediante bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, con cargo a la partida prevista en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral.

A estos efectos, serán de aplicación los artículos 9, 10 y 11 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 4 de julio de 1998, por la que se regulan aspectos formativos del contrato para la formación, y su normativa de desarrollo.

 

Disposición transitoria octava. Actividad formativa y su financiación en los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.

1. En los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, en los supuestos en que exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar, y centros formativos disponibles para su impartición, la actividad formativa inherente a estos contratos se iniciará, previa solicitud por parte de la empresa, una vez se haya autorizado por los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas o por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de sus respectivas competencias. Los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas comunicarán esta autorización al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos del control de la aplicación de las bonificaciones correspondientes.

 

2. En los contratos para la formación y el aprendizaje que se suscriban en los doce meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, en los supuestos en que no exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar, o centros formativos disponibles para su impartición, la actividad formativa inherente a estos contratos estará constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas, accesible para su consulta en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es, para las ocupaciones o especialidades relativas a la actividad laboral contemplada en el contrato; en su defecto, estará constituida por los contenidos formativos determinados por las empresas o comunicados por estas al Servicio Público de Empleo Estatal, a los efectos de su validación en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

 

3. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la duración de la actividad formativa se adecuará a las características de la actividad laboral a desempeñar, respetando, en todo caso, el número de horas establecido por el Servicio Público de Empleo Estatal para las especialidades formativas adecuadas a dicha actividad laboral.

 

4. En los supuestos contemplados en el apartado 2, la formación inherente al contrato deberá realizarse por la empresa directamente o a través de los centros autorizados por el Servicio Público de Empleo Estatal.

 

5. La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación y el aprendizaje, en los supuestos previstos en el apartado 2, será objeto de acreditación en los términos contemplados en el artículo 11.2 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

 

6. Hasta la